El reporte anual Derechos Digitales 2022 de la ONG Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) recopila y denuncia una serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de información y opinión en Venezuela. Estos ataques a la libertad son ejecutados principalmente por organismos del Estado, por figuras vinculadas al régimen chavista y hasta por empresas privadas conminadas por el gobierno.
«En Venezuela se continúan utilizando medidas discrecionales para obstaculizar el acceso a sitios web de medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, y a las plataformas de organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos».
Este informe reseña que «los bloqueos digitales se ejecutaron contra 40 medios nacionales y extranjeros el año pasado, y que la censura en línea también se expresó bajo la modalidad de ciberataques, actos que dejaron inaccesible a portales de noticias».
«Estas medidas demuestran la persistencia de la política oficial de controlar el flujo de información», advierte.
«Las condiciones de la libertad de expresión y el acceso a la información en el ámbito digital en Venezuela continúan navegando entre el asedio, el control y la precariedad, de acuerdo con“Derechos fuera de línea”, señala Ipys en un comunicado.
«Durante el año 2022, se observó un panorama preocupante en cuanto a los derechos digitales en Venezuela. La persistencia de la censura, los bloqueos de sitios web, el asedio y la criminalización de los medios de comunicación y
los periodistas en el ámbito digital representan una grave amenaza para la libertad de expresión y el acceso a la información», señala el minucioso informe que retrata en 22 páginas uno de los peores escenarios para un país de la región.
«Estas prácticas restrictivas, junto con la precaria infraestructura de las telecomunicaciones y los servicios públicos fundamentales como la electricidad, así como el control estatal sobre el flujo de información, han agravado la situación de la libertad de expresión y el acceso a la información por parte de los ciudadanos. Solo a través de la protección y promoción de estos derechos se podrá avanzar hacia una sociedad más libre, plural y democrática», concluye Ipys.
Cómo se ejercen la censura y la desinformación
Se identificaron episodios de censura selectiva en varios portales de noticias, entre ellos Al Navío, Alberto News, Aporrea, Armando.Info, Caraota Digital, Correo del Caroní, Correo del Orinoco, Crónica Uno, Diario 2001, Dolartoday, Efecto Cocuyo, El Cooperante, El Nacional, El Pitazo, El Tiempo de Colombia, El Universal, EVTV, Globovisión, Infobae, Infodio, La Mañana, La Patilla, Maduradas, Minuto 30, Monitoreamos, Noticia al Día, Noticia y Punto, Noticias de Venezuela, Noticiero Digital, NTN24, Primer Informe, Punto de Corte, Runrunes, Sumarium, Su Noticiero, Telesur Libre, Venezuela al Día, Vivo Play y VPI TV, señala Ipys sobre la investigación hecha con estándares internacionales.
«En medio del asedio, la censura y el control, los derechos digitales están desconectados en Venezuela».
«Durante 2022 persistieron las prácticas sistemáticas de persecución, bloqueos, desinformación y vigilancia en Internet, profundizando aún más la erosión de las libertades fundamentales de la población venezolana que enfrenta una compleja y continua crisis política, económica y social».
«Además, la infraestructura de telecomunicaciones en el país se encuentra en un estado muy precario y desactualizado, lo que dificulta garantizar la conectividad equitativa, accesible y de calidad en todo el territorio nacional. En un país donde el espacio digital es limitado, la libertad de expresión sigue en declive debido a amenazas, criminalización y hostigamiento hacia la prensa crítica, como parte de una estrategia para socavar la independencia y la pluralidad de los medios en todos los ámbitos».
«Este es el preocupante escenario de agravios que afecta al espacio cívico, incluyendo Internet, y que refleja el impacto de la hegemonía comunicacional promovida por el poder estatal durante más de dos décadas».
El informe recopila una minuciosa lista de eventos, mes a mes:
- En total, se registraron 59 violaciones a lo largo del año
- Que incluyen el cierre y la suspensión arbitraria de 8 cuentas en redes sociales (8).
- 40 bloqueos selectivos de sitios web.
- 4 ataques selectivos de denegación de servicio (DDoS)
- 2 hackeos
- 2 casos de suplantación de identidad.
- 1 acceso ilícito a medios o soportes digitales
- 1 phishing (suplantación de identidad).
«Preocupa especialmente que las medidas restrictivas a los espacios de información, tanto en línea como fuera de ella, no solo condicionan el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en Venezuela, sino que también fomentan la autocensura entre los medios, los periodistas y la sociedad».
Con apoyo obligado de empresas privadas
«Además la libertad y la seguridad de la ciudadanía en la red tampoco se salva de los controles a través del manejo de datos y de la vigilancia. Este escenario que afecta los derechos de las personas en línea, supone un riesgo importante en lo que respecta a las comunicaciones privadas de activistas de derechos humanos, políticos, investigadores y periodistas, pues el gobierno, entendiendo la importancia de almacenar información personal lleva a cabo mecanismos arbitrarios con la complicidad de plataformas digitales que recopilan estos datos sin ninguna autorización por parte de los usuarios».
Ipys recuerda que un informe de transparencia de la trasnacional española Telefónica (Movistar Venezuela), reveló en junio de 2022 que «más de 1.5 millones de sus usuarios en el país son vigilados a través de las telecomunicaciones y los servicios que presta la empresa a petición del Estado venezolano».
Ese documento de Telefónica confirma que «las comunicaciones de más de 21% de los clientes de Movistar en el territorio son interceptadas, y sus datos de abonados entregados a los cuerpos de seguridad y a representantes de la justicia, bajo el argumento del cumplimiento de normativas venezolanas».
«Estas restricciones a los medios digitales, en su mayoría independientes y privados, fueron aplicadas por los principales proveedores de Internet, como Cantv, Movistar y Digitel».
Según la organización no gubernamental Freedom House en su último informe sobre Libertad en la red en 2022, Venezuela obtuvo un resultado de 30 puntos, en una escala de “libertad de internet” en la que un valoración de 70 a 100 es libre.
En el picadero de las redes sociales
Durante el año 2022 se observaron numerosos casos de amedrentamiento y criminalización del periodismo a través de las redes sociales. «Estos actos no solo generan una pérdida generalizada de confianza en la prensa, sino que también fomentan la autocensura, lo cual tiene consecuencias perjudiciales para la libertad de expresión, el acceso a la información y la democracia en Venezuela».
«Según los registros de IPYS Venezuela, se documentaron casos de discurso estigmatizante en línea dirigidos a 22 trabajadores de la prensa, 10 medios de comunicación, seis defensores de derechos humanos y cuatro organizaciones no gubernamentales. Los responsables de estos ataques incluyen simpatizantes del gobierno y funcionarios públicos, quienes utilizaron insultos, descalificaciones, campañas sistemáticas de desprestigio y desinformación, así como acusaciones de criminalización que incitaron al uso de sanciones y procesos judiciales para debilitar la independencia, la diversidad y la calidad informativa.
Como ejemplo, Ipys cita el caso del empresario Esteban Trapiello, vinculado al oficialismo y director general del canal La Tele Tuya (TLT).
En su cuenta de Twitter Trapiello llamó «ladrones» a reconocidos periodistas como Alonso Moleiro, Román Lozinski, Leopoldo Castillo, Carla Angola, Alberto Rodríguez Palencia, Luis Carlos Díaz, Gabriel Bastidas, Pedro Pablo Peñaloza, María Teresa Romero, Elizabeth Fuentes, Naky Soto y Carlos Correa. Estos ataques difamatorios fueron retuiteados por Diosdado Cabello y otros seguidores del gobierno, quienes también acusaron a los periodistas de ser «palangristas», «sicarios
mediáticos», «ratas» y «ladrones».
Días después, el 18 de enero, Trapiello acusó de “enchufados y ladrones” a los medios Caraota Digital, Efecto Cocuyo, El Estímulo, El Pitazo, TVV Noticias, VIVOPlay y La Patilla, y al periodista Roland Carreño, que permanece injustamente preso desde octubre de 2020.
Otra víctima de los ataques del empresario fue la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero (Apevex), a la que en abril calificó de “extorsionadores de la información”.
Por su parte, la organización civil Transparencia Venezuela y su directora ejecutiva, Mercedes de Freitas, también fueron difamadas y amenazadas a través de la red social Twitter, luego de que ésta participara en el diálogo interactivo que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebró el 18 de marzo en Ginebra, con motivo de la última actualización oral de la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela.
«Las prácticas para eliminar o restringir la circulación de información en la red también se ejercieron desde las redes sociales. Aunque hay temas y discursos que no están protegidos por el derecho a la libertad de expresión tanto dentro como fuera de Internet, son frecuentes las denuncias sobre la aplicación de censura por parte de las plataformas digitales, sin que existan razones jurídicas que respalden estas decisiones de moderar o suspender ciertos contenidos noticiosos».
Con las peores plataformas
El documento de Ipys reseña que la infraestructura de telecomunicaciones en Venezuela «se mantiene desactualizada e incapaz de garantizar el acceso a internet para toda la población».
«En medio de la crisis económica que ha resultado en una falta de inversión por parte del gobierno y de las empresas privadas en estas instalaciones y tecnologías, además de la limitada capacidad de los ciudadanos para pagar los servicios de conexión de mejor calidad, la brecha digital se expande y con ello también aumenta el déficit democrático en el país».
Los registros de IPYS Venezuela dan cuenta en 2022 de 259 denuncias de eventos de desconexión principalmente desde las empresas Cantv, Movistar y Digitel, por fallas frecuentes en el funcionamiento de las antenas de estos proveedores.
Estos hechos comprendieron 156 restricciones por razones desconocidas, 63 por apagones, 35 por cortes de fibra óptica, tres denuncias por robo de equipos de telecomunicaciones, y dos por daños de estos artefactos. Pese a la continuidad y repercusión de estos incidentes, en la mayoría de los casos no hubo publicaciones oficiales que aclararan las causas de estas afectaciones, y cuánto tiempo tardarían en restablecerse sus servicios en las zonas afectadas.
En marzo de 2022 la agencia estatal de control de las telecomunicaciones Conatel publicó cifras hasta 2020.
«Los datos más alarmantes del reporte muestran una continua disminución en la penetración de internet en el país, que pasó de un 58,42 % en 2019, con 16.711.728 usuarios reportados, a un 53,66 % en 2020, con 15.557.180 usuarios, siendo la cifra más baja registrada por el ente desde 2014, cuando se contabilizaron 15.940.838 usuarios conectados».
Según ese informe de Conatel, en el 2020 también se observó una disminución en el número de suscriptores de telefonía móvil, lo que resultó en un descenso de más de seis puntos en la penetración de suscriptores del sistema de telecomunicaciones, pasando del 57,08 % en 2019 al 50,40 % en 2020. Estos datos reflejan que los venezolanos están cada vez más desconectados, no sólo en términos de acceso a internet.
