Briceño-León: "La política de la muerte gobierna en Venezuela"

El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) puso hace poco en los anaqueles un estudio sobre la violencia ejercida por los cuerpos policiales del país. El libro se llama “Tanatopolítica en Venezuela. Sicariato de Estado y derechos humanos” (Editorial Alfa, 2022), y es producto de una investigación realizada entre 2019 y 2020 en la que se recogen las voces de los familiares de las víctimas de la letalidad policial.

La investigación se llevó a cabo en nueve entidades federales donde habita más de la mitad del país: Aragua, Bolívar, Mérida, Miranda, Lara, Táchira, Zulia, Sucre y Distrito Federal. Los equipos de investigación, participantes del estudio, estuvieron a cargo de profesores de universidades tanto públicas como privadas.

Los lectores pueden acceder –de primera mano- a los testimonios de los familiares directos de las víctimas, como madres, padres, esposas e hijos, y también de testigos cercanos a los sucesos.

Para el profesor Roberto Briceño-León, director del Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO), director nacional del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) y autor principal de la publicación, en los casos de exceso policial, la violencia ocurre en medio de un encuentro inesperado, en el cual se desencadena la interacción que conduce al uso desproporcionado de la fuerza.

-¿Qué es la tanatopolítica?

-Es una política de la muerte. Y uno puede definirla así, en contraposición a lo que históricamente ha sido la política de la vida. La modernidad y los gobiernos democráticos se caracterizan por unas políticas de vida. Es decir, para conservar el poder buscan generar políticas que fomenten la vida. Políticas de salud, de educación, de bienestar de la población.

Las políticas de la muerte se fundan en un deseo de conservar el poder a partir del uso de la muerte como una herramienta política para amenazar a los demás, para intimidar a la población.

Esta caracterización de la muerte como una herramienta para conservar el poder es contraria a las políticas democráticas y lleva al extremo la represión. Toda política de seguridad tiene un componente de prevención y otro de represión. En el caso de las políticas de la muerte, la represión se sale de la ley y se lleva hasta la aplicación de la pena de muerte, lo cual no está en nuestras leyes.

Entonces, la tanatopolítica es una forma de ejercicio del poder y de vía para conservar el poder, que regresa a tiempos premodernos o simplemente dictatoriales donde el Estado de Derecho desaparece. En las democracias la policía tiene derecho a usar la fuerza, pero de una forma proporcional y dentro de la ley. En la tanatopolítica desaparece la ley, hay una violencia desnuda.

-¿La tanatopolítica es más propia de un autoritarismo hegemónico como el que tenemos en Venezuela que de una democracia liberal?

-La tanatopolítica no puede darse en un contexto de democracia liberal, porque en la misma hay siempre una posibilidad de investigar, de averiguar, de acusar, hay pesos y contrapesos, independencia de poderes, autonomía de fiscales y de jueces, autonomía del defensor del pueblo: todo un conjunto de mecanismos que buscan justamente controlar eso.

Lo que se ha conocido como Estado de Derecho y el imperio de la ley, lo que ha hecho es ponerle barreras al poder, al autoritarismo, al absolutismo. Verbigracia, el nazismo o el comunismo.

-Aquí hay algo de animosidad por parte de la población civil que se siente protegida por estos operativos como las OLP. Justamente usted ha señalado que las OLP -Operación de Liberación del Pueblo- nacen en 2015 como una estrategia del gobierno para escalar su intención de voto en las parlamentarias de ese año. ¿Qué dice esto de nuestra sociedad, es decir, cómo nos miramos unos a otros?

-La población está ayuna de protección y quiere –de alguna manera- recibir una cierta seguridad por parte del Estado. Hay un apoyo a estos operativos; el surgimiento de las OLP es un intento de golpe de timón en lo que decían las encuestas de las parlamentarias de 2015. Una especie de “dakazo” desde el punto de vista de la seguridad, pero no resultó.

Sin embargo, es una minoría la que apoya estos operativos. Alrededor de 30% de la población siente que la policía tiene derecho a matar, y la explicación es el miedo. Cuando hicimos grupos focales en barrios donde se habían hecho OLP y otros donde no se habían hecho, vimos que quienes apoyan estas políticas son aquellos que nunca han visto este tipo de violencia.

-Usted señala que se han creado “microestados”, especies de tierras de nadie, donde la FAES acordonaban una edificación de la Misión Vivienda y pasaban toda la noche. Ajusticiaban a algunos y los hacían aparecer en la morgue de un hospital, mientras los otros efectivos se quedaban cocinando unas arepas y robando las viviendas. ¿No es esto una especie de canibalización de la sociedad venezolana, un retroceso abismal?

-Sí. Yo creo que la sociedad venezolana ha experimentado un retroceso abismal en este siglo. Si uno toma cualquier rasgo de la sociedad y uno compara la situación actual con la de hace 25 años, antes que Chávez llegara al poder, no hay un área en la economía, en la educación, en los medios, en las universidades, en la seguridad, etcétera; no hay un área donde estemos mejor.

¿Qué pasa con los estados de excepción? Es una canibalización de la norma. Se mantiene la ley pero se puede ignorar la ley. En el caso de los microestados de excepción y las OLP se violan derechos inviolables, y esto por años, cuando la Carta Magna solo permite un estado de excepción por corto tiempo.

En estos microestados la ley se suspende y lo que opera es la voluntad de los funcionarios, que golpean, matan y roban a la población de la propiedad que allanan sin legalidad. Entonces, el Estado de Derecho desaparece.

Hace 40 años Venezuela no era un país violento. Hace 20 años decíamos que queríamos más seguridad. Resultó peor el remedio que la enfermedad.

-Usted también se refiere en la obra a los “culpables de antemano”, o sea, los jóvenes pobres, morenos, a menudo sin antecedentes, que quizás no han hecho nada pero que se asume podrían ser una amenaza para la sociedad, lo cual “justifica” su exterminio. Deténgase, por favor, en este punto…

-Los “culpables de antemano” son aquellos ciudadanos que tienen un delito de cara, que parecen delincuentes. Bien sea porque tienen antecedentes, porque son pobres, pero lo particular de los culpables de antemano es que se les condena por lo que pudieran hacer y no por lo que han hecho. Y el derecho penal castiga por lo que la gente ha hecho, no por lo que podría hacer.

Como tienen caras de delincuentes, son ejecutables, extorsionables, los roban. Los ejecutan y la sociedad se lo cree: “en algo malo andaría”.

-¿Qué son los homicianos? Es un concepto que sobresale en la obra…

-Este es un concepto que yo re-semantizo en cuanto a la connotación que tenía. Hoy en día se usa poco, pero está en el diccionario de la RAE. Tuvo mucha utilización entre los siglos XII y XV en España. Lo que busco proponer a la sociedad científica es diferenciar el delito común, problemas de robos, de celos, entre otros; y los que cometen los funcionarios, por encomienda del poder. Una acción de Estado.

No es una categoría menor. En los últimos 5 años hemos tenido más de 24 mil personas asesinadas por la policía por resistencia a la autoridad. Estos funcionarios no actúan por cuenta propia, sino como una política de Estado, entonces hay que diferenciarlos con el término “homicianos”.

-¿Hay antecedentes similares en América Latina del ejercicio de la tanatopolítica tal como la estamos viendo hoy en Venezuela?

-Sí. Y quizás los ejemplos más palmarios son las dictaduras del sur. Las de Argentina, Chile, Uruguay, durante los años 70, eran regímenes autoritarios que usaban la muerte como política. Las desapariciones en Argentina, los presos políticos que lanzaban en el mar…

En el caso de Brasil no fue tan grave, pero en tiempos más recientes en Río de Janeiro se establecieron prácticas de tanatopolítica: se les daban a los policías mejores salarios, ascensos, premios por los delincuentes que mataban. En Cuba también hay precedentes graves.

-El estudio se centra en ocho regiones del país. ¿Cuál es la peor? ¿Cuál es el denominador común y qué las diferencia unas de otras?

-Es difícil establecer jerarquías porque es algo generalizado. Pero hay algunas diferencias. Los estados fronterizos, por ejemplo. Táchira, Zulia, Apure son particulares porque ahí está la guerrilla colombiana, que incide incluso disminuyendo los homicidios porque ejercen un control. En Lara las intervenciones han tenido una orientación mucho más política. En los casos de Bolívar y de Zulia hay una connotación más delincuencial, involucramiento de los cuerpos de seguridad con el delito.

-¿Por qué la indiferencia de la comunidad internacional? ¿Dónde quedan la ONU, el famoso informe Bachelet?

-¿Hay indiferencia de la comunidad internacional? Sí la ha habido y no la ha habido. Asumen que es un tema interno; sin embargo, la Comisión de Determinación de Hechos y el informe de Michelle Bachelet han tenido una presencia muy fuerte.

Incluso recientemente, dirigentes de la izquierda democrática de otros países se han pronunciado al respecto. ¿Qué pasó con el informe Bachelet? En un primer momento el gobierno respondió con un desplante, y gritó “viva la FAES”, pocas semanas después de que el informe había solicitado su eliminación. No obstante, con el tiempo la FAES se opacó, dejó de operar y sus funciones fueron distribuidas entre otros cuerpos. En la actualidad, la FAES prácticamente dejó de tener presencia, pero nunca fue disuelta, como solicitaba Bachelet. Así como tampoco fueron llevados a juicio los responsables de las ejecuciones extrajudiciales. Ha habido una presencia, un peso, una presión de la comunidad internacional que ha tenido un efecto muy menguado, muy disfrazado.

Creo que también con la amenaza de la Corte Penal Internacional se ha buscado maquillar un poco las actuaciones de tanatopolítica en Venezuela.

-¿Qué medidas habría que tomar para desmontar la tanatopolítica en Venezuela? ¿Es posible? ¿Sería un proceso relativamente expedito, o, ya instalado, puede durar mucho tiempo?

-Me temo que la cultura de la muerte en los funcionarios puede durar mucho tiempo. Sin embargo, hay ejemplos importantes de países o ciudades que tenían una situación de violencia y criminalidad de los cuerpos policiales y se ha podido revertir en un tiempo relativamente breve.

Pero para eso tiene que haber voluntad política, garantía de independencia y autonomía del Poder Judicial, y un apoyo de la población que pida justicia y protección, que de apoyo a los policías honestos, que son muchos.

También pacificar a la sociedad, disminuir la violencia, y eso implica una política general de unir el país, no polarizarlo. Una sociedad en la cual los ciudadanos democráticos -de cualquier tendencia- puedan participar. Una posibilidad de cambiar de todos los ciudadanos. En la medida en que pueda existir la idea de que es posible generar una sociedad mejor, las voluntades se movilizan. Al igual que hace 20 años hubo una propuesta de cambio de Hugo Chávez y quienes le apostaron resultaron estafados.