El partido Primero Justicia, del que forma parte el dos veces candidato a la presidencia de Venezuela Henrique Capriles, denunció este viernes que la Dirección de Contrainteligencia Militar allanó la casa y la oficina del concejal que murió en circunstancias sospechosas bajo custodia del Estado, Fernando Albán.
«Comisión del DGCIM no solo allana en este momento la residencia de Fernando Albán sino también su oficina. El régimen usurpador pretende sembrar falsas evidencias en contra de Fernando quien fue asesinado en el SEBIN (Servicio de Inteligencia)», dijo el partido en su cuenta de Twitter.
Albán apareció muerto en octubre de 2018 cuando se encontraba bajo custodia del Estado después de ser señalado como partícipe del atentado ocurrido en agosto pasado contra, Nicolás Maduro, y por el que es señalado principalmente el diputado exiliado en Colombia, Julio Borges.
Según organismos del Estado, el concejal se suicidó al lanzarse del décimo piso de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas pero tanto su defensa como dirigentes opositores han calificado el hecho como un homicidio debido a las imprecisiones que la Fiscalía y la Policía han mostrado sobre el caso.
La oposición también ha rechazado la supuesta implicación de Albán en ese atentado y en ese sentido, Primero Justicia, alertó hoy sobre cualquier evidencia falsa que las autoridades quieran sembrar.
A inicios del mes de febrero, el responsable de comunicaciones de Maduro, Jorge Rodríguez, informó sobre la detención de un militar de nombre Oswaldo Valentín García Palomo, quien supuestamente estaba implicado en los planes de golpe contra Maduro.
En esa ocasión, Rodríguez aseguró que en esos planes actuaba Albán y Borges, contra quien la Fiscalía solicitó una orden de captura.
Según Rodríguez, Albán era parte de los planificadores del supuesto golpe y difundió varios vídeos en los que el coronel García Palomo habla de su participación en esta trama.
Por el atentado a Maduro también está detenido el diputado opositor y miembro de Primero Justicia, Juan Requesens, contra quien todavía no se ha iniciado un juicio.
La secretaría general de la OEA dice en un comunicado que "los audios y reportes procedentes de los centros de tortura en Venezuela son escalofriantes: menores de edad que son torturados con descargas eléctricas, golpes, falta de alimentación o incluso abusos sexuales"
Jorge Rodríguez, pidió a los diputados aprobar "con la señal de costumbre" (mano levantada) y de "manera entusiasta" el acuerdo, que fue respaldado al grito de "aprobado" por parte de la cámara. "La paciencia tiene un límite y hemos sido pacientes", dijo el jefe parlamentario
Parientes protestaron en el estado Lara para reclamar un régimen de visitas, la designación de abogados privados en vez de defensores públicos y garantías de alimentación de sus parientes detenidos
