La paz en Colombia traerá más problemas a productores venezolanos

Productores agropecuarios nacionales expresaron su temor por el aumento de las células guerrilleras colombianas en el territorio venezolano, como consecuencia del acuerdo de paz en el vecino país, pues aseguran que muchos irregulares buscarán en Venezuela mantener los beneficios que obtienen de actividades delictivas.

“No estamos hablando de nada nuevo. Desde siempre la guerrilla colombiana ha operado en Venezuela y tememos que eso se incremente en los próximos meses con la firma de la paz”, dijo Armando Chacín, presidente de la Federación de Ganaderos de la cuenca del Lago de Maracaibo (Fegalago).

Chacín estima que el fin del conflicto armado luego de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cooperación (FARC), provocará que muchos integrantes del grupo armado pasen a engrosar las filas de sus similares que operan de este lado de la frontera. “Creemos que muchos se movilizarán hacia Venezuela”, dijo.

Señaló que en reiteradas ocasiones, el gremio ganadero solicitó al gobierno de Colombia incluir el tema Venezuela en los acuerdos de paz, justamente para evitar que el fin del conflicto propulsara el arribo de más guerrilleros al país; petición que nunca fue atendida. “No hubo interés en atender esta demanda”, acotó.

Opinión similar sostiene Carlos Odoardo Albornoz, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), quien desde Bogotá precisó que “lamentablemente no fuimos incorporados en ningún tipo de discusión. Creemos que van a aumentar las células que allí operan”.

Señaló que en buena parte son estos grupos los responsables históricos por muchos de los hechos delictivos que ocurren en las zonas agrícolas de la frontera, en especial la extorsión y el secuestro, “que es la única industria que realmente crece en Venezuela”.

Albornoz dijo que por ejemplo, en el kilómetro 46 de la carretera Machiques-Colón operan grupos relacionados a las FARC, mientras que en la Sierra de Perijá, en Villa del Rosario, hacen vida grupos del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), al tiempo que en la zona limítrofe entre Zulia y Barinas –con mayor fuerza en la zona de Santa Bárbara de Barinas- se mueve la Fuerza Bolivariana de Liberación Nacional.

En Apure, entre tanto, otros focos de ambas guerrillas mantienen una supremacía en varios puntos de la línea fronteriza, situación que se repite en el estado Táchira.

“Veremos a esta gente metida más adentro de lo que ya están”, acotó un productor del sector vegetal que prefirió el anonimato, agregando que si bien son los ganaderos fronterizos los que sufren el mayor embate de los grupos irregulares, desde hace años se sabe que ante la mirada cómplice de las autoridades han desplazado su radio de acción hacia áreas a muchos kilómetros de la franja fronteriza.

– Como si no existieran – 

Tanto Albornoz como Chacín señalan que si bien no hubo interés del gobierno colombiano por evitar que guerrilleros desmovilizados se desplacen a Venezuela, de parte del gobierno y las fuerzas armadas nacionales tampoco hay interés por hacer frente a esta situación.

“No hay seguridad en la frontera y eso es una realidad. Aunque hay efectivos no garantizan la seguridad”, dice el ganadero zuliano, afirmando que cada vez se confieren a los militares funciones para los cuales no fueron formados en desmedro de su labor de vigilancia y protección de la soberanía.

“Ahora hay generales encargados de la producción de leche, la carne y el maíz, que se dedican a otras cosas y no a proteger”, señala Chacín, acotando que los productores de la frontera no ven a los militares como garantía de seguridad.

“Estamos seguros que las personas que no se involucren en el convenio de paz que está por aprobarse, encontrarán refugio en una zona que está desprotegida y que ha servido de resguardo al narcotráfico y el contrabando de extracción”, señala Albornoz, quien recuerda además que las bandas delictivas juveniles son las que mandan en muchas zonas del país, como el sur de Aragua y norte de Guárico.

El líder del gremio ganadero también expresó su temor de que el abigeato se incremente con el posible desplazamiento de irregulares colombianos, recordando que este delito pasó de reportar unas 1.200 reses robadas al mes a más de 12.000 cabezas este año.

– Pagos cuantiosos –

No menos preocupante para el gremio agropecuario es el tema del pago de vacuna, una práctica de vieja data que tuvo en los guerrilleros y paramilitares colombianos uno de sus mayores exponentes en la zona fronteriza, aunque hoy se ha dispersado por todo el país y con actores ligados a bandas organizadas.

Si bien se sabe que por esta vía la delincuencia se hace con ingentes sumas de dinero, no existe un cálculo que permita medir el daño que este flagelo hace a la economía nacional.

“No se llevan estadísticas de lo que se paga por vacuna porque es un delito muy difícil de medir”, afirma Armando Chacín, aludiendo que se trata de una agresión que no se denuncia pues el afectado se expone a acciones en su contra, además de que se daría pie para que otros delincuentes se sientan atraídos a solicitar pagos similares.

Al respecto, y tras señalar su temor porque muchos frentes guerrilleros colombianos en desacuerdo con firmar la paz se pasen al lado venezolano a concretar fechorías, el ex presidente de Fedenaga Manuel Cipriano Heredia, coincide con Albornoz y Chacín en que es muy difícil tener siquiera una aproximación del daño que ocasiona el flagelo de la vacuna.

No obstante, ofrece datos que permiten sacar algunas conjeturas. Según informan productores del municipio Ezequiel Zamora de Barinas, la guerrilla de la Fuerza Bolivariana de Liberación (FBL) ha institucionalizado tarifas por la movilización de ganado. Así, por cada res que se traslada dentro del área de influencia (bien sea que sale o que entra), se cobra Bs 1.500 si se trata de una vaca y Bs 2.000 en caso de un macho.

“Esta gente son hábiles administradores y hacen cálculos sobre los bienes que tiene cada productor: cantidad de animales, litros de leche diarios, reses para la matanza, espacio de siembra y valor de la cosecha, etc., por lo que piden una cantidad según sus ingresos. Y hay que pagarlo porque si no te secuestran o amenazan a la familia”, dice Heredia.

Pese a que los temores de los productores no son infundados ante un posible auge de los delitos perpetuados por grupos irregulares colombianos, la internacionalista María Teresa Belandria señala que aun es muy pronto para saber si ésta será una de las consecuencias del posconflicto en el país vecino.

“Cualquier afirmación en estos momentos es temeraria porque no sabemos cómo se va a manejar el tema. El delito transfronterizo se puede incrementar por muchas razones y no solo por el fin del conflicto”, dice la especialista en relaciones colombo-venezolanas.

Precisó que si bien hay una herencia histórica que avala esta presunción, es posible que las “comisiones espasmódicas” que se han creado para dirimir la materia en el pasado puedan actuar para frenar una eventual subida del conflicto a este lado de la frontera.

Belandria también recordó que no hay que perder de vista que se mantiene un estado de excepción en la franja fronteriza, lo que permitiría a las autoridades venezolanas tener cierto grado de movilidad para atajar el pase de elementos irregulares al territorio nacional.