El mercurio y los residuos industriales destruyen Guayana

En el sur del país, en zonas rodeadas de selva y biodiversidad, hay quienes se dedican a hurgar en el fondo de los ríos para extraer un poco de oro. Abren agujeros sin piedad, desechan mercurio y, si es necesario, talan árboles. Hacen lo que sea para obtener ciertas ganancias que, en el caso de algunos pequeños mineros informales, se traduce en dinero para comprar esa comida que cada vez está más cara.

Últimamente se ha hablado mucho del asunto, después de que Valentina Quintero escribiera en El Nacional sobre la minería ilegal dentro del Parque Nacional Canaima, específicamente en Campo Carrao. Fue una denuncia que generó alarmas por tratarse de la primera mina dentro de los linderos de esta área protegida. Pero, en realidad, el problema es muy amplio: se calcula que alrededor de 15.000 mineros trabajan en más de 30 zonas en Bolívar —principalmente en las cuencas de los ríos Caroní, Cuyuní y Caura— y Amazonas, una entidad en la que está prohibida esta actividad, de acuerdo con un decreto de 1989.

También se ha denunciado la activación de minas que el Gobierno ha intentado desmantelar en varias oportunidades. Alejandro Lanz, director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela, con sede en Ciudad Guayana, ofrece un ejemplo: desde hace 2 meses comenzaron fuertemente los trabajos mineros dentro del lago de Guri, en una isla del sector San Pedro de las Bocas. “Allí trabajan unas 2.300 personas y hay 400 equipos”, asegura.

Efectos perversos

El problema de la pequeña minería está hecho de una madeja complicada de intereses, actores, culpables, víctimas y consecuencias. Una de ellas se produce por lo que proviene de ríos como el Caroní, Carrao y Paragua. Lanz explica que, al extraer el oro, se levantan sedimentos que van a parar a las turbinas de la Represa del Guri, que producen 70% de la electricidad del país. “Cuando las turbinas se someten a este tipo de presión, se reduce su vida útil. Se generan pérdidas millonarias de dinero y se pone en riesgo la seguridad eléctrica de la Nación”, dice. Representantes del Gobierno, como el ministro de Turismo, Andrés Izarra, han admitido esta grave situación.

Pero, más allá de este problema estratégico y de servicios, hay un efecto aún más nocivo: la contaminación por mercurio. Alejandro Álvarez, integrante del Comité Coordinador de la Red ARA de Organizaciones Ambientales No Gubernamentales de Venezuela, explica que el oro se asocia generalmente a otros elementos. Se ha hecho común, entonces, la mezcla del mineral con mercurio para hacer una aleación; luego, dice, se quema esa unión y el mercurio se evapora: así, el oro queda libre.

En ese momento, como los mineros no cuentan con ninguna protección, aspiran el material tóxico. Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, publicado en 2004, reveló que 52% de los trabajadores de centros de procesamiento —denominados molineros— en Bloque B, El Callao, tenían 100 microgramos de mercurio por cada gramo de creatinina en orina. Esa cantidad, señala el documento, está asociada con la presencia de daños neurológicos.

Justamente, Salvador Penna, investigador del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de Oriente, señala que el mercurio inorgánico —el que se emite por la quema— produce daños en el sistema nervioso central, el cerebro, el cerebelo, lo que se traduce en alteraciones de la coordinación motora y visual, además del pensamiento.

Antonio Machado Allison, biólogo y profesor del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Universidad Central de Venezuela —con investigaciones sobre minería—, agrega otra fuente: los peces. Explica que los residuos del mercurio llegan hasta el agua. Allí, por la acción de microorganismos, se transforma en metilmercurio, que entra en la cadena trófica o de alimentación. En todo este proceso, el mercurio se va bioacumulando, hasta que, finalmente, llega a las personas que consumen peces contaminados.

Si se trata de peces migratorios, explica, el mercurio podría viajar a miles de kilómetros de distancia, por ejemplo a la boca del Orinoco y de allí a otras fronteras. Esta sustancia también puede entrar al cuerpo a través del agua contaminada. Penna señala que, en estos casos, el metilmercurio es capaz de producir alteraciones en el sistema nervioso central, malformaciones y trastornos de crecimiento en los bebés, además de problemas en el aparato reproductor masculino —de acuerdo con estudios que el especialista ha realizado junto a otros expertos desde 1988.

Una investigación más reciente —cuyos resultados principales se publicaron en el informe La contaminación por mercurio en la Guayana venezolana: diálogos para la acción, elaborado por Red ARA y publicado en 2013— señala que la población indígena está especialmente afectada: 92% de las mujeres que se examinaron en comunidades Ye’kuana y Sanema, en la cuenca del río Caura, tenían concentraciones de mercurio superiores a la cantidad aceptada por la Organización Mundial de la Salud. Esto es, 2 miligramos por kilo. Venezuela tendrá la obligación de cambiar esta situación, en caso de que ratifique el Convenio de Minamata, que firmó en octubre de 2013 y que ofrece directrices para reducir las emisiones de mercurio.

A eso se debe sumar la relación de la minería con la malaria. En el estado Bolívar se concentra 85% de los casos de malaria de todo el país: 62.587 del total de 73.572 que se contabilizaron hasta el 1º de noviembre de 2014, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud. De esa cantidad, 43.884 se identificaron en el municipio Sifontes, un lugar con alta actividad minera. Machado explica que esta vinculación se debe a que las condiciones sanitarias son deficientes, se abren agujeros que se llenan de agua, no hay mosquiteros. Un ambiente propicio para el desarrollo de la enfermedad.

A esta lista se deben agregar otras consecuencias, tanto ecológicas como sociales: la desviación del curso de los ríos, la destrucción de hábitats y la violencia —el Correo del Caroní reportó que hasta junio de este año hubo 39 muertos a raíz de luchas por el control de las minas. Y todo eso ocurre ante la imposibilidad del Gobierno para frenar esta actividad ilegal: de los 5 programas que se han anunciado desde 2003, ninguno ha rendido suficientes frutos.

En septiembre de este año se informó que el Plan Caura —para el que se destinaron en 2010 50 millones de dólares— había desmantelado 220 campamentos ilegales. Pero la minería no parece tener fin. Para Machado, el problema es que se mudan a otro lugar y continúan con su trabajo. “Es un asunto de corrupción que hay que eliminar”, dice. Y agrega que es utópico pensar que se va a acabar por completo con esta actividad, que ocasiona daños sea legal o ilegal. A su juicio, lo que hay que hacer es minimizar las afectaciones ambientales y humanas, con metodologías para retener el mercurio, que ya existen.

Álvarez señala que los planes no han funcionado por ineficacia y discontinuidad administrativa. A eso se suma que no existe una actividad económica que pueda competir en ganancias con la minería: el 29 de noviembre, una onza de oro —alrededor de 30 gramos— estaba valorada en 1.167 dólares.

Lodos peligrosos

Además de la minería y sus efectos perniciosos, en la región de Guayana hay otro problema ambiental del que poco se habla: los lodos rojos que se producen en CVG Bauxilum, en la Zona Industrial de Matanzas, en el estado Bolívar. Se trata de un residuo que se obtiene de la transformación –con altas presiones y temperaturas, a través de lo que se conoce como método Bayer–, de la bauxita en alúmina.

Esos lodos se depositan en tres lagunas que se encuentran a poca distancia del río Orinoco. Gustavo Montes, investigador y consultor ambiental que hace seguimiento de esta situación desde hace décadas, dice que esta sustancia está formada por hidróxido de sodio o soda cáustica y el óxido de hierro que le da el color rojo. “Tiene un PH muy elevado, de 12,5 aproximadamente, por lo que puede dañar la piel y, si hay contacto con los ojos, producir ceguera. Es muy venenoso”, dice. Y agrega: “Es el pasivo ambiental más grande y peligroso”.

Los riesgos de contaminación son altos. Un informe de la Contraloría General de la República, publicado en 2012, señala que hubo irregularidades en el manejo de ese residuo entre 2009 y el primer trimestre de 2010. “CVG Bauxilum estaría filtrando líquidos con concentración cáustica que confluyen en el entorno natural adyacente al sistema lagunar, bien sea a las lagunas naturales o al río Orinoco, lo que repercute de manera adversa en el ecosistema”, dice el documento.
A eso se debe sumar que las lagunas ya llegaron a su tope de capacidad. Montes señala que las fosas funcionan desde 1979, cuando se fundó Bauxiven —que en 1994 se fusionó con Interalúmina para crear Bauxilum—, y su vida útil era de 21 años. En 1998, dice, comenzaron a rebosarse estas estructuras y hay indicios de que empezaron unos vertidos al río Orinoco. Por eso, en 1999 contrataron a la empresa francesa Pechiney S.A., que se encargó de subir los diques y hacer obras de impermeabilización. “Los trabajos terminaron en 2003 y ya en 2011 la situación estaba igual que en 1998”, explica el especialista.

De acuerdo con sus cálculos, entre 1982 y 2002 se acumularon 32,4 millones de toneladas métricas de lodos rojos, lo que equivale a 1,8 millones de toneladas métricas por año. Después de 2002 la obtención de alúmina bajó; de hecho, de acuerdo con la Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias de 2013, la producción se redujo de 1,37 millones de toneladas en 2009, a casi la mitad en 2013. Pero eso no acaba con el problema, pues los lodos siguen allí, sumados a 4,8 millones de toneladas métricas de soda cáustica, 547 toneladas métricas de arsénico y 965 de plomo, dice Montes. “Todas esas sustancias son perniciosas para la vida acuática”, asegura.

Y, además, hay riesgos de que ocurra un gran vertido, con consecuencias gravísimas para el delta del Orinoco y los indígenas que habitan en estas zonas. “Sería un ecocidio y etnocidio de grandes proporciones. Pero el asunto no llega hasta allí. Aunque se deben hacer los estudios, hay posibilidades de que trascienda las fronteras nacionales y llegue al mar Caribe, con el potencial de provocar una crisis geopolítica”, advierte el biólogo.

Proyectos en mora

Frente a esta amenaza, el Gobierno aún no ha terminado de actuar. Se han propuesto proyectos, pero no se han llevado a la práctica. Por ejemplo, el informe de la Contraloría General de la República hace referencia a un plan de saneamiento de una de las lagunas y a un estudio sobre los flujos subterráneos de licor cáustico, que no se culminaron por falta de recursos.

También, en 2010 estaba previsto el inicio del proyecto Deposición de Lodo en Seco que, de acuerdo con la CVG Bauxilum, mejoraría el almacenamiento de estas sustancias. Sin embargo, la Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias de 2013 señala que la ejecución de este plan estaba propuesta, en su primera fase, para 2014, con una inversión de 38,93 millones de bolívares. Ya en 2012, el presidente Nicolás Maduro había aprobado 49 millones de bolívares y 6 millones de dólares para el proyecto de lodos secos y laguna de lodos rojos.

En 2012, además, se dio a conocer una propuesta del Centro Nacional de Tecnología Química para reducir el PH de estas sustancias —y así sus efectos nocivos— a través de salmueras. Se anunció que el plan comenzaría ese año, con una inversión de 2,6 millones de bolívares, provenientes del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. A finales de 2013, se volvió a anunciar la iniciativa y se prometió instalar la planta piloto en el primer semestre de 2014.

Montes señala que lo primero que hay que hacer es construir una buena estructura de contención y, después, buscar la manera de darle uso a estos lodos. Dice que este residuo puede ser útil: es posible, por ejemplo, recuperar elementos valiosos como el vanadio, cobalto o titanio, o también se puede aprovechar para fabricar ladrillos y otros materiales de construcción. “Las soluciones existen y también tenemos la capacidad técnica, científica y tecnológica. Sólo falta la voluntad política”.