El también expresidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) fue condenado a 10 años de prisión en Estados Unidos luego de ser acusado de lavado de activos y sobornos. En Venezuela es acusado de peculado doloso propio (apropiación de dineros públicos), concertación de funcionario público con contratista y legitimación de capitales.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) solicitó a Estados Unidos la extradición de Alejandro Andrade, quien fue extesorero del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), y está condenado a 10 años de prisión en la nación norteamericana por un multimillonario caso de lavado de activos y sobornos.
Resalta el Supremo en un comunicado de prensa divulgado este sábado, que la justicia venezolana solicita a Andrade «por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio (apropiación de dineros públicos), concertación de funcionario público con contratista y legitimación de capitales». Delitos previstos en la Ley Orgánica contra la corrupción, delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo.
El máximo tribunal agrega que activó la solicitud «en virtud de que por noticia criminis se tuvo el conocimiento» de que Andrade «se encuentra localizado en el territorio de los Estados Unidos».
Andrade, de 54 años fue tesorero nacional de Venezuela entre 2007 y 2010, y el pasado año se había declarado culpable de un cargo por conspiración como parte de un trato judicial que incluyó la confesión de que recibió sobornos equivalentes a mil millones de dólares.
Su caso está vinculado al del dueño del canal local Globovisión, Raúl Gorrín -considerado prófugo por la justicia estadounidense- y al de Gabriel Arturo Jiménez Aray, expropietario del Banco Peravia en República Dominicana y quien también fue sentenciado.
Cuando se declaró culpable, Andrade reconoció que recibió más de mil millones de dólares de Gorrín y otros implicados en la trama a cambio de usar su posición como tesorero nacional para adjudicarles transacciones de cambio de divisas a tasas favorables, en el marco del férreo control de cambios que rige en Venezuela desde 2003.
Como parte de su trato con la justicia de Estados Unidos, Andrade aceptó el decomiso de mil millones de dólares y la confiscación de activos como bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias, que se cree se adquirieron con el dinero que recibió en sobornos.
A finales del pasado mes, y solo días antes de ser condenado en Estados Unidos, la Fiscalía venezolana informó que investiga a Andrade por la «venta irregular de bonos de la nación» a la banca privada. Sin embargo, sobre el empresario Raúl Gorrín, ni el Ministerio Público ni representantes del gobierno se han pronunciado.
El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, dijo entonces que espera que Estados Unidos extradite a Andrade, a quien se le bloquearon cuentas y decomisaron bienes en Venezuela. Saab también exhortó al gobierno norteamericano a «regresar el dinero» que se le incautó a Andrade.
En país donde la crisis económica ha barrido el ahorro familiar y el valor de los ingresos fijos, la morosidad en las cuotas de los condominios se dispara y afecta la convivencia y la condiciones de vida en espacios comunes. Estas son algunas propuestas viables.
El peligroso escenario Nicaragua despunta en el horizonte de Venezuela. Según los politólogos John Magdaleno y Ramón Guillermo Aveledo, esto traería una profundización de las violaciones a los derechos humanos, civiles y políticos, y a nadie le convendría esto, ni al régimen ni al resto de los venezolanos.
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