¿Cómo va la investigación sobre Venezuela de la Corte Penal Internacional?

La Corte Penal Internacional abrió una investigación para determinar presuntos delitos de lesa humanidad perpetrados en el país, pero la misma se ralentizó. El expediente denominado “Venezuela 1” ha encontrado resistencia por parte del Estado venezolano, aunque expertos indican que deben irse resolviendo pronto.

Calixto Ávila Rincón, abogado y defensor de derechos humanos, explicó en el programa “En Este País”, que se transmite por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría, que el Estado venezolano hizo una serie de solicitudes para evitar que la investigación siguiera su curso.

“La investigación de la CPI sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela está en una suerte de limbo que debe ser resuelto pronto. El gobierno venezolano pidió que el fiscal Karim Khan se inhibiera y entregara la investigación al Estado, que ellos administrarían justicia, pero el fiscal con base a la información recibida decidió que eso no procedía y, por el contrario, pidió a los jueces de la Sala de Casos Preliminares que le autorizaran a seguir”.

Recientemente la Corte Penal Internacional publicó un formulario para que las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela puedan relatar sus experiencias y rendir testimonio como parte de la investigación.

“Las funciones del fiscal están suspendidas, la investigación está en suspenso hasta que los jueces decidan si autorizan que la misma continúe. En base a los precedentes de Filipinas y Afganistán, los jueces de la CPI aseguraron que la participación de las víctimas debe garantizarse, así que ordenaron a la fiscalía recoger información sobre ellas con un formulario, confidencial, acompañados por un sumario donde se eliminan las menciones de las víctimas. A este sí tiene acceso el Estado”.

El Estado se opone

Calixto Ávila, quien es representante de Provea en Europa, se refirió a tres solicitudes hechas por el gobierno venezolano para bloquear y limitar la participación de las víctimas en el actual procedimiento ante la Corte Penal Internacional.

“El gobierno se opuso a la participación de las víctimas, así como se opuso a la participación de los cinco Estados remitentes (Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú), esto bajo el argumento que la relación debe ser el Estado por un lado y el fiscal y los jueces por otro”.

Ávila Rincón apuntó que las víctimas juegan un rol central en la investigación y que el Estatuto de Roma protege el interés de las mismas. “El Estado presentó tres solicitudes, una para que se limitara el trabajo de recolección de información con las víctimas, esta fue negada”.

La segunda petición se refiere a que la CPI debía enviar un resumen y no los originales de las comunicaciones con las víctimas y esto fue negado también, la secretaría enviará los informes originales y un resumen sin los nombres de las víctimas, a ese sí tendrá acceso el Estado venezolano.

“La tercera, el Estado lo que hizo fue litigar contra la solicitud de la oficina pública de defensa de las víctimas y 4 abogados venezolanos que pidieron poder comunicarse directamente con los jueces. Le dieron la razón, pero ese es el mecanismo tradicional tanto en Filipinas y Afganistán, se mantuvo la doctrina de los jueces, que esa participación de la oficina pública de defensa de las víctimas sea a través de la secretaria”.

Escuche la entrevista aquí.