Del edificio Ayacucho nadie se va: "Yo tapo eso con cajas para no ver el daño"

Al final de la avenida Fuerzas Armadas, frente al famoso Mercado de Las Flores, se ubica el edificio Ayacucho, una de las residencias afectadas por el doble terremoto del 24 de junio. Sin entrar, la fachada ya avisa que los daños son importantes para las familias que lo habitan: grietas en las paredes, pedazos de friso a punto de caer en las aceras, un par de columnas con las cabillas de acero expuestas. En la entrada principal, una etiqueta amarilla recuerda que para varios propietarios supone un riesgo estar allí. Aun así, han pasado 23 días y nadie se ha ido.

«Este es nuestro hogar. No tenemos dónde irnos», dice Flor Encarnación, que agarró una caja del CLAP para intentar seguir la vida después de lo que pasó. La pared de su sala, que es parte de la fachada trasera del edificio, se despegó de las columnas. Aquel movimiento hizo ceder los bloques de la parte inferior derecha y con cada réplica, pedazos de bloque y friso han ido cayendo al techo de varias pensiones que están al pie de la calle y se ven desde la parte trasera del edificio.

Es un peligro. Todos lo saben. Pero nadie tiene la culpa.

«Yo tapo eso con unas cajas para no ver el daño. Aunque la estructura del edificio no está en riesgo, la recomendación es no estar aquí. La primera semana nos fuimos, pero volvimos para proteger lo que nos queda», dice Flor, quien es empleada pública y madre de dos muchachos de 21 años.

Movilización comunitaria para apoyar a los más vulnerables

El edificio Ayacucho tiene seis pisos. La mezzanina da espacio a varios locales comerciales y del piso 1 al 4 son apartamentos dúplex. El resto son los penthouses. Allí viven 73 personas y 28 son personas de la tercera edad. Varios tienen movilidad reducida por fracturas, principios de Alzheimer y demencia senil.

«Es una situación delicada porque muchos están solos», dice Brigitte González, una de las vecinas más jóvenes, quien se ha encargado de apoyar antes y después de las primeras horas de la emergencia.

Ella cuenta que fue un trabajo colectivo. Los vecinos ayudaron a mover colchones a lugares seguros, recoger los escombros, limpiar las casas y evaluar los daños internos de sus apartamentos. En casa de Luisa y Rosmery Hernández, dos hermanas con más de 80 años, encontraron la escalera floja. Ahora solo pueden subir una o dos personas para evitar que se desplome.

«Yo no tengo problema en subir porque no peso mucho, pero es peligroso. Nosotros lo que queremos es sacar estas fallas que hay. Nos preocupa», dice Rosmery, quien es la propietaria y ahora ve todas las habitaciones llenas de bolsas negras para tapar grietas. En su casa, por ejemplo, el sismo hizo que una tubería de aguas negras se rompiera.

La Comisión Presidencial: muchas recomendaciones, pero pocos recursos

El edificio Ayacucho ha recibido dos visitas especializadas desde el 24 de junio. La primera fue de Protección Civil y la segunda de dos ingenieros independientes. «Ellos vinieron porque estuvimos insistiendo muchos días. Llegaron y levantaron el informe», explica Brigitte, una de las líderes del condominio.

El informe es claro: hay que evaluar con expertos las columnas ubicadas en el tanque interno del edificio y la de una licorería que funciona en el edificio. Ambas sufrieron un desprendimiento del recubrimiento del acero. También hay que demoler paredes y frisos para reconstruir después.

—Esa es la parte más compleja porque aquí nadie gana suficiente para atender esos gastos. Y porque es un trabajo que no puede hacer un maestro de obra común, incluso si es muy bueno. Se necesitan expertos.

El jueves 16 de julio, durante el recorrido que hizo El Estímulo, la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad llegó al edificio para reinspeccionar. Eran un grupo de tres ingenieros civiles que explicaron que apenas estaban en la fase uno del programa de respuesta para las viviendas afectadas.

—¿Y usted sabe cuándo comienza la fase dos?

—No hay información al respecto. Tenemos que esperar. Aún estamos inspeccionando.

Esta comisión explicó que en la parroquia San José, a la que pertenece el edificio Ayacucho, hay 60 edificios afectados y que el registro está disponible en una aplicación pública que se llama Habitable. Antes de irse, dejaron otra recomendación a los habitantes: «Deberían poner un toldo o acordonar la acera para evitar algún daño. Nosotros no lo hacemos porque no nos dieron material para eso».

—¿Cómo me vas a decir eso? El responsable es el Estado. Tienes que tener tacto. Yo también tuve pérdidas y no tengo dinero para hacerlo. ¿Le pongo unos mecates? —respondió el encargado de la licorería.

El esfuerzo de años y el miedo

En el edificio Ayacucho hay conciencia de que la prioridad está en las zonas más afectadas. El único deseo es que la ayuda llegue pronto para vivir en un espacio seguro otra vez. Es una situación compleja porque la solicitud se siente egoísta al ver la pérdida de La Guaira.

—Es una suerte, pero nosotros queremos vivir como antes, más seguros. Lo único que pedimos es que no olviden este edificio y los otros— dice Omaira, una vecina del piso tres.

Cada familia transita sus propias complejidades.

En el apartamento de Luis Castro, en el piso uno, vive su madre de la tercera edad, su esposa e hija, su hermano mayor y el menor, que tiene síndrome de Down.

En el cuarto piso, María del Carmen Vásquez recibió a su familia, pues el apartamento de sus padres, Amable y María del Elena Vásquez, perdió las paredes. En su casa, la convivencia se ha transformado, su hermana, quien tiene discapacidad intelectual, debe recibir acompañamiento constante y su hermano requiere medicación para tratar la depresión.

—Mi papá se cayó por las escaleras y se fracturó el fémur después del terremoto. Mi madre sufrió una ACV antes de eso. Si ocurre algo nuevamente, no puedo auxiliarlos porque estoy sola. Nosotros somos españoles, pero el consulado nos pide probar que realmente estamos en riesgo y al edificio de mis padres, el Diego de Lozada, no ha llegado Protección Civil ni ninguna comisión a ver lo que pasó.

La calma en la casa de María del Carmen es más un proceso de búsqueda diario, pero no lo logran del todo. Sus padres, cada vez más cerca de los 90, saben que lo que ocurrió no dejó un daño pasajero.

—Nosotros nunca quisimos irnos de aquí, nunca quisimos irnos de Venezuela. Tantos años trabajando y ahora estamos así—comenta María Elena, la mamá de María del Carmen.

Un gasto que nadie puede costear

La espera debe continuar aunque la desesperación sale a flote cada tanto. La ventaja del Ayacucho, por mucho, es que supieron organizarse. En el grupo de WhatsApp del condominio publicaron un censo y todos atienden a las familias más afectadas, como la de Luis Castro, Flor Encarnación, María del Carmen Vásquez y las hermanas Luisa y Rosmery Hernández.

Han hecho lo que ciudadanamente les alcanza: denunciar su situación en VenApp y continuar presionando a los voluntarios que integran la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad cuando aparecen.

El lunes, mientras Luis Castro retiraba la boleta de su hija, lo llamaron desde VenApp y le dijeron que su familia iría a la lista de prioridades: «Ahí vamos. Esperando esa llamada y la ayuda. Porque yo nada más pregunté por esa pared a una empresa de ingenieros y me dijeron que reconstruirla costaba 450 dólares. Ese dinero yo no lo tengo y tampoco mis vecinos».

Brigitte González, quien además es miembro del consejo comunal, lo repite: «Aquí vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho, que es apoyarnos, pero la reparación debe venir de las autoridades porque es un proceso delicado. Y si hablar sirve, hay que seguir haciendo bulla».