Desde el primer día del juicio lucían confiados. Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas se presentaron en la sala 14 C de la Corte del Distrito Sur de Nueva York con un aire angelical. Vestían pantalones bien planchados, con pliegues, camisas elegante, corbatas combinadas con los pullovers tejidos finamente, de esos que suelen usar los chicos de la secundaria en las escuelas religiosas. Ambos llevaban el cabello bien corto, peinado, y los rostros rasurados. La imagen a transmitir era la de rozagante juventud con ligues de honestidad y mesura.
La estrategia de la defensa exigía de ese ritual diario: había que dejar una impronta indeleble en cada miembro del jurado y presentar una imagen incompatible con la de los delincuentes que quería hacer ver la fiscalía. Una puesta en escena para que el grupo de 12 hombres y mujeres que dictarían veredicto, pudiesen observar a aquellos dos hombres que, como decían sus consejeros, «habían sido víctimas de los perversos criminales que la Administración para el Control de Drogas, DEA, escogió como objetivos para hacerse de una buena recompensa que suelen pagar los gringos cuando se consiguen muchachos estúpidos, muy estúpidos, que toman decisiones estúpidas».
Esa era la intención de los seis abogados que, sin conocer la verdadera naturaleza de lo que ocurre en Venezuela, se atrevieron a decir en la corte que debido a que en el país hay mucha violencia, secuestros y asesinatos, pues «el Estado venezolano se ve obligado a poner guardaespaldas a los ciudadanos».
A lo largo de nueve días se repitió la misma puesta en escena en jornadas que, en ocasiones, llegaron a superar nueve horas diarias. Los acusados se mostraban, además, confiados en que con una defensa de lujo, pagada por el empresario Wilmer Ruperti, contratista de Pdvsa, podrían liberarse de la gravísima acusación que el gobierno federal de Estados Unidos interpuso en su contra por narcotráfico de 800 kilos de cocaína desde Caracas, vía Honduras, hacia territorio norteamericano.
Era lunes, 7 de noviembre de 2016. En la sala había muchas expectativas y una caterva posaba sus ojos sobre aquellas figuras que hasta hacía un año degustaron las mieles que otorga el poder aunque no se ejerza directamente. Durante años, según admitían en grabaciones y confesiones, la arrogancia fue la protagonista en medio de un país consumido por el hambre y la desmoralización. Ahora la pretendida imagen de muchachos inocentes, humildes y solidarios contrastaba con aquella de otrora.
A Campo Flores lo acompañó su esposa el primer día, con quien intercambiaba miradas y hasta besos al aire. La mujer, Jessair Rodríguez Camacho, mostraba el lujo de su vestimenta y accesorios, siempre de marca, que hicieron recordar sus días como empleada de la Asamblea Nacional a la que entró cuando la presidia Nicolás Maduro, en agosto de 2006, sin participar en ningún concurso de selección -comenzó en el preescolar y llegó a asistente legal cuando mandaba Cilia Flores-. Hoy en día labora, según ficha oficial, en el Seguro Social. Otras féminas la acompañaban aquél primer día: Yessika, exesposa de Flores de Freitas y madre de su hijo Arón; y Laury Uzcategui, la nueva prometida. Ninguna de ellas volvió en los días siguientes, pero tampoco se les vio haciendo turismo en Wall Street, como antes a Yessika. Flores de Freitas apenas hacía guiños cordiales. Su actitud era más reservada, taciturna, como de enojo.
Púgiles
Los sobrinos presidenciales nunca dejaron de mostrar confianza en sus rostros. A la prensa la miraban con desdén, arropados por el equipo legal de seis abogados de la más encumbrada crema y nata del derecho criminal neoyorquino. Campo Flores entabló una relación fraternal con sus tres defensores. El brillante Randall W. Jackson junto a John T. Zach y Joanna Wright de la firma Boies, Schiller & Flexner LLP, se esmeraron todo el tiempo por atender al hijastro de Nicolás Maduro. No solo hubo guía legal, sino hasta acomodos de corbata para lucir impecable. Flores de Freitas era asistido directamente por David Rody, un exfiscal que ganó más de 15 casos importantes de drogas y este año fue escogido como uno de los mejores abogados de los Estados Unidos. Junto a él, Michael D. Mann y Elizabeth Espinosa.
Jackson, ex asistente del propio fiscal general de Nueva York Preet Bharara, estuvo en el equipo que logró poner tras las rejas a Bernard Madoff. En la corte como defensor de los Flores, transmitía confianza, seguridad, aires de ganador. Tal vez era parte de la estrategia, comentó Farah, un abogado que lo conoce desde hace más de una década.
Amigos y rivales, Preet Bharara también estuvo en las audiencias para seguir en persona el trabajo de sus dos fiscales asistentes: Emil Bove III y Brendan Francis Quigley. Una vez, en la primera audiencia, incluso le sonró a Jackson, y hasta le dio una palmada en la espalda antes de sentarse al fondo de la sala y desde allí mostrar su mirada penetrante y escrutadora, pero a la vez sencilla. La misma que evidencia cuando, a pesar de tener escoltas y muchas amenazas contra su integridad física, sale a comprar comida en un restaurante cercano a su oficina.
Por la boca mueren los peces
Las jornadas del juicio fueron a sala llena, con bancas abarrotadas. Por ello, los agentes de seguridad se vieron en la obligación de colocar sillas adicionales que fueron ocupadas por periodistas, agentes del FBI y de la DEA, fiscales, abogados y estudiantes. Así se escucharon las acusaciones iniciales del fiscal adjunto, Emil Bove, quien prometió al jurado que escucharían a los acusados hablando claramente de enviar cocaína a Honduras con destino a Estados Unidos, mostró la foto de Campo Flores manipulando un ladrillo de cocaína, y afirmó que la droga que motivó el juicio provenía de las Farc, según confesión del sobrino Flores cuando también dijo que parte del dinero de la operación financiaría la campaña electoral de su tía, la primera dama Cilia Flores.
Por su parte, la defensa aseguró que la operación estaba llena de errores, que no se había encontrado la droga, «cero cocaína», dijo uno de los abogados. Por eso la estrategia fue acusar a la DEA de apuntar a sus clientes debido a su estrecha relación familiar con el Presidente de Venezuela. El abogado John Zach descalificó la investigación, a los informantes y a los agentes de la DEA que participaron en la operación, y advirtió que el hecho de que el gobierno nunca obtuvo cocaína era razón suficiente para que el jurado tuviera «una duda razonable». Fue el camino a seguir y por eso se buscó acabar con la credibilidad de los informantes confidenciales CS1, CS2 y CW1, y de los agentes de la DEA haciéndolos ver como burócratas «incapaces de mantener la objetividad en una investigación que fracasó por la incompetencia de las personas involucradas». No lo consiguieron.
Además, se cuestionaron los métodos para conseguir la confesión grabada, sostenidos en intimidación -«estaban temblando de miedo»- y amenazas a la vida porque, sabiendo que la DEA buscan que los acusados procedan de inmediato con la declaración de culpabilidad para llegar a la cooperación de los involucrados, «pero cuando fracasan en los primeros intentos de llegar a un acuerdo entonces se empeñan en que acusado testifique». El agente de la DEA Sandalio González aclaró que los sobrinos habían declarado de manera voluntaria y que no grabó los interrogatorios por un asunto «únicamente de seguridad». Durante el desarrollo del juicio, la defensa logró que el testimonio del informante de la DEA José Santos Peña fuera desechado. Entonces, los acusados se abrazaron efusivos. El testigo mintió en las declaraciones juradas en la corte y frente a los fiscales federales. El jurado advirtió que era un hombre sin escrúpulos, especialmente cuando admitió que no había dicho la verdad.
Cuando la defensa presentó las conversaciones grabadas en la cárcel de California que sostuvieron el informante CS1, su hijo también testigo cooperante, CS2, y otros dos hijos residenciados en Los Mochis, Sinaloa, en la que podía escuchar cómo acordaban realizar una serie de transacciones con cocaína y anfetaminas, el jurado miró con estupefacción al hombre que sentado en el estrado, vestido con uniforme de prisionero gris y, enseguida, la defensa y sus clientes advirtieron que habían acertado con esta jugada maestra. El testimonio estrella de la DEA en la operación había sido herido de muerte luego de un intenso interrogatorio de David Rody, quien se mostró implacable.
Pero no fue suficiente. El fiscal Brendan Quigley F. tenía grabaciones donde se escuchaban a uno de los «pobres muchachos», como los calificó el diputado del Psuv Pedro Carreño, detallar la operación, decir que había que concretarla rápido, que tenían puerta libre en el principal aeropuerto de Venezuela, con «salida blanca», mencionaba el nombre de Diosdado y al Cartel de los Soles, dejar por sentado el objetivo de hacer millones, admitir que trabajaba en la campaña de su «mamá» y hasta asomar la posibilidad de expandir el negocio hasta Canadá donde tienen «un primo allá que es cónsul». Esas grabaciones se mantuvieron como válidas por parte del juez Paul Crotty.
Otros elementos probatorios de la acusación fueron testimonios de involucrados en la operación, incluyendo a un operador aéreo del aeropuerto de Roatán en Honduras, quien se entregó y confesó participar de narcotráfico -testificó siendo prisionero-, y a Juan Gómez, un colombiano especialista en negocios de droga, informante de la DEA desde 2009, quien afirmó que Franqui Flores de Freitas tenía conocimiento del mundo del narcotráfico, que sabía cómo organizar los planes de vuelo, la mercancía y los pilotos, y además tenía acceso al hangar presidencial de Maiquetía, la famosa Rampa 4.
Gómez explicó al jurado las grabaciones de una reunión del 6 de noviembre de 2015 en Honduras, a la que asistieron los dos acusados y en la cual se concretó que el envío de drogas que se iba a realizar el 15 de noviembre de 2015, entre las 4:30 y 5:15 de la tarde, en un vuelo legal, con plan de vuelo, saliendo desde la Rampa 4 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía hasta el Aeropuerto de Roatán en Honduras.
Veredicto sin corazón
Durante la presentación de los alegatos finales por cada una de la partes, la defensa quiso coronar con éxito el argumento principal de su estrategia: presentar a los victimarios como víctimas, presas de la crueldad y de los manejos perversos de quienes actuaban como testigos cooperantes e informantes de la DEA. Todo con el retorcido fin de asestar un duro golpe al poder político venezolano. Incluso el abogado David Rody llegó a decirle al jurado que «en sus manos está que estos dos hombres regresen a casa con sus familias». Pero la fiscalía fue dura en su presentación de cierre, recopilando las pruebas válidas y admitidas, organizando los testimonios, recordando cada detalle de lo mostrado durante los siete días anteriores para demostrar que los dos venezolanos, sobrinos de la familia presidencial, en todo momento tuvieron muy claro su objetivo de traficar drogas y hacerse de una riqueza fácil distribuyendo narcóticos en Estados Unidos.
Luego de nueve días, el juicio de Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores De Freitas llegó a su fin. El jurado logró conseguir un veredicto unánime luego de seis horas y media de deliberación. Curiosamente, la decisión se produjo con rapidez, pues en casos de narcotráfico suelen tomar, en promedio, entre uno y dos días.
En la sala de audiencias, con todos los presentes de pie y la expectativa a máximo nivel, el presidente del jurado leyó la primera línea del papel que sostenía en sus manos: la hora del veredicto, 5:35 de la tarde. Y luego la palabra final: «Culpable». La sala, en pleno, volteó a mirar ya no a los acusados Flores, sino condenados. Franqui Francisco Flores De Freitas miraba fijamente hacia al frente mientras su abogada, Elizabeth Espinosa, le hablaba al oído y trataba de darle ánimos. La cara del venezolano se mantuvo inexpresiva, su mirada yacía perdida en el horizonte. Su primo Efraín Campo Flores no pestañeó. Su ojos estaban fijos en la pared que sostenía los símbolos patrios norteamericanos, justo detrás del juez Paul Crotty. Su abogado John Zach pasó su mano por detrás de la espalda del condenado para abrazarlo fraternalmente.
Luego, los alguaciles se acercaron sigilosos y callados para escoltar a los dos Flores de regreso a la celda que habían ocupado durante , desde noviembre de 2015. No hubo esposas en las muñecas ni escándalo. Tampoco aplausos ni lágrimas.
La justicia de Estados Unidos contempla cargos de 10 años de prisión a cadena perpetua para delitos de narcotráfico. Campo Flores y Flores De Freitas podrían llegar a un acuerdo de cooperación con la Fiscalía y la DEA a cambio de penas más reducidas. La condena impuesta es de 18 años de cárcel sin fianza, y una multa de 50 mil dólares.
