El organismo que dirige Luisa Ortega Díaz interpuso un amparo constitucional ante el Tribunal Cuarto de Caracas, reseñó este sábado una nota de prensa del Ministerio Público.
La solicitud, que busca prohibir a los funcionarios policiales y militares el uso de bombas lacrimógenas en las adyacencias de las escuelas y hospitales, fue interpuesta ante el tribunal el pasado 14 de junio. Esa instancia tenía un plazo de tres días para admitirla y luego pronunciarse, pero nunca lo hizo.
En catorce semanas de protestas opositoras, escuelas y centros de salud públicos y privados del país han sufrido las consecuencias de la represión en las calles con el lanzamiento de bombas lacrimógenas. Esto ha obligado a escolares, maestras, médicos y pacientes a ser trasladados de urgencias a lugares seguros.
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