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Cavim: balas perdidas de corrupción

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04/05/2016
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FOTOGRAFÍA DE PORTADA: AP | COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DENTRO DEL TEXTO: MERCEDES ROJAS PÁEZ-PUMAR

A 40 años de su creación, la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) se ha convertido en un importador misterioso. Con la expectativa de producir armamento en y para Venezuela, el país “potencia” de Hugo Chávez quedó en su magín ante la dependencia extranjera de armamento bélico y contratos abaleados de corrupción

Para el fallecido expresidente Hugo Chávez, la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) estaba “quebrada” cuando llegó al poder. Así lo sentenció por Globovisión ante la periodista Macky Arenas en el 2000, cuando aún se exponía a entrevistas en medios de comunicación. Desde su creación el 29 de abril de 1975, Cavim ha sido la empresa del Estado encargada no solo de producir y comercializar armas y municiones sino también de satisfacer las necesidades de la Fuerza Armada Nacional, entes gubernamentales y otros clientes. Sin embargo, la compañía fue punta de lanza en el alejamiento de la dependencia internacional que tanto alegaba.

“Se creó para tratar de concentrar las compras militares de la nación. Con el ascenso de Chávez al poder, despegó sus actividades”, indica Rocío San Miguel, abogado y presidente de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Y el mismo Chávez procuró hacerlo público en su programa Aló Presidente, entrevistas, rendiciones de cuenta. Entre sus contratos más sonados, destaca el que transó con Petróleos Mexicanos (Pemex) en el año 2000, con el que se proveería “por dos años toda la carga hueca que necesita para las exploraciones petroleras”.

Cavim era su diamante en bruto para una Venezuela militar. La creación de una nueva planta en Morón, estado Carabobo, para la cual Chávez hizo un acto de inauguración en el 2000, era demostración suficiente de su aparente capacidad de convertir lo que tocaba en oro. “Los soldados estamos preparados para eso, para que nos entreguen una guerra perdida y nosotros la transformamos en victoria, para eso somos soldados”, sentenció entonces.

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Con base en declaraciones públicas, la Asociación Civil Control Ciudadano detalló en su informe Adquisiciones de sistemas de armas y material militar 2005-2012 que Venezuela había adquirido: una fábrica de pólvora proveniente de Irán para la planta instalada en Morón, un centro de mantenimiento de equipos ópticos y optrónicos de Bielorrusia, un centro industrial de comunicaciones de China, fábrica de Kalashnikov de Rusia, con plantas que producirían los fusiles de mismo nombre. Cavim repotenciada era la promesa de una nación armamentista en ascenso, tal como apuntaba su “Comandante en Jefe”.

Potencia en espera

En 2012, doce años después de la instalación de la planta en Morón, Venezuela tendría con qué defenderse. El entonces presidente de Cavim, Julio César Morales Prieto, presentó, desde las instalaciones de la compañía en Maracay, estado Aragua, una serie de promesas bélicas en junio de ese año: la producción de fusiles de asalto Kalashnikov AK-103 y AK-104 y de municiones 7,62 x 39 mm —prometidas a Rusia—; el desarrollo de la granada venezolana para el fusil AK-103; la creación del fusil para francotirador Catatumbo en sus tres versiones 7,62×39 mm, 7,62×51 mm y 7,62 x 54 mm; el vehículo aéreo no tripulado (UAV) Arpía, modelo de cuatro metros de ancho y dos y medio de alto, construido por personal adiestrado en Irán.

Otra gran promesa fue el control de armas dentro de Venezuela. La quimera era tener registrados y seriados los proyectiles que se disparaban o disparan en el país con el propósito determinar no solo el origen de las municiones sino también los autores de crímenes que las usaban. “Esto es un hecho histórico de control, pero no estamos satisfechos. Vamos hacia el marcaje, hacia la serialización (sic), hacia la individualización de la munición”, afirmó en su momento Morales Pietro. Así podrían “determinar qué funcionario o qué persona tuvo bajo su responsabilidad esta munición”, con la Ley para el Desarme, Control de Armas y Municiones en boga y la inseguridad en ascenso. En noviembre de 2012, Cavim entregó más de un millón de balas con su firma y su serial correspondiente: 625.000 cartuchos de entrenamiento a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) y otros 500.000 cartuchos alta expansivas a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), informó el viceministro del Sistema Integrado de Policía, Luis Fernández.

Pero mucha agua turbia corrió bajo el puente en la primera década de la Cavim “potencia”. Podría decirse que su primer contrato opaco se remonta a los inicios de la carrera presidencial de Chávez, cuando hizo referencia a “unos argentinos” que poseían “gran experiencia y potencial para producir explosivos para uso pacífico, claro”. De acuerdo con el exmandatario, los sureños tenían más de diez años sin hacer una transacción con la empresa armamentista venezolana. En menos de un año, los desconocidos tenían un acuerdo de producción de explosivos y fertilizantes, aclaró en su rendición de cuentas de sus 18 meses de gestión el dos de julio de 2000. Chávez jamás hizo referencia directa a los empresarios en ninguna de sus alocuciones, tampoco aparecen en registros de páginas oficiales luego de una búsqueda exhaustiva.

La fábrica Kalashnikov es el ejemplo más palpable del fracaso gubernamental en la producción armamentista de la compañía criolla, aunque fue y sigue siendo su contrato bandera. Pactada con la corporación estatal rusa Rosoboronoexport en 2006, se construiría una planta para la fabricación de fusiles de asalto Kalashnikov AK-103 y otra para sus respectivas municiones en Maracay, Edo. Aragua. Para ello, Venezuela transfirió 1,1 billones de rublos (18 millones de dólares, aproximadamente) a Rosoboronoexport, de acuerdo con el portal infodefensa.com.

La obra estaría lista en 2009, pero la arruga se corrió dos veces (2011 y 2012) y su desarrollo se manchó de corrupción: el exsenador y empresario ruso Serguéi Popelniujov –propietario de la contratista principal de la fábrica- fue acusado por el Ministerio de Interior ruso de fraude en gran escala por el desvío de 1,1 billones de rublos para la construcción de las plantas criollas. Aunque se paralizó en 2014 con un acabado de 70%, la fábrica Kalashnikov se completará entre 2016 y 2017, según declaraciones del embajador de Rusia en Venezuela, Vladimir Zaemskiy.

Claroscuros

La adquisición armamentista a países como Rusia y China despertó la alerta de la opinión pública y ONGs, junto al acuerdo de confidencialidad que se pactó en la última Asamblea Nacional (AN) chavista, antes del triunfo del 6 de diciembre de 2015. Un silencio gravita alrededor de los acuerdos militares suscritos con Rusia y Bielorrusia. Según el Instituto de Investigaciones de Paz de Estocolmo (SIPRI), Venezuela gastó 162 millones de dólares en compra de armas en 2015, gasto que se acumula a los 5.620 millones de dólares invertidos en los últimos 16 años de gobierno. Entre sus vaguedades, la Memoria y Cuenta 2015 del Ministerio de Defensa especifica las únicas inversiones: 997 armas de servicio para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y 13.605 cartuchos calibre 7,62 x 39 mm tipo bala adquiridos bajo un contrato en ejecución.

La comunidad internacional, no obstante, sí ha estado atenta a las transacciones bélicas criollas. Estados Unidos sancionó en febrero de 2013 a Cavim por la adquisición de armas a Irán, Corea del Norte y Siria. El comunicado emitido desde Washington aseguraba que “existía información creíble que indicaba la transacción o adquisición de equipamiento y tecnología registrada en listas de controles de exportación multilateral o ítems no listados, pero que podrían materialmente contribuir en la construcción de armas de destrucción masiva o programas de misiles balísticos”.

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En Venezuela, indagaciones por parte de instituciones públicas es casi un simbolismo. “Contratos opacos ha habido desde la cuarta, pero antes existía un contrapeso: el Congreso hacía sus investigaciones. Con las composiciones de la AN desde 2005 —mayoritariamente chavista—, nunca se abrió ninguna averiguación sobre los muy particulares casos en que se celebra la compra de armas en el país”, explica San Miguel, quien no encuentra casualidades entre el posicionamiento dominante chavista en la Asamblea y los contratos multimillonarios que se han transado fuera de la luz pública.

Supuestas investigaciones por parte del Sebin y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DIM) sacaron de su plaza al expresidente de la compañía, José Vicente Padilla, informó José Vicente Rangel en octubre de 2014 por su programa José Vicente Hoy en Televen. Padilla ostentó el cargo durante dos meses y fue destituido por Nicolás Maduro. Las indagaciones ni los porqués salieron a la luz pública. Como en toda entidad gubernamental de comienzos de siglo, la inestabilidad de sus presidentes en el cargo es característica. La empresa ha tenido seis presidentes desde que Chávez llegó al poder.

Ni siquiera la explosión en una de sus plantas de Maracay, ocurrida el 30 de enero de 2011, fue motivo de pesquisas y comprobación de hechos. Un muerto y tres heridos —confirmados por el entonces gobernador del estado Aragua, Rafael Isea— fue el saldo que dejó el incendio registrado en tres depósitos de Cavim. Según Isea, se evacuaron a 10 mil personas hasta Coliseo Limón, el Parque Las Ballenas o el Cuartel Páez, lugares dispuestos por las autoridades para brindar atención mientras se superaba la contingencia. “Los tres depósitos de municiones que fueron afectados están totalmente controlados, inclusive vamos a dejar un tiempo de reposo para comenzar las investigaciones y ver qué fue lo que causó el incendio”, declaró el ex ministro de Defensa, Carlos Mata Figueroa, horas más tarde. Los resultados aún se esperan.

Mientras en el bando oficialista las actividades de Cavim se asumen con normalidad, sin mayores alardes ni declaraciones, las inquietudes en la toma de decisiones de la compañía y sus repercusiones han resurgido en la AN de Henry Ramos Allup. El diputado y miembro de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario, Carlos Paparoni, y la presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior, Delsa Solórzano, han llamado al actualmente presidente Santiago León Sandoval a comparecer en hemiciclo en vista de la posesión de armamento de guerra por parte de delincuentes.

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Sí, como se lee, al parecer criminales se hacen de armas y balas de Cavim para delinquir. De acuerdo con el diputado Armando Armas, Cavim y sus inconsistencias también están bajo la mira de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, de la que es vicepresidente. “Hemos requerido de Cavim en un comunicado enviado la explicación de cómo llegan armas de guerra a manos de particulares. El Estado no puede lavarse las manos”, explica Solórzano, quien, además de tener un proyecto que se reserva, se le hace imposible localizar documentos al respecto ante la falta de archivo. “Si se han extraviado, hay corrupción. Y si las tiene Cavim y las está comercializando sin rendir cuentas, hay un mercado negro que está importando armas secretamente”, remata Paparoni.

“Cavim, mucho más que armas!”, este desatinado lema da la bienvenida a curiosos y cibernautas a la página web de la compañía de industrias militares del siglo XXI. Las fábricas a medio construir y las negociaciones turbias se suman a sus alianzas y servicios. Las presentan muy orondos. Otros negocios, que no tienen nada que ver con la “seguridad nacional” ni con lo bélico, resaltan. Como la planta envasadora de agua potable desarrollada por Cavim donde se produce Agua Tiuna del grupo Atahualpa. La hidratación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es patrocinada por la compañía de industrias militares, así como el calzado, productos textiles y artes gráficas desarrollados en el Complejo Industrial Tiuna, fruto de la alianza. Dicho grupo ha sido caracterizado por su versatilidad en los negocios y clientes: Misión Sucre, Consejo Nacional Electoral (CNE), CANTV, IVSS, Inatur, Ministerio de Turismo, Dirección de Inteligencia Naval (Dina), Bandes, Banco de Venezuela, Movilnet, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Comunas y Gobierno del Distrito Capital. “En la empresa no hay coherencia de acción. Se usa su figura jurídica para transacciones económicas que no guardan relación militar”, afirma San Miguel. La empresa militar predilecta de Chávez se convirtió en chequera particular de proyectos fracasados, licitaciones de productos comerciales para civiles y contratos internacionales ocultos.

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Para la redacción de este reportaje, se solicitó una entrevista con el presidente actual de Cavim , el General de División Santiago León Sandoval Bastardo, la cual fue fijada en recepción para el pasado 27 de abril. Luego de horas de espera, el mayor Efrén Jiménez, quien trabaja en el despacho de la presidencia de la compañía, informó que el presidente no podría emitir declaraciones ya que necesitaría una autorización del ministro de Defensa Vladimir Padrino López, según la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional. Ante la petición de hablar con algún vocero civil, Jiménez respondió que toda persona que trabajase allí se regía por la misma normativa.