Para disfrutar del derecho a la defensa de su inversión en tribunales arbitrales extranjeros, el demandante debe, primero que nada, probar que es una empresa británica. Si logra esto y además llegara a ganar el juicio, el monto de la indemnización que suelen aprobar esos tribunales ha sido históricamente un tercio del monto demandado. En este caso, 500 millones de dólares
La deuda externa de Venezuela asciende a $164.000 millones en la actualidad y casi una quinta parte de ese monto corresponde a demandas presentadas ante centros de arbitraje y ganadas por los demandantes, por expropiaciones, confiscaciones y vulneraciones a la propiedad privada de inversionistas extranjeros amparados en tratados de protección de inversiones vigentes entre Venezuela y otros países.
La compañía británica SGO Corporation Limited, de la que forma parte Smartmatic (la empresa venezolana que manejaba las votaciones electrónicas de todos los procesos electorales ocurridos en Venezuela desde 2004 hasta 2017), presentó una demanda arbitral internacional por $1.500 millones contra el gobierno chavista por fraude electoral y por expropiación de sus activos después de romper sus relaciones comerciales. Los detalles los dió recientemente el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR).
Pero es poco probable que esa compañía logre conseguir del gobierno de Nicolás Maduro Moros una indemnización por ese monto, aunque eventualmente gane el caso, advierte el abogado Ramón Escovar Alvarado, experto en arbitraje internacional.
De dónde es Smartmatic
“Dos grandes temas se van a discutir allí. El primero es si ellos son beneficiarios del tratado. Creo que hay argumentos razonables para que un tribunal arbitral diga que no. Discutirán si se pueden beneficiar del tratado: es decir, si ellos son en verdad una empresa inglesa. El estudio de ese tema va mucho más allá de ver si ellos se registraron en Inglaterra. Hay un tema allí, de fórum shopping (foro de conveniencia), que el tribunal va a analizar. Y lo segundo es si violaron el catálogo de derechos y garantías que ofrece el tratado. Es decir, si ellos recibieron un trato justo y equitativo, no discriminatorio, trato nacional”, argumenta Escovar.
El tema más importante en este caso arbitral será, obviamente, el tema de la nacionalidad de la empresa.
El demandante alegará que en verdad se trata de una inversión de Inglaterra, pero eso lo va a pelear la República Bolivariana de Venezuela con toda seguridad.
Y si el tribunal llega a admitir que este demandante es efectivamente una empresa inglesa y que por ello tiene derecho al arbitraje y a beneficiarse del tratado, en opinión de Escovar, también es improbable que los daños a indemnizar que pudieran ser reconocidos por un tribunal arbitral en este caso sean equivalentes a $1.500 millones.
“Sinceramente, yo creo que ambos puntos son bastante debatibles. Es dudoso que sean reconocidos como nacionales ingleses y también creo que es muy difícil que el daño causado haya sido de $1.500 millones. Creo que en este caso la diferencia entre el monto demandado y lo que finalmente el tribunal aprobaría, en caso de que Smartmatic ganara la demanda, sería aún mayor que lo que ha sido históricamente en casos arbitrales”, precisó el experto en arbitraje internacional.
Normalmente, los 18 juicios ganados hasta ahora por las empresas que han presentado demandas arbitrales contra Venezuela ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI) y la Corte Internacional de Arbitraje de Cámara de Comercio Internacional (ICC), en las dos últimas décadas terminan con fallos que condenan al país a pagar apenas un tercio del monto originalmente demandado por el inversionista: 32%, en promedio, para ser exactos.
La deuda acumulada por Venezuela por demandas arbitrales hasta el momento asciende a $30.000 millones, de acuerdo con un estudio sobre deuda pública realizado por los abogados Ramón Escovar Alvarado, Andrés Carrasquero y Mariana Campos para el Observatorio de Gasto Público de la organización Cedice Libertad.
Esto implica que casi una quinta parte de la deuda pública venezolana (164 mil millones de dólares) corresponde condenas contra el Estado venezolano por demandas presentadas ante centros de arbitraje debido a expropiaciones, confiscaciones y vulneraciones a la propiedad privada de inversionistas extranjeros amparados en tratados de protección de inversiones vigentes entre Venezuela y otros países, según Cedice.
CIAR precisó que SGO es una familia de empresas que desarrollan e implementan herramientas que dan servicios a los gobiernos. En el caso de Smartmatic, en el desarrollo de elecciones con voto electrónico.
Según el demandante, “en el proceso electoral a la Asamblea Constituyente de 2017, el Gobierno venezolano decidió no utilizar varias de las medidas de seguridad electoral que habían sido usadas en otros procesos electorales y al final de la consulta reportó unos resultados distintos a los reflejados en el sistema electrónico de Smartmatic. Además, se anunciaron resultados de participación muy por encima el número de los reportados en el sistema de la empresa (al menos un millón de votos por encima de lo cuantificado por Smartmatic)”, precisó el CIAR.
SGO denuncia hostigamiento, extorsión, asedio y expropiación
El 24 de julio de 2020, Smartmatic informó sobre la querella que preparaba contra el gobierno de Nicolás Maduro y se desvinculaba de todos los procesos electorales posteriores al punto de quiebre de las relaciones comerciales entre ambas partes.
“Smartmatic hace del conocimiento público que no tiene trato alguno con el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), ni con sus proveedores, ni con ExClé, la empresa integradora argentino-venezolana que provee el soporte al ente electoral en Venezuela desde el 2017”, declaró en aquella oportunidad (Smartmatic no provee hardware ni software, ni nada, para las elecciones venezolanas).
SGO ha denunciado también “una campaña de persecución contra Smartmatic” por parte del gobierno venezolano, que incluye hostigamiento y amenazascontra la seguridad, vida e integridad de sus empleados y bienes, para forzar a Smartmatic a avalar y certificar resultados electorales falsos y volúmenes de participación inexactos; extorsión, asedio y retaliaciónmediante la falta de cumplimiento deliberada y arbitraria de una serie de pagos contractuales que hoy en día Venezuela todavía le debe a Smartmatic; y laexpropiación indirectade la inversión de Smartmatic en Venezuela, al obligarla a realizar actos de disposición de sus propios activos tangibles e intangibles para beneficiar a otra empresa extranjera que se lucra y beneficia a sus expensas.
En esta demanda arbitral, SGO está representada por ReedSmith LLP (Miami) y los abogados Francisco A. Rodríguez, Gilberto Guerrero-Rocca, Sandra Millor y Rebeca Mosquera.
Más de 5.500 expropiaciones en 23 años
En los últimos 23 años, de acuerdo con Cedice, más de 5.500 expropiaciones y confiscaciones han ocurrido en el país durante la revolución socialista del siglo 21, pero solo una pequeña fracción de ellas ha terminado en laudos arbitrales internacionales: 60, para ser exactos.
De esos 60 casos, 18 han terminado en condena para Venezuela, seis en acuerdos de pagos con el demandante para poner fin a los litigios, 22 concluyeron sin condena y el resto se está tramitando todavía.
Las indemnizaciones que debe pagar Venezuela a las empresas que los demandaron y ganaron los arbitrajes totalizaron $23.000 millones al cierre de marzo de 2022. Pero como a estos casos hay que sumar también los intereses de mora, los honorarios de los tribunales arbitrales y de todos los profesionales involucrados en sus procesos y las proyecciones correspondientes, la cifra final estimada por Cedice sube a $30.000 millones, aclara el abogado Ramón Escovar Alvarado, experto en arbitrajes y coautor de la investigación Deuda Externa Venezolana por Demandas Arbitrales, junto con Andrés Carrasquero y Mariana Campos.
Se estima que el costo promedio de un arbitraje de inversión asciende actualmente a $12,5 millones.
Venezuela no paga sus condenas
Las consecuencias de estas expropiaciones van mucho más allá de las deudas causadas a la República de Venezuela. Un país que no respeta la propiedad privada, no cumple sus compromisos contractuales y no paga deudas arbitrales firmes, difícilmente puede generar confianza y captar inversiones para su recuperar su desarrollo económico y su crecimiento.
A diferencia de lo que ocurría en el siglo 20, antes de la “revolución socialista del siglo 21”, Venezuela no está pagando en la actualidad las condenas de juicios arbitrales que pierde.
“Venezuela ha resultado condenada más de la mitad de las veces que ha sido demandada. A groso modo, recuerdo los casos de Cristallex y Owens Illinois, Gold Reserve y el más famoso es el de ConocoPhillips. Hay otros casos cuya nulidad ha sido solicitada por Venezuela, como los de Rusoro (Mina Las Cristinas) y (el café) Fama de América. En la actualidad, se está discutiendo si el laudo que falló en contra de Venezuela es nulo o no”, informó el abogado Marcos Carrillo.
Este especialista fue vicepresidente de la Asociación Venezolana de Arbitraje (AVA) y actualmente es profesor de arbitraje y mediación en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (Iesa) y jefe de cátedra de resolución de conflictos en la Facultad de Derecho en la UCAB.
La firma Smartmatic, que sirvió como plataforma de votación y auditoría en Venezuela, anunció este martes en su página oficial el cierre de sus operaciones en Venezuela, debido a que no puede garantizar la integridad del sistema, ni tampoco puede dar fe de la exactitud de los resultados electorales en el país.
La rectora Tania D'Amelio dijo este viernes que las declaraciones del presidente de Smartmatic que ponían en duda los resultados de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente no afectaron el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La compañía que proporcionó la plataforma tecnológica de votación y servicios para las elecciones en Venezuela desde 2004 aclaró a través de un comunicado que "no suministró productos ni servicios" para las regionales del pasado 15 de octubre. También señaló que los compromisos asumidos por el Gobierno venezolano "no han sido cancelados".
