Venezuela

Abogado denuncia campaña de empresario Díaz Lavié para influenciar en decisión del TSJ

El viejo tema de la partida de nacimiento de Nicolás Maduro es desenterrado por Celestino Díaz Lavié en una campaña de desinformación en medios digitales. Con ello se pretende alterar un proceso judicial civil a favor del abogado Nelson Ramírez Torres, denuncia el propio agraviado. También se recurre al peligroso precedente de usar en tribunales la Ley Contra el Odio de forma retroactiva contra un ciudadano.

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El abogado Nelson Ramírez Torres denunció las pretensiones de una campaña de manipulación del empresario Celestino Díaz Lavié contra el sistema venezolano de justicia, basada en información falsa, o «fake news», en un largo caso civil por la propiedad de un inmueble en Caracas.

El propósito de esta campaña es distorsionar la administración de justicia en un caso juzgado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró a El Estímulo.

La campaña, reafirma el denunciante, es orquestada por Díaz Lavié, con quien mantiene un litigio desde el año 2003 que está a las puertas de una resolución definitiva en el TSJ.

El juicio civil por un terreno «fue sentenciado a mi favor por el Juzgado Superior y por la Sala Civil del TSJ. Díaz solicitó, en 2018, que la sentencia fuese revisada por la Sala Constitucional, la cual, en la sesión del 2 de diciembre de 2021 sentenció a mi favor. La sentencia no ha sido publicada pero está firmada por cinco de los siete magistrados», explicó Ramírez Torres.

Oscuros intereses

En este caso, en el que Díaz Lavié es el verdadero interesado, están involucrados el contador Omar Marambio Cortés y el abogado de Díaz, Antonio Brando Cernichiaro.

A Marambio y a Brando se les sigue un proceso aparte en la justicia por la presunta comisión de los delitos de «falsificación de documento público, uso permanente de documento público falso, estafa agravada permanente por engañar a los tribunales con el documento falso, y agavillamiento permanente».

Brando es el abogado de Díaz Lavié y Marambio su testaferro en el juicio civil en el que se discute la propiedad del inmueble en litigio, de acuerdo a la denuncia de Ramírez Torres, consignada en los autos del proceso.

Marambio usó una falsa constancia bancaria como supuesta prueba de que tenía una cuenta de cifras altas, en divisas, en el Davos International Bank para pagar el precio total del inmueble, según otra acusación.

Un historia en retroactivo

«Desde que sentenció la Sala Constitucional, Díaz comenzó la campaña en la que falsifica la realidad, al decir que yo declaré a noticieros ubicados en Miami sobre la nacionalidad del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, tema que fue aclarado en 2013 y quedó cerrado. Yo jamás concedí esa entrevista», alega Ramírez Torres.

«Díaz intenta reactivar el tema tomando un artículo mío del año 2013», explica.

En ese artículo en cuestión, de hace nueve años, Ramírez Torres abordaba el tema entonces en boga de la partida de nacimiento de Maduro.

Ahora Díaz recurre a “un tercero insolvente y sin dirección conocida, llamado Wilmer Alexander Villafranco y presentó a mis espaldas una querella por la presunta comisión del delito de odio previsto en la Ley Constitucional Contra el Odio para la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, en vigencia desde noviembre de 2017”.

“Esa querella se basa en los artículos que escribí en 2013”, y pretende además aplicar de forma retroactiva la Ley Contra el Odio, observa el denunciante.

Otras aristas

El 19 de diciembre de 2019 un juez admitió la querella y «me decretó medida de prohibición de salir del país. Nunca fui citado. Me enteré, dos años después, cuando el SAIME me informó que no podía darme pasaporte porque existía esa medida», agrega Ramírez Torres.

Ahora, la campaña de prensa y la supuesta entrevista, denuncia el abogado, “es una falsificación de la realidad para convertirme en enemigo del Gobierno. No soy enemigo del Gobierno”.

Díaz Lavié también persigue “molestar al presidente Nicolás Maduro para que reaccione en mi contra y ordene a la Sala Constitucional no publicar la sentencia aprobada a mi favor”, afirma.

«Pretende consignar la información falsa (de la campaña) para probar fraudulentamente que yo continúo con el tema de la nacionalidad del Presidente de la República y que con ello produzco odio contra él, y que se me aplique la Ley contra el Odio que existe desde 2017», advierte.

Cosa pasada

“Nunca hubo odio de mi parte ni instigación al odio. El tema resultó irrelevante, como lo afirmaron los líderes de la oposición venezolana, y desde ese entonces (2013) nunca más me referí al tema”, insiste Ramírez Torres.

El denunciante señala, y se puede constatar en los portales de estas cabeceras, que la falsa entrevista que lo perjudica ha sido publicada en los últimos días por medios digitales como El Nacional, Diariolasamericas.com, El Venezolano TV y Noticiero Digital, Elpolitico.com, 0800noticias.

“El presidente ganó el tema porque en ese momento la oposición, líderes como Ramón Guillero Aveledo, Teodoro Petkoff, Henry Ramos Allup, dijeron que el asunto era irrelevante y se cerró. No se habló más del tema, aclararon todo eso. Yo tampoco más nunca toqué el tema”, dice sobre la partida de nacimiento de Maduro.

“No es pertinente en absoluto. Lo pertinente es la falsificación que hace Celestino Díaz Lavié, de darle una supuesta vigencia para usarla en mi contra e intentar poner en el tapete ese tema porque le interesa a él y a otro socio suyo que es Eligio Cedeño. Ellos siempre fueron socios e íntimos amigos. Díaz fue director principal del Bolívar Banco, propiedad de Cedeño e intervenido en 2009”, sostiene.

Cedeño, un empresario de banca y finanzas radicado ahora en Miami, fue un conocido adversario público y prisionero de Hugo Chávez.

Compra complicada

El juicio civil entre las partes en conflicto es por la posesión de un terreno en el Country Club, una cotizada zona residencial de clase alta en Caracas.

Ramírez Torres explica que le compró la propiedad al empresario Antonio Lecuna Casanova en el año 2003.

Pero Díaz Lavié dudó de la sinceridad de la operación y demandó porque tenía una opción de compra que no ejecutó y que quería pagar en bolívares para aprovecharse del diferencial cambiario de la época, cuando hubo una fuerte devaluación.

Ramírez Torres explica que en el proceso él presentó los cheques de pago y todos los documentos, “todo quedó aprobado a mi favor: en segunda instancia, en la Sala de Casación Civil y en la Sala Constitucional”. Fueron en total 34 escritos y una audiencia oral para probar la compra en este prolongado proceso que está presto a llegar a su fin, añade.

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