De ser aprobada, la ley obligará a las empresas de internet a almacenar la actividad por la red de sus usuarios durante 12 meses, en caso de que la información sea requerida por el Gobierno.
Estos datos consistirán en conservar únicamente los domicilios electrónicos de las páginas que consulte el usuario, pero no el historial de navegación que haga en esa página.
La ministra de Interior ha defendido estos poderes al considerar que la Policía y los servicios secretos los necesitan porque los grupos terroristas y las organizaciones criminales han convertido las redes sociales en «lugares seguros» donde esconderse y comunicarse entre ellos.
No obstante, May dejó claro que el acceso que tendrán las fuerzas de seguridad será equivalente a una factura de teléfono detallada.
«Si una persona ha visitado una página de red social, el registro de conexión de internet sólo mostrará que ha accedido a esa página, pero no el interior de ella», explicó la ministra.
En la actualidad, las fuerzas de seguridad pueden escuchar las conversaciones telefónicas e interceptar correos electrónicos, previa autorización de las autoridades del Ministerio de Interior y siempre que sea por razones de seguridad nacional.
