El Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (CICPC) fue señalado como el responsable de 155 de las 241 presuntas víctimas, pero también en "el 60,9% de las denuncias (...) dijeron haber sufrido algún tipo de abuso sexual, que en varios casos incluyó violación"
Los casos de tortura en Venezuela aumentaron en 148% durante 2021, según un informe presentado el miércoles por la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) que cifró en 241 las presuntas víctimas.
«Se logró registrar durante 2021, 241 presuntas víctimas de tortura a nivel nacional y eso significó un aumento importante de 148% con respecto al año anterior», indicó la coordinadora de investigación de Provea, Lissette González.
La cifra es la segunda más alta en los 33 años que lleva trabajando la organización. La primera se registró en 2019 cuando hubo más de 500 presuntas víctimas de torturas.
El Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (CICPC) fue señalado como el responsable de 155 de las 241 presuntas víctimas, pero también en «el 60,9% de las denuncias (…) dijeron haber sufrido algún tipo de abuso sexual, que en varios casos incluyó violación».
“El CICPC sigue es el organismo policial más letal en Venezuela” Rafael Uzcátegui, Coordinador General de Provea, desde #InformeProvea2021 https://t.co/c4QtKEWENB
— PROVEA (@_Provea) May 11, 2022
«El aumento de las técnicas de abusos basadas en la humillación y reducción física y psicológica de las víctimas, mediante las agresiones sexuales, genera especial preocupación», alertó la organización.
La Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) con sede en el este de Caracas sigue siendo señalada como otro de los centros donde se cometen torturas.
La organización reiteró que «la alta letalidad en el accionar de la fuerza pública continuó en 2021» y que 1.414 personas fueron «asesinadas» por policías y militares en todo el país, 50% menos que en 2020 cuando se registraron 3.034.
Esto «evidencia de manera categórica que la actuación de los agentes del Estado sigue contrariando las normas nacionales e internacionales sobre el uso diferenciado y progresivo de la fuerza, obviando la obligación de no causar privaciones arbitrarias de la vida», añadió.
Tras los casos registrados queda demostrado que Estado venezolano «carece de voluntad genuina de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes» y violaciones a derechos humanos, dijo la ONG.
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