Las últimas cifras presentadas por Fundaredes, ONG defensora de los derechos humanos, no solo alarman. También alertan y conmueven sobre la grave situación de violencia que se vive en la frontera entre Colombia y el estado Táchira.
Javier Tarazona, director de la ONG, reveló que en un lapso de tiempo menor a una semana (del 27 al 30 de octubre), ocho personas han sido asesinadas en la zona fronteriza y al cierre del mes se contabilizaron 33 muertes violentas en Táchira.
Los hechos violentos, señaló Tarazona, se han desencadenado por disputas entre grupos armados irregulares, guerrilla y paramilitares que operan en los caminos verdes o trochas que funcionan en territorio fronterizo.
«Hoy llegamos a la Defensoría del Pueblo para decirle al Estado venezolano que exigimos atención, incluso a los muertos. Es tan dantesco lo que está ocurriendo que el Estado ha abandonado a sus muertos. Ni siquiera son capaces de recoger a las personas que caen en medio de los enfrentamientos», denunció.
Ante la negativa de las autoridades venezolanas de recoger los cadáveres que se encuentran en territorio nacional, funerarias privadas de la ciudad colombiana de Cúcuta estarían haciendo los respectivos levantamientos y entregándolos a medicina legal de Colombia para el inicio de los trabajos de investigación a través de la fiscalía del país vecino, dijo el vocero de Fundaredes.
«Conocemos que en las últimas horas equipos de investigación del Estado colombiano lograron recoger cadáveres que no habían sido recogidos por autoridades venezolanas. En una decisión humanitaria están recogiendo cadáveres de venezolanos que caen en la frontera colombo-venezolana», afirmó.
De acuerdo a Javier Tarazona, la población que está muriendo asesinada en la frontera venezolana en su mayoría son adolescentes en edades comprendidas entre los 14 y 16 años de edad y vinculados a las actuaciones de las organizaciones criminales que operan en territorio fronterizo.
«En los más de 2.200 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela hay un número importante de trochas. Fundaredes en este momento está documentando cuáles son las trochas en dónde se cometen estas acciones y qué actividades se desarrollan allí», dijo.
La ONG rechazó el uso que el gobierno de Nicolás Maduro le está dando a la situación fronteriza, así como el uso de las instalaciones públicas para el resguardo de agrupaciones irregulares.
“Las escuelas de San Antonio del Táchira y Pedro María Ureña están siendo usadas para albergar a grupos armados. La escuela Tienditas y la escuela República de Cuba han alojado a miembros de grupos al margen de la ley», precisó Tarazona.
Además de rechazo a los asesinatos en territorio venezolano y como los pasos ilegales siguen convertidos en espacios para la economía informal dónde la fuerza pública: Guardia Nacional y Ejército venezolano que vive de las ganancias que dan estos pasos ilegales, convirtiéndose en cómplices y testigos de la actuación de la perversidad que ocurre en suelo nacional.
«Es preocupante ver cómo en el territorio nacional siguen operando grupos al margen de la ley. En los últimos días documentamos como el frente urbano Gustavo Villamizar del ELN, está operando en San Antonio del Táchira y en Ureña y frente a esta desgracia lo que vemos es la actuación complaciente del Estado venezolano», indicó.
En referencia a la presencia de irregulares en Venezuela, Tarazona refirió: «En el estado Apure, fue detenido el «comandante Lucas», perteneciente al frente primero de la FARC y a través de una carga pública emitida por esta agrupación y dirigida a Diosdado Cabello, liberaron a este personaje y otros miembros de la FARC, quiénes eran procesados por presunta sustracción de armas y municiones venezolanas. Cada día es más evidente una actuación asociativa entre los grupos armados irregulares y el régimen o instituciones del Estado venezolano».
