Newsletter

Recibe nuestro Newsletter con lo mejor de El Estímulo en tu inbox a primera hora cada día.

SÍGUENOS

Tortura y muerte, lo que sucede tras las rejas del Sebin

Sebin-Portada
29/10/2018
|
FOTOGRAFÍAS: EFE

Aunque la versión oficial declara que Fernando Albán se suicidó, las dudas sobre la muerte del concejal se avivan conforme pasan los días. Quienes han sido encarcelados en La Tumba o El Helicoide ponen en tela de juicio las afirmaciones de Tarek William Saab. Ya ha pasado antes: es posible morir bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)

Ser un preso político significa mucho más que perder la libertad. “En esas circunstancias no eres dueño de tu vida”, define Yon Goicoechea, quien al igual que otros activistas políticos cruzó el umbral del Helicoide tras una detención arbitraria por partes de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano.

Cincuenta y seis horas fueron las que Goicoechea estuvo incomunicado desde aquel 29 de agosto de 2016, cuando una acusación de transportar materiales explosivos fue la razón de su arresto y más tarde lo condenó a despedirse de su vida fuera de las rejas. “Los primeros 10 días de mi detención estuve en una celda de castigo de dos por dos; después de eso, no se repitió”, recuerda el dirigente de Voluntad Popular.

Sebin-cita5En su caso, no existen rastros de una tortura física, tampoco de una afectación crónica de salud, más allá de haber sufrido un episodio de hipertensión. Y, aunque el recuerdo de aquellos días enjaulado no le han quitado el sueño, asegura que maltrato psicológico sí hubo.

Durante un año, Goicoechea lidió no solo con tener “una boleta de excarcelación” que el Sebin decidió ignorar, sino con el miedo, “todo el miedo del mundo”, de no conocer lo que pasaría consigo mismo pues los funcionarios del Sebin “te llevan a donde te quieran llevar, no controlas nada. Es una situación muy difícil, se siente mucho miedo, sobre todo porque no hay debido proceso y no tienes certeza de que irás a un juicio”.

Guarda silencio cuando de responder si fue testigo de maltratos físicos a otros “reos” se trata -aunque confirmó Clímax haber evidenciado torturas a terceros cuando afirmó “He visto golpear salvajemente, electrificar y asfixiar personas con bolsas. He visto interrogatorios muy violentos”-; pero sí corrobora que renunciar a la vida es siempre una alternativa a la que muchos acuden durante su estancia en el Helicoide. Yon nunca tuvo intenciones de jugarse esa carta pero la angustia de un día recibir la visita de la muerte siempre estuvo latente. “Ahí no tienes garantía de nada y por supuesto no sabes en qué momento podrías sufrir eso”.

Pero no todos corren con la misma fortuna.

Sebin-Helicoide

La frase “bienvenido al infierno” recibió a Villca Fernández en el Helicoide. Luego de tres días de aislamiento, tras ser detenido el 31 de enero de 2016, una audiencia lo condenó por instigación al odio y divulgación de información falsa.

A diferencia de Goicoechea, Villca sufrió tortura física desde su llegada hasta su salida. “Me guindaron un mes de un brazo, en un pasillo oscuro, con ratas”, recuerda. Durante veintiséis días del mes de febrero de 2016, Fernández solo era bajado una vez al día para ir al baño “casi siempre en las noches”. Frente a él, yacía una celda de presos comunes en la que estaba un dirigente político que conoció “en la calle” y que al reconocerlo le “pasaba agua o algo de comer”.

Villca lo afirma sin tapujos: “el Sebin lo que te da es tortura, busca escoñetarte. No te da nada bueno”.

Dos años y medios de estancia le dejaron a Fernández golpizas por más de 15 funcionarios al mismo tiempo, encierros en un calabozo sin luz, hacinamiento en una celda con más de 50 presos comunes en la que defecaba en un barquito de papel “delante de todo el mundo”, y cuando se declaró en huelga de hambre, la sanción por parte de los funcionarios fue “una golpiza muy fuerte y me trasladaron a una celda de aislamiento”. Además, tenía un grillete electrónico que vibraba en ocasiones. “Fastidia, incomoda, no te deja dormir”.

En esos días también pudo observar cómo a un preso lo asesinaron, cómo a los reclusos políticos y comunes los torturaban con descargas eléctricas, cómo otros reos fueron crucificados, otros colgados de una pierna con los ojos vendados y golpeados, cómo les quebraban las piernas a reclusos “a punta de palo” o les ponían bolsas “con gas lacrimógeno”, jura. Observó como los funcionarios se paseaban por las celdas con boleta de libertad en la mano “diciendo que el tribunal lo decretó inocente, pero ‘si no mandas los verdes no te vas”.

Sebin-cita4Las secuelas de esos dos años se resumen en hipertensión, problemas de columna y en las articulaciones, además de pérdida de más de once piezas dentales. “Envejecí 10 años más”, suscribe. Psicológicamente, las heridas son igual de graves, porque “obligarte a ver como dañan o torturan la vida de otro, te afecta como ser humano. Nunca vuelves a ser el mismo”.

Fernández asegura que en el Sebin “la orden es que te mueras, padezcas, sufras”. Por eso no cree en la versión que el Gobierno ha difundido sobre la muerte del concejal Fernando Albán que insiste en que el detenido optó por lanzarse al vacío desde el piso 10 de la sede del Sebin en Plaza Venezuela, el edificio que se yergue sobre “La Tumba”.

Sebin-LaTumba

Villca conoce las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de memoria pues para él “el deber de todo preso político es conquistar su libertad”, de modo que las ocasiones en las que fue trasladado hasta Plaza Venezuela, lugar donde murió Albán, siempre estuvo observando a dónde podía correr, fugarse, pero “es imposible, siempre estás custodiado, hay cámaras, los baños no tienen ventanas y las de los pasillos siempre están cerradas”.

Villca Fernández considera que “todos los presos políticos de la dictadura corren el riesgo de la suerte de Fernando Albán”, ya que estar en el Sebin te lleva a dos opciones: resistir las torturas y lograr ser libre, o encontrarse con la muerte. Loret Saleh es ejemplo de esa lucha. Durante sus cuatro años de reclusión intentó quitarse la vida en dos oportunidades.

El 16 de abril de 2015, ocho meses después de su encarcelación, Saleh atentó contra su vida por primera vez en “La Tumba”. Juan González Taguaruco, abogado de Saleh, recuerda que el evento se produjo porque “él sentía que estaba muerto y entonces decidió cortarse los brazos para sentir dolor; estaba en un estado de alienación por el aislamiento”. Cuatro días más tarde, Lorent Saleh intentó ahorcarse con una sábana. “Un funcionario del Sebin pasó, lo vio y se le metió debajo y afortunadamente no pasó a mayores”, indica su abogado. Después fue sacado de “La Tumba”, trasladado al Helicoide y encerrado en una celda acompañado.

A su llegada a España, Saleh admitió ante los medios de comunicación que las torturas recibidas en “La Tumba” te llevan “a un punto en que el suicidio o atentar contra tu vida es la única herramienta que te quedaba de defensa (…). Era el único mecanismo que me quedaba de defensa. Si me van a seguir torturando después de un año, entonces me mato”.

Juan González Taguaruco denuncia que Saleh, durante los primeros ocho meses de su reclusión, no tuvo comunicación con su compañero Gabriel Valles. “La única comunicación que tenían era con el custodio que le llevaba la comida o el que lo atendía cuando él pedía ir al baño. Eso es un trato cruel, inhumano y degradante prohibido en la ley contra la tortura, eso es tortura blanca”, asevera.

De igual forma declara que en los 26 meses que su defendido padeció en “La Tumba”, el aislamiento al que había sido sometido lo condujo a perder la sensibilidad del color, le daban desayuno y almuerzo en un transcurso de un tiempo mínimo para desorientarlo y en varias ocasiones lo privaron de la luz solar. Asimismo, asevera que durante sus cuatro años de reclusión, Lorent desarrolló problemas urológicos que hasta el momento de su destierro nunca le permitieron tratarse con un especialista. “Lo llevaron una sola vez al Hospital Militar, le hicieron un eco abdominal con la vejiga vacía, le aplicaron antibioterapia para el dolor y lo devolvieron”.

La duda prevalece

Con la muerte del concejal de Primero Justicia Fernando Albán, el régimen de Nicolás Maduro suma un tercer preso político que muere bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y cuyas detenciones violan los debidos procesos que establece la Constitución de Venezuela.

La noche del 26 de abril de 2014, el testimonio de un ‘patriota cooperante’ fue suficiente para que Rodolfo González, conocido como “El Aviador”, fuera privado de su libertad. El excapitán de Aviación Civil fue acusado de asociación para delinquir, tenencia de explosivos y tráfico de armas de fuego, durante las protestas desarrolladas en febrero de ese año en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.

A casi un año de su encarcelamiento, González se ahorcó en su celda. La razón, según sus familiares, se debió a que a “El Aviador” se le trasladaría al centro penitenciario de Yare. Sin embargo, el Ministerio de Interior y Justicia, mediante un comunicado, informó que “en ningún momento se manejó decisión alguna de trasladar a este ciudadano a otro centro de reclusión del país”. Los familiares de González denunciaron que el caso se manejó con irregularidades, y que jamás se encontraron pruebas que validaran las acusaciones del expediente judicial. Además, aseguraron que Rodolfo González sufrió torturas psicológicas por parte de los custodios.

Sebin-cita3Dos años después, el 17 de diciembre de 2016, el concejal del municipio Páez de Apure, Carlos Andrés García, fue detenido por presuntamente poseer una cantidad importante de billetes de 100 bolívares, moneda que el Gobierno había mandado a sacar de circulación. El también militante de Primero Justicia fue acusado de instigación pública a delinquir, daño violento, incendio en grado de participación y hurto.

En agosto de 2017, tras una crisis de hipertensión y un cuadro depresivo, Carlos Andrés García sufrió un Accidente Cerebro Vascular aún recluido en la sede regional del Sebin. Los médicos del recinto ordenaron el traslado inmediato del concejal, pero los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional acataron la exigencia 12 días después del hecho.

Primero Justicia denunció que el concejal poseía el beneficio de casa por cárcel debido a su delicado estado de salud, pero los cuerpos de seguridad no acataron dicha orden. No obstante, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aseguró que el concejal del municipio Páez había sido trasladado el 18 de agosto de 2017 al Hospital Central de San Cristóbal, en el estado Táchira, por una “patología de hipertensión arterial”, y cuyos exámenes habían arrojado una enfermedad infecciosa inmunodeficiente que pudo haber producido “complicaciones en la patología de toxoplasmosis cerebral”, generando la muerte.

A un año de aquel suceso, ocurrió la muerte del concejal Fernando Albán. Luego de una detención arbitraria el 5 de octubre de 2018, en horas de la tarde del lunes 8 de octubre el fiscal general impuesto por la constituyente, Trek William Saab, informó que Albán se había suicidado en las instalaciones del Sebin en Plaza Venezuela. Según aquella declaración, Albán había solicitado ir al baño, lugar donde se lanzó al vacío. En paralelo, el ministro de Interior Néstor Reverol lo contradijo asegurando que el hecho se suscitó en unas de las ventanas del pasillo del piso 10.

Sebin-Garantías

Dos días después, Saab cambió su versión y hasta negó haber dicho que el suicidio fue desde el baño. Explicó que Albán dijo que iría al baño y corrió hasta una ventana panorámica, que murió al impactar con el pavimento y no antes y que no había evidencia de maltrato físico en el cuerpo previo a esa caída.

¿Se repite la historia?

La muerte de Albán trajo a la memoria de los venezolanos sucesos como los asesinatos de Fabricio Ojeda y de Jorge Rodríguez padre, ambos políticos de izquierda.

El primero, se unió a las filas de la guerrilla venezolana en 1962, y en 1966 el Gobierno de Raúl Leoni ofreció por su captura 2.500 bolívares. El 17 de junio de ese año, Ojeda fue detenido por el Servicio de Información de las Fuerzas Armadas (SIFA) en Playa Grande, estado Vargas. Cuatro días después, se informó que había sido hallado ahorcado en su celda por el guardia que le llevaba el desayuno.

Aunque muchos aseguran que el periodista fue asesinado por funcionarios del SIFA, esta premisa nunca ha sido confirmada. En 2012, luego de 46 años, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó una revisión del caso por inconsistencias en el mismo. Sus restos fueron exhumados por la Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales del Ministerio Público, pero no se difundió una declaración oficial al respecto.

El caso de Jorge Rodríguez, por su parte, sí tuvo justicia. Sospechoso en el rapto de William Frank Niehous, vicepresidente de la Owens-Illinois Venezuela, el 23 de julio de 1976 Rodríguez fue arrestado en la avenida Sucre de Caracas por oficiales de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) -el cuerpo que luego mutó a Sebin tres décadas más tarde-. El 24 de julio, Rodríguez fue trasladado fuera de su celda y sometido a torturas, al día siguiente murió.

Sebin-cita2Cuando el Ministerio de Interior comunicó la versión que aseguraba que Rodríguez habría fallecido producto de un infarto, el entonces fiscal general José Ramón Medina dudó de ella públicamente y llamó a investigar el asunto. El 27 de julio se determinó que la muerte de Rodríguez ocurrió por hemorragia interna, rotura del hígado y contusión torácica abdominal. A la víctima sus torturadores también le rompieron siete costillas.

Los funcionarios Braulio Gudiño, Juan Álvarez Díaz, Guillermo Zambrano e Itamar Ramírez, fueron condenados a 11 años de prisión por homicidio preterintencional y abuso contra una persona detenida, a pesar de que la narrativa oficial del chavismo es que “aún sus asesinos siguen libres y la Justicia ha resultado ineficiente para castigar a tanto los culpables materiales como intelectuales de este aberrante hecho”, defendió el PSUV cuando se cumplieron 34 años del suceso y la ahora vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que los victimarios de su padre “nunca pagaron por ello”.

La historiadora Diana Rengifo alega que las condiciones de la muerte del concejal Fernando Alban es muy similar a las de Ojeda y Rodríguez. “Este tipo de muertes ha sido una constante, y ha ocurrido en todas partes del mundo”. Recuerda que, aunque la versión oficial de la muerte de Fabricio Ojeda asegura que se suicidó, admite que las irregularidades aún prevalecen y que el periodista debió ser víctima de tortura, pues en su velorio pudo observar cómo “tenía la frente aplastada”. Con respecto a Jorge Rodríguez, Rengifo manifiesta que la justicia fue relativa porque se condenó a los ejecutores, más no a quien ordenó la tortura.

Diana Rengifo añade que, en los gobiernos de la Unión Soviética, de Francisco Franco en España y de Fidel Castro en Cuba, estas prácticas era el pan diario. Y, aunque la muerte del concejal Albán y las irregularidades que rodean el hecho contribuyen a las causas que establecen que el Gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura, enfatiza una diferencia: la muerte de Ojeda y Rodríguez ocurrieron en una democracia.

Sin embargo, Rengifo manifiesta que el problema en Venezuela es que el país no ha madurado políticamente. “No salimos del siglo XIX”. Expone que con este régimen las detenciones arbitrarias, las represiones y torturas seguirán estando presente porque “para ellos es políticamente correcto”. “Este es un gobierno que sigue esquemas probados en la Unión Soviética y Cuba, para ellos es válido porque es un modo de ejemplarizar. Es una manera de meter miedo”.

Auxilio internacional

Desde Provea, Inti Rodríguez insiste en que sean cuales fuesen las verdaderas causas de la muerte de Albán, “estamos en presencia de un crimen de Estado”. Albán “fue detenido de forma arbitraria por la dictadura, sometido a un hostigamiento”. Fernando Albán no poseía orden de captura al momento de su aprehensión y estuvo incomunicado por más de 20 horas durante las cuales no tuvo acceso a sus abogados ni contacto con sus familiares, acciones que abundan las sospechas de que “probablemente fue víctima de tratos crueles y torturas”.

“Este nuevo abuso pone en evidencia el carácter represivo del Estado venezolano”, añade Rodríguez. Una característica que ya ha sido denunciada ante la ONU, OEA y la Corte Penal Internacional.

Sebin-cita1El vocero de Provea asegura que el asesinato de un activista político “abre una puerta para que la escala represiva de la dictadura adquiera niveles más criminales”. Provea evidencia que desde el año 2013, el aparato represor del Estado se ha sofisticado al tiempo que el número de víctimas ha aumentado. Las protestas de 2017 son prueba fiel de ello, pues en tres meses el Estado rompió “récord histórico en materia de violaciones: la cifra más alta de fallecidos y de personas detenidas de forma arbitraria”.

Conscientes de que las investigaciones de la mano del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo no brindan confianza por considerarlos “cómplices de los represores”, Provea junto con 64 organizaciones que velan por los Derechos Humanos han “exigido que se abra una investigación por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. “No tenemos fe ni garantía de que los órganos venezolanos investiguen y la sociedad y los familiares deben tener respuestas de la verdad”, afirma Rodríguez.