Venezuela

Marino Alvarado: gobierno de Maduro aplica una simulación de justicia (+ Audio)

El coordinador de Provea dijo que el gobierno de Maduro ha trazado, en los últimos cuatro meses, una estrategia de simulación de justicia, adelantando investigaciones de violaciones de derechos humanos, incluyendo sentencias, para funcionarios de rango bajo, sin investigar a la cadena de mando

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió el 5 de agosto de 2026 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el Caso Nº 14.267, respecto de Venezuela. El caso, originado en una petición presentada ante la CIDH el 26 de abril de 2019 , se refiere a la responsabilidad del Estado por la detención arbitraria, la tortura y la ejecución extrajudicial de Fernando Alberto Albán Salazar, y por las agresiones a su familia y la impunidad. Según la parte peticionaria, Albán, de 56 años, era dirigente opositor, fundador del partido Primero Justicia y concejal del Municipio Libertador del Distrito Capital. El 5 de octubre de 2018, al regresar de Nueva York, donde había asistido a la Asamblea General de la ONU, fue detenido en el aeropuerto de Maiquetía por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), sin orden judicial ni explicación. Durante unas veinte horas las autoridades habrían negado su detención, por lo que la familia denunció una desaparición forzada. La parte peticionaria relató que el 8 de octubre de 2018, mientras sus abogados esperaban su presentación ante un tribunal, el Fiscal General informó públicamente que Albán se había suicidado en la sede del SEBIN. La familia y su defensa cuestionaron esa versión y señalaron numerosas irregularidades, entre ellas certificados de defunción contradictorios. Añadió que antes de su muerte se le había abierto un proceso penal por terrorismo y otros delitos, y que solo se procesó a dos funcionarios del SEBIN por incumplir sus deberes de custodia, con penas luego reducidas que los dejaron en libertad. Señaló que la familia denunció torturas, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, sin que esas líneas se investigaran. En su Informe de Admisibilidad y Fondo No. 320/25, la Comisión concluyó que la detención fue arbitraria y constituyó una desaparición forzada de corta duración, y que fue torturado y ejecutado extrajudicialmente bajo custodia estatal. Concluyó además que el proceso penal en su contra vulneró el principio de legalidad, que la investigación no fue diligente y que su detención respondió a un móvil discriminatorio vinculado a su militancia opositora. La Comisión concluyó que Venezuela es responsable por la violación de los derechos a la personalidad jurídica, la vida, la integridad y la libertad personales, las garantías judiciales, el principio de legalidad, la presunción de inocencia, la honra y la dignidad, la vida privada y familiar, la igualdad y la protección judicial, previstos en los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 17, 24 y 25 de la Convención Americana, en relación con sus artículos 1.1 y 2, y de las convenciones interamericanas contra la tortura y sobre desaparición forzada, en perjuicio de Albán y sus familiares. La Comisión solicitó a la Corte IDH que declare la responsabilidad internacional del Estado y que establezca las siguientes medidas de reparación: Reparar integralmente las violaciones declaradas, en sus aspectos material e inmaterial, mediante compensación económica y satisfacción. Disponer un programa de rehabilitación y atención psicológica y psicosocial para los familiares del señor Albán, de ser su voluntad y de manera concertada. Llevar a cabo una investigación seria y en un plazo razonable, que esclarezca los hechos, sancione a todos los responsables, incluida la cadena de mando, y garantice la participación de la defensa de la familia. Dejar sin efecto las consecuencias de la investigación y los antecedentes judiciales, administrativos, penales o policiales que pudieran existir contra el señor Albán y su familia. Prevenir, investigar y sancionar los actos de hostigamiento, persecución y amenaza contra la familia del señor Albán y los miembros de su defensa. Adoptar medidas de no repetición, entre ellas asegurar la independencia en la designación de la Fiscalía General, garantizar investigaciones imparciales en muertes bajo custodia estatal, que las autoridades se abstengan de comentarios públicos sobre causas penales pendientes, y capacitar al SEBIN, el Ministerio Público y el Poder Judicial sobre los derechos de las personas detenidas y la debida diligencia. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión tiene el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. Fernando Albàn Marino ALvarado

Recientemente se cumplieron tres años de la muerte del concejal Fernando Albán bajo custodia del Estado. Esa misma semana, la jueza Kenia Carrillo absolvió al sargento primero de la Fuerza Aérea, Arli Cleiwi Méndez, señalado de dispararle mortalmente a David Vallenilla en el marco de las protestas de 2017.

El Ministerio Público actuó en el segundo caso y apeló esta decisión, aunque el padre de David Vallenilla descartó que la misma se haya logrado por la actuación de Tarek William Saab.

“La apelación de la corte se debe a la solicitud hecha por mi abogada y no a la que hizo Tarek William Saab y el Ministerio Público”, dijo.

Marino Alvarado (@marinoalavarado), coordinador de Investigación de Provea, explicó que esa es una estrategia que viene utilizando el gobierno, la cual calificó como “simulación de justicia”. Agregó que la misma se aplica para investigar a funcionarios de rangos bajos y así dar una sensación de estar actuando en favor de los derechos humanos.

“El gobierno de Maduro se ha trazado, en los últimos cuatro meses, una estrategia de simulación de justicia. Esta consiste en adelantar investigaciones de violaciones de derechos humanos, incluyendo sentencias, pero son pocos los casos para las violaciones masivas. Las sanciones se han definido en penas para funcionarios de rango bajo pero no hay investigación para la cadena de mando”, dijo.

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Marino Alvarado apuntó también que las personas que dirigen los cuerpos policiales y operativos en los cuales son asesinadas o torturadas personas no se investigan.

“Ellos planifican y ordenan ejecutar esas torturas y asesinatos. Esto demuestra que no hay voluntad política para investigar y sancionar a todos los responsables”.

El abogado y activista por los derechos humanos puntualizó que se han llevado a cabo algunas acciones positivas, pero no son suficientes.

“Se han adelantado reformas de leyes pero se incumplió con el mandato de someterlas a consulta. Sin dar mayores detalles, en la Asamblea Nacional, se promulgaron estar reformas como el código de justicia militar, que tiene algo positivo, dice que los civiles no podrán ser juzgados en la justicia militar, pero no se modifica la intromisión del Poder Ejecutivo en los procesos de investigación y sanciones en la justicia militar”.

No se cumplen las recomendaciones de  Bachelet

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha dado recomendaciones al gobierno nacional que, según Marino Alvarado, han sido desoídas. Afirmó que algunos cambios han sido cosméticos pero ninguno de fondo.

“Las medidas aplicadas la como simulación de justicia son para dar a entender que están cumpliendo con las recomendaciones de Michelle Bachelet. Ella recomendó la disolución de las FAES y no se ha realizado, solo vemos como buena parte del personal ha sido trasladado a la Dirección contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional. La FAES sigue, pero de bajo perfil”.

A pesar de esto, Alvarado reconoció que los delitos en los que es señalado el FAES, han disminuido. “Según los reportes que tenemos en Provea, la participación de las FAES en las ejecuciones extrajudiciales ha bajado, pero también es cierto que se pasaron funcionarios del FAES a la Policía Nacional con un prontuario de denuncias por violaciones de derechos humanos”.

Como parte de una organización defensora de derechos humanos, Marino Alvarado dice que están esperanzados en los resultados que arroje el examen preliminar que lleva a cabo la CPI. “Esperamos que se pase a la fase de investigación, allí se identificarían altos responsables de crímenes como ministros, altos jefes de cuerpos policiales con competencia nacional, así como también figuras como la gobernadora de un estado, que ahora es candidata a la Alcaldía de Caracas, como Carmen Meléndez, quien tuvo una altísima responsabilidad en ejecuciones en Lara con la participación del FAES”.

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