Los Centros de Acogida a Refugiados (CAR) españoles se rigen actualmente por una disposición de la Subdirección General de Programas de Protección Internacional, por la que cuando a un beneficiario del sistema de acogida se le concede autorización de residencia temporal, este debe abandonar el centro como máximo en 15 días tras la notificación de la resolución.
En un comunicado, Ecarri agradece al Ejecutivo español la autorización de residencia y trabajo por razones humanitarias a los venezolanos con resolución denegatoria de protección internacional, pero le solicita que reconsidere ese plazo y lo extienda a 90 días en los casos de baja vulnerabilidad y a 120 en los de alta, tal y como le han trasladado diversas ONG y afectados directos.
Según el representante de Guaidó en España, el tiempo estipulado actualmente es difícil de cumplir «porque una vez notificada la denegación de la solicitud de protección internacional, la tramitación de la Tarjeta de Identificación de Extranjero (TIE), con la que el beneficiario accede al mercado laboral, tarda entre 30 y 90 días según la provincia».
Se estima que un millar de venezolanos en toda España están afectados por esta medida, 300 ya notificados, según la ONG Refugiados sin fronteras.
De ellos, un 38,6% estarían en una situación de alta vulnerabilidad (familias monoparentales, con menores de edad o adultos mayores a su cargo, con familiares con discapacidad o enfermedades graves), según el comunicado.
Por esta razón, y ante la posibilidad de que cientos de familias puedan quedar en la calle en cualquier momento, la representación diplomática de Guaidó en España ha trasladado a las autoridades el requerimiento de los afectados de extender los plazos, según los distintos niveles de vulnerabilidad, a la espera de que la medida sea reconsiderada de manera excepcional, hasta que se normalice el proceso, concluye la nota.