Jorge Rodríguez amenazó con revelar presuntos vínculos entre Juan Guaidó y un emblemático empresario investigado en EEUU por el mayor caso de lavado de dinero que involucra a PDVSA y a varios ministros del chavismo que actuaron en la emergencia eléctrica. Pero la corrupción eléctrica no se detuvo con la salida de Rafael Ramírez en 2014 sino que siguió con los ministros de Maduro
El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez sorprendió la pasada semana al hacer una extensa exposición sobre una presunta vinculación por corrupción entre el presidente interino Juan Guaidó y el partido Voluntad Popular, con el empresario Alejandro Betancourt López, señalado por lavado de dinero en Estados Unidos, como parte de la directiva de Derwick Associates Corp., empresa que fue favorecida con importantes contratos para la adquisición y construcción de plantas termoeléctricas.
Llamó la atención que Rodríguez utilizase uno de los escándalos de corrupción más sonados en los que ha incurrido el chavismo, como lo fue el plan de adquisición de termoeléctricas para denunciar un presunto financiamiento de parte de Betancourt, directivo de esa empresa, a Guaidó y a su partido, Voluntad Popular, señalando que va a presentar videos de los vínculos entre ambos. Es decir, que Rodríguez asegura que la corrupción que ha protagonizado el chavismo, llega hasta el principal líder opositor.
La denuncia de Rodríguez partió de la publicación del periódico El Nuevo Herald, en la que señala que el bufete en el que trabajaba la diputada opositora, Tamara Adrián, “certificó la legalidad de una serie de préstamos a la estatal Petróleos de Venezuela, esquema que la justicia estadounidense hoy dice que fue utilizado para malversar US$ 4.500 millones, en lo que es considerado el mayor caso de corrupción chavista visto hasta ahora. La opinión legal escrita por Adrián en 2012, tres años antes de convertirse en diputada, concluyó que los préstamos otorgados en bolívares a PDVSA y cancelados posteriormente en dólares eran perfectamente legales”.
“Betancourt López buscaba al bufete de Tamara Adrián que certificaba que ese dinero era legal y bien habido. Con ese papel se iba Alejandro Betancourt López a comprar edificios, fábricas, haras, industrias, residencias lujosísimas en Florida y España”, detalló el ministro de Comunicación.
El titular de El Nuevo Herald destacaba: “Opositora asesoró operaciones que derivaron en mayor caso de corrupción de Venezuela”.
Adrián confirmó en declaraciones públicas que a El Nuevo Herald: “se le solicitó la rectificación y ellos rectificaron el titular. A comienzos de 2012 un cliente solicitó nuestra opinión estrictamente jurídica, como abogada en ejercicio, sobre la legalidad de un contrato a ser firmado por ese cliente con PDVSA, y, particularmente sobre el tema cambiario. Se nos preguntó si el pago en moneda extranjera de obligaciones asumidas por PDVSA en bolívares estaría o no en contravención con el ordenamiento cambiario y legal, siempre que tal pago generase ganancias claras para PDVSA. Tomando en consideración la legislación vigente en esa época expresé que, sometido al cumplimiento de las condiciones y requisitos explicados en la misma, el pago así hecho no estaba en contravención con el ordenamiento jurídico cambiario y legal de ese momento. Eso fue cuatro años antes de que yo fuera electa como diputada de la Asamblea Nacional”, explicó la diputada Adrián.
Es de destacar que Betancourt ha desmentido las denuncias en su contra y ha señalado que su empresa cumplió con todos los contratos obtenidos con el gobierno de Hugo Chávez.
“En relación a las investigaciones de la Fiscalía, y otros estamentos públicos de Venezuela y de EEUU, hay que destacar que todas las causas, sin excepción, han sido archivadas”, expresó el abogado español Javier Gómez Bermúdez, en representación de Betancourt en un escrito enviado a El Estímulo.
Sin embargo, las investigaciones continúan por los casos de lavado de dinero en la Corte Sur de Florida en la que se le mencionaría como “Conspirador número 2”; pero no se identifica con nombre y apellido. Un caso que se estima en US$ 1.200 millones, que alcanza a otros personajes.
El 22 de julio de 2019 ocurrió el sexto de los apagones masivos en Venezuela que comenzaron desde 2009, que revelan el grave estado de deterioro en que se encentra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN); a pesar de los miles de millones de dólares destinados al plan diseñado por el gobierno de Hugo Chávez.
Desde 2007, Rafael Ramírez concibió y puso en marcha un complejo y costoso proceso para darle prioridad a una superestructura de plantas termoeléctricas, que complementara la capacidad hidroeléctrica del país.
En un período que abarcó 8 años, entre 2008 y 2015, el gobierno venezolano destinó una cifra sin precedentes de unos $34.000 millones para adquirir equipos y construir la nueva infraestructura con más de dos docenas de empresas nacionales y extranjeras. Entre ellas estuvo la empresa Derwick Associates, fundada por Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau en 2003, quienes recibieron 11 contratos para construir termoeléctricas en el país; al igual que otras compañías de Brasil, China y España.
En un informe presentado por Transparencia Venezuela en noviembre de 2018 y titulado “Venezuela en apagón”, se alertó la crítica situación del sector. Los especialistas citados sostuvieron que la crisis es resultado de una combinación de falta de mantenimiento, mala gestión, desfalco y desinversión. Destaca, por ejemplo, que entre 1999 y 2014 se destinaron US$ 37.691 millones para 40 proyectos de compra de equipos y construcción de instalaciones para aumentar la generación termoeléctrica, solo en esos casos se descubrió un sobreprecio de US$ 23.033 millones.
Vale destacar que no fue un plan solo del ex ministro de Petróleo y ex presidente de PDVSA, hoy en el exilio, sino un proyecto nacional del chavismo, que apoyados en el boom petrolero, se plantearon reforzar el sistema hidroeléctrico. En su primera etapa contempló la nacionalización de las empresas privadas del sector para alinearlas en conjunto al nuevo proyecto. El caso emblemático fue la compra por US$ 740 millones de La Electricidad de Caracas por parte de PDVSA; La Electricidad de Carabobo y Enelven de Zulia, que dieron origen a Corpoelec.
Desde esos años se afianzó un ciclo de deterioro del sector por corruptelas, cambio de gerentes especializados por figuras con intereses políticos, aplicación del “control obrero” y fallas en mantenimiento. En 2009 comenzaron producirse los apagones de envergadura que llegaron a paralizar a gran parte del país con recorte de más de 23 mil fallas atribuidas a un supuesto sabotaje.
La Asamblea Nacional en octubre de 2016, ya con mayoría parlamentaria opositora, aprobó el informe final de una investigación sobre la caída del sistema eléctrico (Expediente No. 1.648) que concluyó que durante la gestión de Ramírez, entre 2004 y 2014, se generó un daño a la nación superior a US$ 11.000 millones.
Un caso emblemático durante su gestión fue la de Nervis Villalobos, ingeniero eléctrico, quien comenzó su carrera en Enelven; llegó a ser director general de Energía durante la presidencia de Alí Rodríguez Araque en PDVSA. Con Ramírez fue viceministro de Energía Eléctrica, se encargó de los planes para el incremento de la generación eléctrica y fue ministro (e) de Energía y Petróleo en ocasión de viajes de Ramírez.
Tras ser destituido como viceministro de Energía y Minas, Villalobos se desempeñó como “asesor internacional independiente en materia energética” entre los años 2006-2015. Ramírez lo contrató en PDVSA como “encargado de negocios eléctricos”.
Las investigaciones en EEUU y España develan que Villalobos, durante su estancia en la estatal petrolera, cobró comisiones millonarias y sobornos por conseguirle contratos a empresas extranjeras licitaciones y contratos; dinero que más tarde sería blanqueado en una cuenta en el Principado de Andorra.
Al implantarse el sistema unificado en Corpoelec comenzaron militares y dirigentes políticos del PSUV a manejar el sistema. La ONG Transparencia Venezuela, especializada en seguimiento a la gestión de gobierno, hace una síntesis de quiénes fueron los “ministros del apagón”.
En 2008 fue designado como presidente de Corpoelec, Hipólito Izquierdo García, quien recibió el ascenso a general de división estando en ese cargo. Desde febrero de 2008 hasta 2009 fue presidente de Corpoelec, y estuvo al frente del Plan de Expansión de Generación Eléctrica que tenía proyectado agregar 10.480 megavatios (MW) al SEN. En agosto de 2009 aseguraba que desde la llegada de Chávez la generación de energía eléctrica pasó de 19.500 MW a 23.280 MW en 2008. En octubre de 2009, Chávez anunció su destitución.
Es de destacar que varios expertos estiman la capacidad instalada actual del SEN de hidroeléctricas y termoeléctricas en 34.000 MW; pero la capacidad de servicio apenas alcanza a 10.000 MW, según el informe preparado por expertos para el programa Plan País que presentó el presidente interino, Juan Guaidó para recuperar la economía.
Desde la gestión de Izquierdo ya se denunciaban las compras fraudulentas de equipos como fue el caso de la compra de dos turbinas usadas por US$ 9,3 millones; de los cuales 14% se destinarían a pago de “comisiones” a una empresa local manejada por un empresario cercano al gobierno.
Sustituido Izquierdo, en octubre de 2009 fue designado un militante del PSUV, diputado en ese momento, Ángel Rodríguez, quien estuvo apenas hasta enero de 2010 y fue el autor del racionamiento eléctrico que se aplicó durante ese año. Fue destituido también por Chávez.
En auxilio del sector fue llamado nuevamente el ex presidente de PDVSA, Alí Rodríguez Araque, un gran amigo de Cuba, cuando el gobierno tuvo que ejecutar la llamada “emergencia eléctrica” en la que se acudió al auxilio de los cubanos y se trajo a Venezuela al legendario líder revolucionario Ramiro Valdés para atender la crisis.
Entre los funcionarios que operaron en aquella emergencia estuvo el ingeniero eléctrico, Javier Alvarado Ochoa, miembro de la Junta Directiva del Sistema Eléctrico de Nueva Esparta (Seneca) en 2007. Fue viceministro de Electricidad y presidente de la Electricidad de Caracas. También ministro (e) de Energía Eléctrica del 21 al 28 de agosto de 2010. En 2018 fue incluido entre los 28 procesados por un juzgado en Andorra por lavado de dinero. Según la investigación, Alvarado manejó a través de la Banca Privada de Andorra 46 millones de euros. Según la fiscalía venezolana el monto totaliza US$ 4.200 millones.
Otro que destaca como presidente de Corpoelec desde 2011 fue el hermano de Hugo Chávez, Argenis Chávez, quien estuvo en el cargo hasta abril de 2013, un mes después del fallecimiento de su hermano Hugo Chávez, quien tampoco estuvo exento de denuncias de corrupción. Los propios trabajadores de Corpoelec lo señalaron de generar pérdidas por US$ 4.500 millones que estaban destinados al mantenimiento del sistema.
Según Transparencia Venezuela en su informe de diciembre de 2018, luego de once años desde que comenzó la construcción de la Central Hidroeléctrica Manuel Piar, mejor conocida como represa de Tocoma, en el sur del país y, pese a que debió estar lista en 2012, aún no ha aportado ningún megavatio al SEN.
El gobierno asignó los contratos para la ejecución de la obra a la empresa argentina Impsa y al consorcio Odebrecht-Impregilo-Vincler. Documentos oficiales revisados por Transparencia Venezuela revelaron que solo al consorcio OIV se le pagaron más de US$ 4.358 millones; obra aún inconclusa.
El último de la lista de ministros “del apagón” en la cartera de Energía Eléctrica, fue el general de división de la GNB, Luis Motta Domínguez, quien popularizó el “sabotaje” como explicación a las caídas en el sistema eléctrico venezolano. Su gestión al frente del Ministerio de Energía se prolongó hasta 2019 con el récord de apagones nacionales con duración de hasta 100 horas.
El Departamento de Justicia de EEUU acusó formalmente el 30 de julio de 2019 a Motta Domínguez y a Eustoquio José Lugo Gómez (ex director de Adquisiciones de Corpoelec) de ocho cargos, entre ellos el de conspiración para cometer lavado de dinero, de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), por su participación en un esquema de corrupción que involucró el cobro de sobornos a empresas ubicadas en La Florida para lograr negocios con el Estado venezolano.
Igualmente fueron procesados dos empresarios, Jesús Ramón Veroes y Luis Alberto Chacín Haddad, acusados en marzo de 2019 por la Corte del Distrito Sur de Florida por conspiración en el lavado de dinero. Se les señala como testaferros de Motta Domínguez, con quien se profundizó la crisis eléctrica.
Veroes declaró que habían enviado 500 transformadores a Corpoelec, pero solo eran compatibles con los sistemas de Cuba y Nicaragua. En junio de ese año ambos se declararon culpables ante la jueza de Distrito de EEUU, Cecilia M. Altonaga, del Distrito Sur de Florida, a un cargo de conspiración por violar diversas disposiciones de la FCPA.
Desde 2010 cuando se profundiza la crisis eléctrica cuatro funcionarios ocuparon el cargo de presidente de Corpoelec y al mismo tiempo fueron ministros de Energía Eléctrica, lo que comprometió las tareas de control y fiscalización de lo que allí ocurrió: Alí Rodríguez Araque, Argenis Chávez, Héctor Navarro, Jesse Chacón Escamillo y Luis Motta Domínguez.
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