Así lo confirmó Ofelia Rivera, miembro de la Unidad Democrática del Sector Educativo (UDSE), quien este martes hizo la entrega de la boleta de evaluación de la culminación del año escolar 2018-2019 (para la educación inicial y media), donde denunció la vulneración a los derechos humanos en dicha materia.
La vocera especificó que en comparación con el año escolar 2017-2018, el recién terminado se desarrolló con 500.000 escolares menos.
“¿Qué está pasando en los planteles? ¿Dónde están estos estudiantes? La respuesta es que el sistema está excluyendo a la población escolar y uno de los señalamientos entre padres, representantes y maestros es que las razones están ligadas a los servicios públicos”, dijo.
Más allá de deserción, Rivera se refirió a una “exclusión escolar”.
“Hay una discriminación profunda porque, por ejemplo, en el turno de la mañana había clases con normalidad; sin embargo, en la tarde y noche –educación de adultos– no hubo atención porque los horarios especiales (establecidos por el ministerio de Educación) establecían que era hasta las 2:00 pm. Hay un doble impacto de las medidas negativas por parte del régimen, lo que genera una discriminación a la atención escolar”, sostuvo.
El monitoreo hecho por la UDSE reveló que uno de los estados más afectados fue Sucre, con una disminución de hasta 39% de la matrícula escolar; sin embargo, el caso más severo lo registraron en un liceo del municipio Catatumbo (estado Zulia), donde notaron que de 59 secciones bajaron a 25.
A su juicio, uno de los puntos que resalta el problema pasa por la falta de acceso a alimentos en varios sectores del país, motivado a la hiperinflación que desde hace más un año golpeo el bolsillo de los venezolanos. “La desnutrición está afectando no solo el problema del crecimiento de los niños, también impacta sobre su capacidad intelectual. En los próximos años, los niños que hoy tiene entre 0 y cinco años, cuando tengan 10, van a tener una situación bastante comprometida”.
El periodo, el cual calificó como una “catástrofe educativa”, tuvo como otro aspecto negativo el incumplimiento de los días establecidos por el ministerio de Educación, el cual era de 202; nos obstante, los apagones masivos, celebración de elecciones y extensión de asuetos dieron como resultado en año escolar corto y afectado.
“No hay calidad académica. Los resultados no solamente son negativos en función de la calidad y el cumplimiento de la evaluación sino porque la falta de desempeño de las actividades escolares llevan a que los resultados sean totalmente catastróficos”, señaló.
Ausencia de profesionales
La grieta en el sistema no solo se nota en la falta de estudiantes –comentó la vocera del grupo–, sino también por la baja de docentes producto de la crisis migratoria que marca el rumbo de millones de venezolanos que escaparon de la problemática y pusieron rumbo, en su mayoría, a otras latitudes de la región.
De aproximadamente 460.000 docentes registrados por el ministerio de Educación, entre el 30% y 35% hoy ya no ejercen. En su lugar, habló de casos en los que fueron remplazados con miembros del Plan Chamba Juvenil, personas con una formación a través de cursos de apenas tres semanas, quienes aun así renunciaban por los bajos sueldos.
Rivera reclamó que El Estado no está asumiendo la responsabilidad que establece el artículo 102 de la Constitución (“el Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades”) y agregó que “si nosotros seguimos en esta situación vamos a caer en una tan grave como la que tiene Haití; la contradicción es que ese país no tiene la potencialidad que tiene Venezuela en cuanto a recursos humanos, minerales y energéticos, es decir, hay una violación del derecho humano, por ende, quien actúa como jefe de Estado tiene que ser sancionado ante la violación”.
Prometió que enviarán su informe del año escolar 2018-2019 a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.