El diputado del PSUV, Ricardo Molina, señaló que hay que revisar la declaratoria de emergecia alimentaria propuesta por el diputado Julio Borges para que se intervengan, en el marco de la situación, unidades productivas como Empresas Polar y centros de distribución.
«Si vamos a declarar emergencia alimentaria estamos en la obligación de decirle al presidente Maduro que intervenga y ponga orden en el sector productivo», declaró durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional este jueves.
Dijo que 90% de la capacidad de distribución y expendio de alimentos está en manos del sector privado. «Hay que preguntarse: ¿Por qué quienes producen harina de maíz precocida tienen que traer el maíz de afuera? ¿Por qué no apoyan a los productos venezolanos?», expresó.
El diputado Borges, desde la tribuna de oradores, solicitó al parlamento considerar una declaratoria de crisis humanitaria e inexistencia de seguridad alimentaria ante la situación de escasez del país. Hace unas semanas, la AN también declaró estado de emergencia en el sector salud por las fallas que se presentan en el mercado de medicamentos.
En medio de abucheos por parte de los invitados, que reclamaban por el estado de las empresas públicas, Molina sugirió revisar el patrón productivo de las industrias privadas. «Si se aprueba la declaratoria de emergencia alimentaria debemos hacer que los centros de distribución se pongan a la orden del Presidente, para que dispongamos de esas unidades de expendio», sostuvo.
Señaló a los empresarios privados como los responsables de la crisis, por no tener todas las cajas operativas y hacer que se formen colas a las afueras de los establecimientos. «En emergencia vamos a hacer que todas las cajas estén operativas y las puertas abiertas para que el pueblo entre», manifestó.
Dijo que las dificultades actuales no son generados por el gobierno sino por las empresas, las transnacionales y los medios de comunicación que han generado una «condición psicológica» sobre la escasez. Indicó que el desabastecimiento es producto de la «mala distribución» y del mal expendio, hecho de forma «ex profesa».
Indicó que la propuesta de Borges se trata de una manipulación, al igual que la ley de régimen de propiedad de la Misión Vivienda.
El diputado de Primera Justicia explicó a las afueras del hemiciclo que el acuerdo introducido en plenaria insta al gobierno a hacer un censo de las 1.200 empresas del Estado y verificar si están produciendo. Del mismo modo, resalta la necesidad de hacer un inventario de las tierras improductivas para cederlas a pequeños productores.
También prevé crear un sistema de incentivos para reactivar el aparato industrial. Esto, aunado a la entrega de divisas, puede revertir la situación de escasez actual en pocas semanas, considera.
Luego de la discusión, la Asamblea Nacional aprobó el acuerdo Declaratoria de crisis humanitaria e inexistencia de seguridad alimentaria.
