La Fiscalía General de la República entró en querella con el Tribunal 32º de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, por no impedir que los cuerpos de seguridad del Estado lancen bombas lacrimógenas para disuadir protestas cerca de los centros educativos y de salud.
El organismo que dirige Luisa Ortega Díaz interpuso un amparo constitucional ante el Tribunal Cuarto de Caracas, reseñó este sábado una nota de prensa del Ministerio Público.
La solicitud, que busca prohibir a los funcionarios policiales y militares el uso de bombas lacrimógenas en las adyacencias de las escuelas y hospitales, fue interpuesta ante el tribunal el pasado 14 de junio. Esa instancia tenía un plazo de tres días para admitirla y luego pronunciarse, pero nunca lo hizo.
En catorce semanas de protestas opositoras, escuelas y centros de salud públicos y privados del país han sufrido las consecuencias de la represión en las calles con el lanzamiento de bombas lacrimógenas. Esto ha obligado a escolares, maestras, médicos y pacientes a ser trasladados de urgencias a lugares seguros.
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La Fiscalía volvió a golpear al equipo de trabajo de María Corina Machado. Este miércoles fueron detenidos Henry Alviárez y Dignora Hernández, y se anunció otro lote de órdenes de captura que incluye a su jefa de campaña
"Esa oficina se desvió. De ser una oficina de asesoría técnica que debe respetar las instituciones y más bien asesorar la reformas legales que el país necesita, asesorar las instituciones para que mejoren, de repente se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna", dijo Maduro en su programa de televisión
El Fiscal informó por redes sociales que Rocío San Miguel habría sido imputada por los delitos de traición a la patria, terrorismo y conspiración. Fue presentada en tribunales sin contar con sus abogados defensores
