Más que una certeza, la noticia de la ley de amnistía se procesa con cautela entre familiares y ONG. Todos coinciden en que debe haber condiciones para ofrecer reparación y justicia y que se debe empezar por escuchar a las víctimas, sus familias y la sociedad civil
La noticia de aprobar una ley de amnistía en Venezuela, anunciada por Delcy Rodríguez, ha devuelto la esperanza a cientos de familiares de presos políticos. Lo ven como una posibilidad de un reencuentro con libertad plena, o al menos eso dio a entender la presidenta encargada tras resaltar que es una medida para garantizar una convivencia en paz en el país.
Hasta ahora, lo único que está claro es que la ley de amnistía abarcaría «todo el período de violencia política desde 1999» y que el proceso de redacción debe iniciar la primera semana de febrero de 2026. Algo clave es que el proceso de redacción queda en manos de la Comisión para Revolución del Poder Judicial, la cual preside Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, y también del Programa de Convivencia y Paz.
El pasado 8 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que excarcelarían a un «gran número» de presos políticos. Esa información cayó con tanto optimismo como la de la ley de amnistía, pero desde ese día poco más de 300 personas han sido excarceladas según registros de las ONG.
A las afueras de los centros de reclusión hay decenas de madres, esposas, hermanas y más familiares esperando la excarcelación de sus seres queridos. Eso no ha cambiado la mañana del 31 de enero. Todos se mantienen allí hasta ver que la medida se concrete.
Es por ese motivo que las organizaciones defensoras de derechos humanos, como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Provea y el Foro Penal han recibido el anuncio con especial cautela.
«Esta cautela responde, en particular, a la experiencia acumulada en procesos anteriores y a la preocupación fundada de que un número significativo de personas detenidas por motivos políticos, especialmente presos de larga data, pueda quedar excluido de esta iniciativa», escribió JEP la noche del viernes tras el anuncio.
Provea también ofreció sus motivos: «El anuncio de una amnistía no debe ser concebido, bajo ningún concepto, como un perdón o medida de gracia de parte del Estado. Recordamos que estas personas fueron arbitrariamente encarceladas por ejercer derechos amparados en instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Nacional y en las leyes venezolanas».
Además, recuerda: «No es el Estado quien debe perdonar. Son los responsables de graves crímenes quienes deben pedir perdón a las víctimas y a la sociedad, y asumir su responsabilidad ante la justicia por los abusos cometidos».
Las tres ONG coinciden en que la mayoría de las personas detenidas por razones políticas no cometieron delitos, sino que fueron criminalizadas por ejercer derechos fundamentales. Por ejemplo, libre asociación y manifestación pacífica o la libre expresión y solo por eso fueron llevadas a la cárcel mediante procesos arbitrarios.
En ese sentido, la exigencia principal de todas es que debe existir un criterio de inclusión y exclusión y claridad sobre el destino de los procesos penales que no cubre la ley.
«La exclusión de determinados grupos de presos políticos consolidaría una diferenciación inaceptable entre víctimas», dice JEP.
1. Contar con la participación activa de toda la sociedad civil, de las ONG de derechos humanos y especialmente las víctimas de la prisión y persecución política en Venezuela en su redacción, aplicación y seguimiento.
2. Definir claramente su alcance y cumplir con el mandato previsto en el artículo 29 de nuestra Constitución, que prohíbe expresamente que la amnistía favorezca o incluya a quienes hayan cometido violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.
3. Garantizar la «no repetición» para asegurar que las violaciones a los derechos humanos que le dieron origen no vuelvan a ocurrir.
4. Sustentarse y formularse con base en los principios nacionales e internacionales que rigen las amnistías como mecanismos jurídicos, políticos y sociales necesarios al logro de la reconciliación, la justicia y la paz nacional.
5. Apoyarse en su formulación, aplicación y seguimiento en los organismos internacionales de protección a los derechos humanos, haciendo valer los pronunciamientos, opiniones, decisiones y recomendaciones que se han dictado sobre los casos de los presos y perseguidos políticos de nuestra nación a lo largo de todos estos años.
6. Exigir de los operadores de justicia, en su aplicación, el respeto irrestricto a los principios de la afirmación de la libertad y de la favorabilidad, evitando que cualquier duda sobre la aplicación de la amnistía sea resuelta de manera desfavorable al preso o al perseguido.
Posición oficial de nuestra ONG, el @ForoPenal, ante el anuncio de una Ley de Amnistía. pic.twitter.com/JNCx4h8dRq
— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) January 31, 2026
El Foro Penal, además, compartió su propuesta de anteproyecto para la ley de amnistía que incluye otras sugerencias tras los anuncios de Rodríguez.
El artículo 2 de esta propuesta dice, por ejemplo, lo siguiente: «La amnistía produce el reconocimiento pleno de la ilegitimidad de las actuaciones estatales que dieron origen a las investigaciones, procesos o sanciones, así como la extinción total de la responsabilidad civil, penal, administrativa, disciplinaria, tributaria o laboral, mediante la finalización definitiva de los procedimientos, penas o sanciones y de todos sus efectos».
Las ONG y familiares de presos políticos han expresado que las excarcelaciones deben continuar mientras se redacta y discute el proyecto de ley. De acuerdo con el Foro Penal, se mantienen en los penales más de 700 personas y en los últimos días se han reportado más casos de personas detenidas y desaparecidas arbitrariamente.
Además, recuerdan que aquellos que han sido puestos en libertad deben cumplir medidas cautelares y tienen prohibido dar declaraciones sobre sus casos.
Justicia, Encuentro y Perdón señala: «La paz y la reconciliación solo serán posibles mediante la liberación plena de todas las personas detenidas por motivos políticos, el cierre de sus expedientes, el reconocimiento y reparación del daño y la garantía efectiva de que la persecución política no volverá a repetirse».
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