Opinión | Voto por la sensatez

Superar esta crisis tan prolongada y que impacta a todos los sectores de la sociedad es la prioridad venezolana. Las herramientas para hacerlo, como el voto, están en la plena vigencia de la Constitución, no porque sea ideal, sino porque tiene reglas claras, aceptadas por todos, que pueden servir de marco para la reconstrucción nacional.

Los cada vez más severos ingredientes institucionales de nuestra crisis no son invento opositor ni denuncia de cuanta organización de derechos humanos reconocida hay en Venezuela. Lo dicen la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, la OEA y la mayoría de los países latinoamericanos,  así como la Unión Europea y sesenta gobiernos del planeta. También entidades independientes y medios de comunicación de tendencias variadas en muchos países.

Restaurar la vigencia efectiva de nuestra Constitución es esencial. Con la constitucionalidad viene el Estado de Derecho que da seguridad a la vida y a las libertades, así como a los derechos que a partir de ambas podemos ejercer, como los civiles y políticos, los sociales y económicos, los culturales y los ambientales. Para todos, mujeres y hombres. Civiles y militares. En el campo y en la ciudad, en la empresa y en el trabajo, en la vejez y en la juventud, seas criollo, indígena o extranjero que se vino a vivir y a trabajar en nuestro país.

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¿Cómo hacerlo? Las elecciones son el medio democrático y pacífico idóneo para resolver las cuestiones del poder y de las políticas públicas que desde allí se diseñan y se aplican para el bien común. Este año nos tocan constitucionalmente las elecciones de una nueva Asamblea Nacional y otra que está pendiente, porque nos la deben, que es la presidencial. Lo que se convocó en 2018 tuvo tantos vicios que la mayoría de los actores políticos y de los votantes no quiso participar, el principal contendor no reconoció los resultados y parte fundamental de la comunidad internacional, las democracias de más peso y prestigio, coincidieron en su ilegitimidad. En los dos primeros temas hay acuerdo bastante amplio, en el tercero no y el desacuerdo tiene importancia, porque sin cambio de gobierno no habrá credibilidad interna ni externa para encaminarnos por la senda del derecho y el progreso.

Que avancen las conversaciones para elegir un CNE confiable para todos en la Asamblea Nacional, que es donde corresponde constitucionalmente, es una noticia auspiciosa. Preocupa ¿cómo no? la ambigüedad relativa a asuntos de alta incidencia, como la existencia de una directiva paralela del cuerpo parlamentario, imposibilitada para convocar sesiones o designar comisiones por falta no solo de legitimidad y legalidad, sino, antes y elemental, por falta de diputados.

La desconfianza no es poca ni infundada. También del lado oficialista la hay, y aunque uno alegaría que ellos son sus principales causantes, no puede ignorarse que existe e influye. Este problema, verdaderamente grueso, reclama ser superado y es el reto mayor de los líderes de ambos sectores. Todos sabemos que, milagros aparte, la ruta para hacer posible las buenas elecciones que generen confianza exige acuerdos que no significan la desaparición de las diferencias, sino el entendimiento en un marco sensato para dirimirlas.