Solórzano estuvo acompañada de la coordinadora de la ONG Iniciativa Por Venezuela, María Alejandra Aristiguieta.
La Asamblea Nacional, único poder público no controlado por el chavismo, acordó el 9 de octubre condenar el “asesinato y la tortura” del edil opositor Fernando Albán, al tiempo que llamó a Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional investigar este suceso.
El acuerdo fue acordado por los diputados en una sesión especial en el Palacio Federal Legislativo, que rindió honores póstumos al fallecido concejal con la presencia de políticos, familiares de presos políticos y parte del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela.
Solórzano, entrevistada en Fedecámaras Radio el 10 de octubre, aseguró que tienen información que pone en duda la versión oficial del presunto suicidio del concejal porque considera que “Hay muchas cosas por aclarar en el caso. Nos han informado dentro del Sebin que las ventanas de la torre siempre están cerradas. Segundo, los baños quedan opuestos a estas ventanas. Estos lugares sólo cuentan con ventilación artificial. Si contamos con la declaración del fiscal general, entonces es imposible que ningún funcionario se haya percatado de lo que ocurrió”.
Los llamados a una investigación independiente que esclarezca las causas de la muerte del concejal venezolano Fernando Albán, cuando se encontraba en un edificio policial y bajo custodia del Estado, crecieron hoy en el país suramericano, a menos de 72 horas del deceso del opositor.
La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) demandó en un comunicado que se establezca una comisión internacional de expertos que realice un estudio sin sesgos por la muerte de Albán, y recordó que la Constitución del país declara que “el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentran privadas de su libertad”.
Tanto Requesens como Albán fueron detenidos por su supuesta participación en el «atentado» contra el presidente Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto en la avenida Bolívar de Caracas. En el caso de Juan Requesens, fue detenido tres días después del hecho y presentado ante el país en un video en el que «admite» su culpabilidad de ser cómplice de las acciones, tesis que la oposición rechaza.
Luego aparecieron unas imágenes del leglslador en ropa interior, supuestamente manchada de excremento. Varios días después fue que se conoció la sentencia y fue recluido en la sede del Sebin en El Helicoide aislado e incomunicado. Sus familiares pudieron verlo tras 44 días del arresto.
