La Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.234 contiene 59 resoluciones del Ministerio de Hábitat y Vivienda que ordenan la ocupación de igual número de terrenos e inmuebles ubicados en distintas regiones del territorio nacional.
Invocando la Ley de Emergencia para Terrenos y Vivienda, el Estado se hizo con el control temporal sobre estos espacios, con el objetivo de hacer las «evaluaciones técnicas» necesarias que permitan determinar su «factibilidad de uso» para proyectos de vivienda.
Se trata de 32 terrenos y 27 inmuebles, repartidos entre los estados Portuguesa, Vargas, Nueva Esparta, Caracas, Mérida, Lara, Sucre y Amazonas.
En el caso del Distrito Capital, la mayor parte de ocupaciones se ordenaron dentro del municipio Libertador, con 13 intervenciones tanto a terrenos como inmuebles. Destaca uno llamado «Odebrecht», ubicado en el sector El Algodonal.
Las personas afectadas podrán ejercer un recurso de nulidad sobre la medida los primeros 6 meses a partir de su notificación.
“El diálogo entre Fedecámaras y el gobierno es normal. Los gremios empresariales deben hablar con el gobierno de facto porque es el que está ahí. Es quien pone las políticas arancelarias, aplica la reconversión; es quien dicta las leyes nos guste o no”, sostiene el ex presidente de Conindustria, el ingeniero Juan Pablo Olalquiaga.
La medida estará vigente hasta el 1 de septiembre y aplica tanto para arrendadores de viviendas como de locales comerciales. Hasta entonces quedan suspendidos el artículo 91 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda y el articulo 40 de del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial
El gobierno chavista busca formas para evitar una descapitalización real de los impuestos y tributos y para proteger su poder de compra
