Una simple conversación en Signal detonó la trama de Plus Ultra. El intercambio de mensajes entre Felipe Baca y Danilo Díazgranados, dos empresarios afincados en Madrid, llevó a las autoridades francesas a tirar del hilo hasta llegar a la «influencia» de José Luis Rodríguez Zapatero. Los documentos que recibió la Fiscalía Anticorrupción exponían una trama internacional dedicada al «tráfico ilegal de oro» que también blanqueaba fondos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa creado para abastecer de alimentos básicos a los ciudadanos en Venezuela. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama señala que el expresidente del Gobierno tenía una «intervención directa» en operaciones de petróleo, oro, acciones y divisas.
El broker venezolano Danilo Díazgranados comentó en septiembre de 2022 al empresario de origen peruano Felipe Baca que tenía un cliente en Venezuela que necesitaba blanquear «una importante cantidad de dinero en efectivo» que había cobrado en metálico por unas obras. La Autorité des Marchés Financiers (AMF), el organismo regulador de los mercados en Francia, tiró del hilo y descubrió un esquema de corrupción de fondos públicos venezolanos a través de los CLAP y una trama dedicada al tráfico de oro que acabó originando el caso Zapatero.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional revela en un informe al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE que las autoridades galas detectaron cómo un tal Miguel Córdoba envió a Baca el 13 de julio de 2020 una captura de pantalla de un correo electrónico enviado a Rodolfo Reyes, antiguo dueño de Plus Ultra, en el que un gerente de la aerolínea Coyne Airways, con sede en Londres y centro de operaciones en Dubái, les solicita presupuesto para transportar de cinco a ocho toneladas de oro desde Caracas a la capital de Emiratos Árabes Unidos.
Los negocios de Zapatero
Reyes es la persona que pidió al abogado Miguel Palomero abrir «vías políticas» para que Plus Ultra consiguiera el rescate de 53 millones de euros que acabó concediendo el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2021. Este le ofreció la opción de conseguir la mediación de José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, y de Zapatero, con el que contactaron a través de su presunto testaferro, Julio Martínez Martínez, gracias a Ramón Gordils, viceministro de Cooperación deNicolás Maduro.
La AMF indica que las actividades de blanqueo realizadas por Baca proceden de la malversación de fondos públicos venezolanos con base en el procedimiento suizo abierto en contra de Marie Boyer y Simon Verhoeven, un ciudadano holandés con inversiones y propiedades en Palma de Mallorca, al que los investigadores atribuyen la creación de facturas falsas con el objetivo de justificar transferencias de fondos tras supuestas ventas de oro.
Las autoridades suizas sostienen que Baca, en unión de Boyer y Verhoeven, «establecieron de común acuerdo esquemas financieros que utilizaron para blanquear capitales procedentes del CLAP, así como de la venta de oro del Banco de Venezuela a una sociedad de Emiratos Árabes llamada Noor Capital a través de sociedades y cuentas» radicadas en el país helvético. Los investigadores sostienen que el empresario holandés habría participado en otros casos de corrupción relacionados con la petrolera estatal PDVSA y el rescate de Plus Ultra. De hecho, tres sociedades vinculadas a este habrían realizado préstamos a la aerolínea.
Las autoridades suizas no profundizaron en lo relativo al rescate de Plus Ultra ni los préstamos que recibió la aerolínea de tres sociedades vinculadas a Verhoeven. Todo se precipitó en octubre de 2024, cuando la Audiencia Nacional requirió el registro de la vivienda de Verhoeven en Palma de Mallorca. La UDEF encontró joyas, relojes de lujo valorados en más de 240.000 euros, dinero en efectivo y dos lingotes de oro. Y de ahí llegaron a Zapatero.
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