Alto Comisionado de la ONU: "Preocupa el uso de la legislación antiterrorista contra manifestantes"

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, presentó este viernes 13 de diciembre su actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela durante una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos. En su intervención destacó una vez más las graves violaciones que persisten en el país e hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que redoble sus esfuerzos en apoyo al pueblo venezolano.

El Alto Comisionado subrayó su profunda preocupación por las persistentes violaciones a los derechos humanos, que incluyen el uso desproporcionado de la fuerza durante las protestas postelectorales de julio y agosto, cuando las autoridades recurrieron a la represión violenta, incluidas las acciones de civiles armados que apoyaban al gobierno.

«Echando la vista atrás a los últimos meses, sigo profundamente preocupado por el uso desproporcionado de la fuerza y la violencia durante las protestas postelectorales de julio y agosto, incluso por parte de civiles armados que apoyaban al gobierno», dijo en su intervención: «Insto a que se lleve a cabo una investigación rápida y efectiva de al menos 28 homicidios que, según se reporta, incluyeron a manifestantes, transeúntes y miembros de las fuerzas armadas». 

Además, denunció la detención arbitraria de más de 2.000 personas, muchas de las cuales siguen privadas de libertad sin pruebas claras y sin juicio, lo que incluye adolescentes y defensores de derechos humanos, periodistas, y líderes de la oposición.

«Me preocupa el uso continuado de la legislación antiterrorista contra manifestantes, incluidos adolescentes, y los informes sobre desapariciones forzadas y malos tratos», dijo.

La situación de los detenidos es especialmente alarmante, con condiciones de encarcelamiento deplorables. Los centros de detención están saturados, las celdas están hacinadas y los detenidos carecen de alimentos, agua potable y atención médica adecuada. El Alto Comisionado instó a las autoridades venezolanas a garantizar condiciones de detención que respeten las normas internacionales, proporcionando a los detenidos la atención médica urgente que requieren. También destacó las desapariciones forzadas y los malos tratos infligidos a los detenidos, hechos que se han documentado a lo largo del último año.

Un tema particularmente relevante que se trató en la actualización fue el cierre progresivo del espacio cívico en Venezuela. En su declaración, Turk expresó su preocupación por la persecución, hostigamiento y amenazas dirigidas contra defensores de derechos humanos, miembros de la oposición política, periodistas, y trabajadores humanitarios. Subrayó que al menos tres organizaciones no gubernamentales han tenido que cesar sus actividades debido a la intimidación y la represión por parte del gobierno, lo que ha contribuido a crear un ambiente de temor y desconfianza.

También se refirió a las leyes restrictivas como la Ley Simón Bolívar y la Ley de ONG, que tienen el potencial de restringir severamente libertades fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación, poniendo en peligro los derechos de los ciudadanos venezolanos a organizarse y expresarse libremente.

«Es esencial que las autoridades tomen medidas urgentes para garantizar un espacio cívico abierto e inclusivo, en consonancia con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Esto es importante para cualquier sociedad, y especialmente en Venezuela ante la toma de posesión en enero y las elecciones previstas para el próximo año. Se necesitan con urgencia negociaciones políticas entre las distintas partes interesadas para acordar un camino viable. Pido que todos los procesos electorales sean transparentes, inclusivos, pacíficos y plenamente acordes con las normas internacionales de derechos humanos».

En cuanto a los venezolanos que han huido del país debido a la crisis, el Alto Comisionado hizo un llamado a los países de la región para que brinden una protección internacional adecuada, adoptando políticas flexibles para los venezolanos cuyos documentos de identidad han caducado o están incompletos, garantizando que puedan encontrar refugio sin temor a ser rechazados.

«Mi oficina ha recibido informes fidedignos de que personas defensoras de los derechos humanos, dirigentes sindicales, periodistas, miembros de la oposición, trabajadores humanitarios y personal que trabaja en los colegios electorales han sido objeto de amenazas y hostigamiento. Dado que muchos han abandonado Venezuela, animo a los Estados de la región a garantizar su protección internacional y a adoptar un enfoque flexible en relación con los documentos de identidad expirados». 

El Alto Comisionado también exigió que sean liberadas de inmediato todas las personas detenidas arbitrariamente, incluyendo a defensores de derechos humanos. La liberación de estos y otros detenidos debe cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos y garantizar procesos judiciales justos, además de garantizar su seguridad una vez en libertad.

«Las autoridades anunciaron la liberación inicial, con condiciones, de más de un centenar de personas detenidas. Desde entonces han anunciado nuevas liberaciones. Se trata de un paso importante», reconoció Turk: «Animo a las autoridades a que revisen los casos de las personas que siguen detenidas, en consonancia con las garantías procesales internacionales y otras normas de derechos humanos. Insto a que se ponga en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente, tanto antes como después de las elecciones presidenciales. Esto incluye a los defensores de los derechos humanos, como Javier Tarazona y Rocío San Miguel, y a los trabajadores humanitarios». 

El informe también incluyó una mención especial a la situación de los más vulnerables dentro de Venezuela. El Alto Comisionado insistió en que las autoridades deben garantizar a los detenidos «alimentos adecuados, agua potable y atención médica» mientras permanezcan privados de libertad, ya que muchos de ellos están en condiciones de hacinamiento extremo y requieren atención médica urgente.

Turk también se refirió a las sanciones aplicadas contra el Estado venezolano: «Me gustaría señalar de nuevo que las amplias sanciones sectoriales tienen un impacto desproporcionado en los más vulnerables, y también afectan al trabajo de algunas organizaciones de derechos humanos y humanitarias. Es necesario reevaluarlas y levantarlas». 

Tras la intervención del Alto Comisionado, Miguel Pizarro, Comisionado para Relaciones Exteriores y la ONU de la Asamblea Nacional de Venezuela, agradeció públicamente el apoyo de los países que han respaldado el informe y se han comprometido a seguir luchando por los derechos humanos en Venezuela: “El informe presentado hoy por el Alto Comisionado y el respaldo de los Estados miembros son un claro mensaje: la voz de los venezolanos sigue siendo escuchada”.