Albán, ¿impulso desesperado o crimen de Estado?

Esta fantasía, con quién sabe cuántas y aterradoras variaciones, ocupa la mente de los venezolanos después de que un concejal opositor, a quien nadie conocía por haber enfrentado con maneras particularmente desafiantes al régimen, cayó desde el décimo piso de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), temible cuerpo represivo del régimen de Nicolás Maduro.

Fernando Albán, concejal electo por el municipio Libertador de Caracas y militante de Primero Justica (PJ) había sido detenido el 5 de octubre, en el aeropuerto de Maiquetía, cuando regresaba de Nueva York, adonde había ido para asistir a Naciones Unidas como parte de la comitiva encabezada por su amigo Julio Borges, líder del PJ y expresidente de la Asamblea Nacional. Una vez en el terminal, fue apresado por funcionarios del Sebin y llevado a lugar desconocido, pero que desde el primer momento se pensó que sería a las celdas donde se amontonan dirigentes opositores y donde se dice que se aplican torturas a toda hora.

Contribuía a la inquietud el hecho de que el régimen violó la ley al no presentar a Albán en el tribunal en las 48 horas siguientes a su arresto. Por eso, el comunicado de PJ hablaba de “desaparición forzada” y ponía en alerta “al país y a la comunidad internacional sobre los posibles tratos crueles e inhumanos, así como la presión psicológica a las que pueda ser sometido Fernando Albán con la intención de forjar pruebas falsas contra nuestra organización”. Para el 8 de octubre, cuando todavía estaba en manos del Sebin, esto es, del Estado, Fernando Albán estaba muerto.

Y en las primeras horas, los voceros del Gobierno incurrieron en contradicciones que no contribuyeron precisamente a dar calma ni mucho menos a disipar la certeza que inmediatamente se instaló dentro y fuera de Venezuela: a Albán lo asesinaron y luego lo lanzaron desde las alturas para confundir las huellas de los maltratos que su partido había advertido.

¿Era la primera víctima mortal del chavismo? No. Ni mucho menos. Es alta la ruma de los expedientes donde constan los asesinatos de muy diversa naturaleza atribuidos a Hugo Chávez, a Nicolás Maduro y a muchas de las figuras más prominentes del bolivarianismo en armas. Basta remitirse a las protestas de 2014 y 2017, cuando las fuerzas represivas y los colectivos asesinaron e hirieron gravemente decenas de ciudadanos que manifestaban en las calles. Eso para no referirnos a los miles de muertos por desnutrición, falta de atención médica e inseguridad, cifras que configuran una auténtica crisis humanitaria.

A Oscar Pérez y su grupo, por ejemplo, los masacraron ante la mirada horrorizada del país. Pero el caso de Albán, quien era un concejal elegido por el pueblo y militante de un partido opositor, pero nada más que eso (aunque lo habían detenido por su supuesta, y francamente inverosímil, participación en el “magnicidio” frustrado contra Maduro), es completamente distinto. Albán estaba secuestrado y sus captores, por decir lo menos, permitieron que burlara su vigilancia y corriera a una “ventana panorámica”, que estaba abierta en un décimo piso y saltó al vacío… Cuántas inconsistencias en un par de líneas. Varios expresos políticos que estuvieron retenidos en las instalaciones del Sebin han declarado que nada de esto es posible, porque en ese los detenidos están custodiados por dos funcionarios que no los descuidan ni en el baño. Pero es que, además, periodistas de sólida reputación, con fuentes en las propias filas del régimen y del mismo Sebin, han revelado filtraciones según las cuales Albán fue torturado hasta la muerte con el martirio de ahogamiento.

A todas estas, en las horas que siguieron a la muerte violenta del concejal, Maduro hizo dos alocuciones en las que ni siquiera mencionó este hecho, que según observadores de todo el mundo debía ser esclarecido. Su mutismo fue interpretado como un intento de restarle relevancia a lo ocurrido sino como una forma de ganar tiempo mientras decidía qué hacer: si persistir con la tesis del suicidio, ofrecida al brinco por dos de sus voceros, o deslindarse del crimen y llevar a los culpables ante la justicia. La rueda de prensa del fiscal impuesto por la ANC, Tarek Saab William, del miércoles 10, indica que se decidió seguir con el relato del suicidio… o se la impusieron a Maduro, quien ya no podrá zafarse de un crimen abominado por el mundo.

–Ya sé –escribió en Twitter el periodista Ewald Scharfenberg- que hay quien me replicará que el régimen es asesino desde hace tiempo. Pero el caso Albán representa una escalada: es expresión de la autonomización definitiva de los clanes entretejidos entre cuerpos de seguridad y el crimen organizado.

Scharfenberg alude a una tesis, también en circulación, según la cual las diferentes facciones que conviven en el chavismo se han repartido las instituciones donde se puede medrar en lo financiero y en el control. El clan al que “pertenece” el

Sebin, ejerciendo esa autonomía, le habría impuesto el asesinato de Albán a Maduro, se dice que para lastrarlo aún más. “El ocaso de los autoritarismos suele ser así”, añadió Scharfenberg, “se fragmentan en pandillas personalistas que buscan preservar sus parcelas de poder y prebendas como sea, mediante la traición o el horror”.

Fernando Albán yace ya en su tumba, pero su alma solo descansará en paz cuando se conozcan los pormenores de su muerte y entonces esta complete el sentido que tuvo su vida.

Tomado de Caracas Chronicles