¿La Asamblea Nacional tiene los días contados?

El gobierno y la oposición, en lugar de cooperar, apuestan a exterminarse. Obsesionados en una demencial demostración de fuerzas, no escuchan el clamor popular que se pronuncia por un acuerdo nacional que detenga el deterioro y saque al país de la crisis.

En Venezuela el diálogo político está roto por la intemperancia del discurso hostil y la tozudez con la que ambos bandos petrifican sus exigencias y posiciones. No piensan en el país. Por el contrario, lo hunden con su pliego de exigencias inconciliables, plagados de puntos de honor particulares cada vez más alejados del interés nacional.

Cuando las élites políticas se empeñan en gobernar al país así sea sobre sus ruinas, cuando los líderes medran con la tragedia de un pueblo, cuando su opción de conquistar el poder depende de que todo se ponga peor, se está llevando al país al barranco de una conmoción social y a una crisis de gobernabilidad.

¿Llegará a octubre la AN?
El Presidente Nicolás Maduro afirmó que: «La Asamblea Nacional de Venezuela perdió vigencia política, es cuestión de tiempo para que desaparezca». Un paso en esta dirección puede ser el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, cuyo cuarto considerando dice: “(…) los representantes políticos de la oposición a la Revolución Bolivariana, (…) han pretendido el desconocimiento de todos los Poderes Públicos promocionando particularmente la interrupción del período presidencial establecido en la Constitución por cualquier mecanismo a su alcance, fuera del orden constitucional, (…)”.

Claramente se acusa a la Asamblea Nacional (AN) de desestabilizar al gobierno al promover el Referendo Revocatorio (RR) catalogado por el oficialismo como un intento de “golpe constitucional”. En la rueda de prensa que sostuvo con periodistas internacionales, al referirse a la activación del RR para poner fin a su mandato, el Presidente aseveró que: “La oposición quiere golpe de Estado, intervención extranjera y guerra económica”.

Con esta justificación, Maduro firma un estado de excepción que le permite evadir los controles que el Parlamento debe ejercer sobre el gobierno. Al habilitar al Presidente de la República a realizar operaciones con cargo al tesoro nacional y celebrar contratos sin pasar por la vigilancia y control del Poder Legislativo, se está vaciando a la AN de sus atribuciones constitucionales. Maduro ha dicho que decreta el estado de excepción y emergencia económica «para que (los legisladores opositores) no me vayan a sabotear el presupuesto de este año y del año que viene», que por ley debe ser presentarlo en octubre ante la AN para su aprobación. «Vamos a ver si esa Asamblea llegará hasta octubre».

¿Control constitucional o acción desestabilizadora?
Con base en la situación política extraordinaria que se esgrime, las funciones de control que la CRBV le atribuye a la AN pudieran ser consideradas como acciones desestabilizadoras de la oposición para sabotear la acción del gobierno. «Si yo dependiera de la Asamblea Nacional no pudiera haber hecho nada en este cuatrimestre», afirmó Maduro al cuestionar el control que ha intentado ejercer sobre su gobierno el Poder Legislativo.

Para desmantelar los mecanismos de control parlamentario sobre el gobierno, el Decreto autoriza al Presidente de la República a suspender “la ejecución de sanciones de carácter político contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios”. Dicho claramente, Nicolás Maduro puede suspender el voto de censura y la responsabilidad política que pueda establecer la AN sobre la gestión de ministros y altos funcionarios públicos. Al suspender funciones propias de la AN, este Decreto viola el artículo 339 de la CRBV que dice textualmente que “La declaración del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público”.

Además de quitarle funciones a la AN, con el estado de excepción también se buscan pretextos para suspender el RR. El Decreto advierte sobre acciones desestabilizadoras cometidas por la oposición política venezolana que controla la AN que pudieran ser la excusa para suspender los derechos políticos de la ciudadanía.

El RR es presentado como parte de una conspiración o “golpe constitucional”, cuando la revocatoria de los funcionarios de elección popular fue una propuesta de la Revolución Bolivariana, planteada por el propio Hugo Chávez, quien fue el primero en someterse a un RR y dejar en manos del soberano la decisión de revocar o ratificar su mandato. Y lo hizo con las encuestas en su contra y a sabiendas de que en el RR se estaba jugando la suerte de la Revolución Bolivariana. A diferencia del ejemplo que Chávez le legó, Nicolás Maduro ha dicho que El “Revocatorio es una opción, no una obligación (…) “Nosotros no estamos obligados a hacer ningún Referendo en este país de ningún tipo”.
¿Diálogo político o violencia civil?
La ciudadanía habló duro el 6-D y provocó un cambio en la correlación de fuerzas con la esperanza de lograr decisiones concertadas entre los poderes ejecutivo y legislativo. El país se pronunció por un acuerdo para superar los problemas de desabastecimiento, alto costo de la vida e inseguridad.

Para superar la estéril confrontación de poderes que está llevando al país al desastre es necesario retomar el diálogo político que abra la vía a un gran acuerdo de interés nacional. No hay otra vía para resolver de forma constitucional, democrática, electoral y pacífica la grave crisis de gobernabilidad económica, social y política que sufre Venezuela.