Crímenes de odio, matar por ser mujer, homosexual u opositor

A Yolimar Camacaro la hallaron sus dos hijos menores y esposo acostada boca abajo, con un cuchillo ensangrentado al lado de su cabeza y con heridas profundas en su vientre, torso, cuello, cara y brazo y rodilla derechos. Quince puñaladas que agujerearon el cuerpo ya inerte de esta trigueña de pelo negro, largo y ojos pardos. Murió desangrada a los 33 años en la cocina de su apartamento en Palo Verde el 23 de junio de 2013. “La presión de esas venas en el cuello es tanta que, con una puñalada, borbotea. Ahí no había sangre regada por ningún lado, solo un pozo donde ella estaba tirada. No había indicios ni salpicaduras que evidenciaran un forcejeado, nada. El asesino limpió todo muy rápido y bien”, afirma Zuleima Camacaro, hermana de la fallecida. Lo dice con aplomo y con el expediente de la Fiscalía General, número EXP-17152-13, en sus manos que corrobora sus sospechas.

Las cuchilladas dieron fin a casi 17 años de matrimonio, a la maternidad de tres hijos, a su vida alegre y sin mayores contratiempos. Solo las peleas ocasionales con su esposo, Miguel Barón, manchaban el panorama. “Era muy violento cuando tomaba. Cuando estábamos en reuniones ellos se peleaban. No mostraba agresividad delante de nosotros, aunque los hijos asegura que sí era violento, pero él jamás lo fue delante de nosotros, no”. Paredes adentro se caldeaban los gritos, las amenazas, los moretones, las preocupaciones, que muy pocas veces Yolimar compartía con su hermana. Era tranquila, reservada, “no le gustaba dar explicaciones”, recuerda Zuleima todavía esperando los porqués.

“Solo Dios sabe cuál fue el motivo porque él sigue diciendo que es inocente”, afirma Camacaro. Barón está preso en la cárcel El Rodeo I desde febrero de 2014, con un proceso intermitente que no genera sentencia luego de tres años del hecho. Sin embargo, Zuleima se cuestiona el retardo procesal. “Tanta suspensión de juicio debe tener alguna razón. El abogado defensor debe estar anclándose a algo que le permita a él salir sin que le den sentencia, y eso sí me preocupa. Yo no sé de leyes, pero me han dicho que los presos tienen dos años para que les den sentencia, si eso no pasa hay una caución que los libera”. Traga grueso cada vez que tiene que verle la cara en las audiencias y escuchar cosas como “me las vas a pagar todas”. Camacaro teme ser la segunda fallecida de una familia de cuatro hermanos nacidos en Trujillo. “Ahorita estoy tranquila porque sé que está preso, pero me siento desprotegida. Es el miedo a que el tipo salga, porque si tú amenazas a una persona y tú estás preso lleno de odio, cuando salgas de ahí no vas a salir a recoger flores. Me preocupa que quede en libertad porque sé que va a venir por mí. Tiene demasiada rabia encima. Cree que yo soy la culpable de los tres años que tiene preso, de que esté separado de sus hijos. El único enemigo mío y de mi familia es Miguel Barón”.

Las intencionalidades del atacante rayan en la pasión e incluso demencia. Como el caso de Yolimar Camacaro, la violencia de género deriva en un delito punible y también entra en la categoría de crimen de odio. De acuerdo con estándares internacionales, como los de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales —ILGA por sus siglas en inglés— un delito de esta categoría atenta contra el simple hecho de ser, existir. Color de piel, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, procedencia, origen étnico, estatus civil, nacimiento, impedimento físico o mental, condición social, religión, edad, creencias religiosas, incluso políticas son motivos de agresiones.

Odio político-Odio sexual

Dayfran Camacho tuvo heridas en el costado derecho del cráneo, desviamiento de un disco de la cervical y un reposo de tres meses en el año 2013. Lo que pensaba eran exageraciones sobre hechos violentos cometidos por la plancha afecta al Gobierno en la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela (UCV) lo alcanzó ese año. Luego de terminar una asamblea —que caldeó los ánimos de muchos— supo en carne viva, propia, qué es la inquina. Para aquel entonces no era miembro ni de Sociología en Construcción, plancha oficialista de la escuela de marras, ni de Vínculo, la plancha opositora de la que sí formaría parte meses más tarde. Tenía menos de 20 años y millones de expectativas sobre el paro de profesores por la demanda de sueldos dignos.

A sus 22 años recuerda cómo estaba sentado esa tarde junto a tres compañeros de clases en la sala del centro de estudiantes —controlado por la plancha opositora desde hacía un año. Había llegado allí luego de recibir clases y de presentar un parcial. Se sorprendió al ver a dos muchachos de unos 25 años —que sobrepasaban sus casi dos metros de estatura— entrar a la sala preguntando por la presidenta del centro y por el paro de profesores. “Yo ya sabía por dónde venían esos chamos. Me hice el loco, les dije que estaba en desacuerdo porque íbamos a perder muchas clases, pero que teníamos que sensibilizarnos con los profesores porque ganaban un sueldo que no representaba. No termine la oración cuando ya tenía el primer puñetazo en la cara”. El evento que se resumió en sangre, contusiones y lesiones graves fue recibido con la apatía de los estudiantes que estaban fuera de la sala. “Parecía totalmente orquestado. Me impresionó la indiferencia de todo el mundo cuando comenzamos a decir que nos habían golpeado. Estaban riéndose sarcásticamente. Todos los que estaban ahí eran de la plancha del Gobierno”.

Aunque considera que fue víctima circunstancial, el miedo a que se repitiera un escenario similar le impedía caminar libremente por los espacios de la UCV. “Me debatí entre poner la denuncia en el Decanato y el Rectorado, hasta llegué a pensar en poner la denuncia en la policía. Estaba nervioso, temeroso por mi seguridad, pero pensé ‘mejor me quedo tranquilo, no vaya a ser que tomen represalias contra mí’. Dejé la denuncia en stand by”. De acuerdo con Camacho, hechos como el suyo se daban con más regularidad, al igual que las denuncias a los organismos universitarios competentes.

Callar imposibilita tener una cifra certera de cuántos crímenes de odio se cometen en el país, en sus distintos modos. Alberto Nieves, director de Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI), lo corrobora. Apunta la inconsistencia del dato oficial con los hechos acaecidos. “Por lo general no se denuncia o cae dentro de crimen pasional. Las personas incluso tienen miedo a recurrir a las autoridades. He escuchado muchos casos de agresiones a personas trans que cuando van a un cuerpo policial les dicen ‘¿quién te manda a ser marico?’”.

Para Nieves, la comunidad LGBTI está en desventaja por su invisibilidad legislativa al no existir una ley específica contra la homofobia. Además, Nieves destaca cómo la discriminación hacia dicha comunidad se cuela desde las figuras gubernamentales. “Lamentablemente hay una cultura de discriminación que se ve en el discurso de los políticos. Se promueve la homofobia para agredir al adversario”, explica, mientras recuerda insultos de chavistas a Henrique Capriles.

Con información hemerográfica, la Organización No Gubernamental elaboró el Informe Venezuela 2015 Crímenes de odio por Orientación sexual, Identidad de género y Expresión de género. El documento registra 72 asesinatos por diversidad sexual entre 2009 y mayo de 2015. De acuerdo con sus cálculos, las personas transexuales son las más afectadas: representan 62,1% de las víctimas fallecidas entre mayo de 2013 y mayo de 2015. El coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, afirma que en muchos casos, “solo tenemos conocimiento del crimen cuando la persona es asesinada, que pudo haber denunciado ataques previos pero no tuvo respuesta efectiva de los entes competentes. Por lo general, las personas que sufren los ataques no denuncian. Usualmente hay complicidad de funcionarios policiales en esos actos. Como no están formados para atender situaciones así, se da una doble victimización, los responsabilizan de haber sufrido ese ataque por estigmatización y miedo”.

Con el fin de evitar ser parte de las estadísticas por su inclinación sexual, el director general de Venezuela Diversa, Yonatan Matheus, y su pareja Wendell Oviedo, se encuentran actualmente pidiendo asilo en Estados Unidos para resguardar su integridad física. Su labor por los Derechos Humanos a favor de las trabajadoras sexuales trans de la avenida Libertador les valió intimidaciones luego de que varios sospechosos o posibles agresores fueran liberados de prisión. “¿De qué quieres la urna, de latón o de caoba?”, recuerda Matheus que le decían por teléfono, según reseñó el portal Efecto Cocuyo. En julio de 2014, Matheus y Oviedo caminaban por los alrededores del Museo de Bellas Artes cuando dos hombres con armas de fuego les detuvieron, les arrebataron sus celulares y les amenazaron de muerte. Dentro de Venezuela Diversa, se enfocaron en la denuncia de actos de brutalidad, abuso sexual y ataques a dicha población.

Como ellos, la ACCSI contabiliza 67 casos de personas agredidas por su orientación sexual entre 2009 y mayo de 2015. “El tema legal pendiente es la discriminación a la comunidad LGBTI”, indica Uzcátegui, quien recuerda avances legales en la materia como la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial. Mientras tanto, crímenes de odio de distinta índole se cuelan en los limbos legales y la falta de datos oficiales.