La Asamblea Nacional aprobó el martes 4 de noviembre el Proyecto de Ley de la Reforma de la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia en su primera discusión. La propuesta plantea un cambio ya no hay sanciones del tipo penal, pero establece infracciones y sanciones administrativas con multas que pueden alcanzar los 10 mil euros.
«El odio, lamentablemente, no se puede derogar (…) y tampoco se contiene porque empiezan publicando tweets y terminan quemando gente viva (…) Ojalá llegue el punto y el momento en que esta ley sea absolutamente inaplicable, porque las expresiones de odio político hayan desaparecido», expresó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, antes de esta primera aprobación.
La solicitud de reforma de la Ley Contra el Odio la hizo Delcy Rodríguez, presidenta interina, el pasado 29 de septiembre con el objetivo de «avanzar en la despenalización de los tipos penales previstos en esta norma y para corregir desviaciones en su aplicación».
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), así como otras organizaciones, exigió derogar la Ley Contra el Odio por mantener mecanismos de censura y sanciones contra los medios de comunicación y civiles.
«Durante nueve años, esta legislación ha sido utilizada para perseguir a periodistas, trabajadores de la prensa, defensores de derechos humanos y ciudadanos por ejercer derechos fundamentales. Desde 2020, el SNTP ha documentado la judicialización de al menos 27 trabajadores de la prensa mediante el artículo 20 de esta ley», recordó el sindicato.
El SNTP señaló al menos cinco medidas que hacen que esta reforma siga teniendo el mismo impacto: definiciones ambiguas que permiten castigar la crítica; multas que pueden convertirse en instrumentos de silenciamiento; mecanismos que interviene sobre los contenidos y la no respuesta a las víctimas de persecución.
Aun así, el presidente de la AN agregó: «Nosotros estamos empeñados en que no sea una ley que instrumente la persecución de nadie (…) ojalá no necesitaramos una ley de convivencia, pero la necesitamos. Es imprescindible».