Frente al panorama previsto para este 10 de enero con la asunción del nuevo período del mandatario Nicolás Maduro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó el 9 de enero sobre la profundización del debilitamiento institucional en Venezuela.
La CIDH denunció la presencia de situaciones estructurales que afectan los derechos humanos y alertó sobre las graves consecuencias que ocasionaría para la población venezolana su retiro de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El órgano principal de la OEA recordó que las instancias previas al 20 de mayo de 2018 -día en que fue proclamado ganador Nicolás Maduro por el Consejo Consejo Nacional Electoral (CNE)- se evidenciaron reales obstáculos para la participación de la oposición. «Lo que se tradujo en un alto grado de abstención de las fuerzas políticas que afectó el pluralismo necesario en elecciones democráticas», dice el comunicado de la CIDH.
Subrayan que los factores que mermaron significativamente la participación y la variedad de opciones para las elecciones presidenciales de 2018 son: «Las injerencias de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sobre el CNE, organismo que carece de independencia e imparcialidad, la reprogramación del calendario electoral de modo imprevisible, la no validación de los partidos políticos por no haber participado en ‘elecciones inmediatamente anteriores’ por parte de la ANC, las inhabilitaciones para ejercer la función pública a integrantes de la oposición y potenciales candidatos a cargos públicos electivos, los plazos excesivamente cortos y requisitos impuestos por el CNE para inscribir candidatos, la convocatoria apresurada a elecciones y la afectación en el registro de nuevos electores y personas venezolanas en el extranjero».
Cabe acotar que solo un partido político logró su validación para las elecciones presidenciales. En 2016 se contaba con un total de 67 partidos disidentes. Ahora son 21 y la cifra continúa reduciéndose progresivamente.
Estados Unidos, la OEA, la Unión Europea y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU mostraron su desacuerdo a los resultados de dichas elecciones. Por su parte, el Grupo de Lima -ente conformado por 14 estados latinoamericanos- realizó un llamado a Maduro a no asumir la presidencia el próximo 10 de enero y lo instó a respetar las atribuciones del Parlamento, transferirle en forma provisional el poder ejecutivo hasta la realización de nuevas elecciones presidenciales democráticas.
La CIDH viene alertando desde hace años el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y la situación de derechos humanos que atraviesa el país. En su Informe «Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela”, la Comisión remarcó la inobservancia del principio de separación de poderes existente en el país. También consideró que existe una usurpación de las funciones del Poder Legislativo por parte de los Poderes Judicial y Ejecutivo, así como una anulación de facto del voto popular, a raíz de la falta de independencia judicial y las constantes intromisiones del Ejecutivo, del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y de la ANC sobre materia propias de la Asamblea Nacional (AN).
«La detención de los diputados Requesens y Borges en el 2018, luego de que fueran levantadas sus inmunidades parlamentarias, evidencian la continuidad de esta grave situación. A su vez, la ANC convocada por el presidente, criticada en su origen y conformación, continuó durante el 2018 adoptando decisiones que excedieron su naturaleza y violan el principio de separación de poderes en detrimento de la Asamblea Nacional, tales como autorizar el enjuiciamiento de los mencionados diputados, o refrendar la designación del Presidente del Banco Central efectuada por el Ejecutivo», continúa el comunicado de la CIDH.
El debilitamiento de la institucionalidad democrática ocurre en un contexto estructural de represión y persecución a la disidencia, en el marco de la militarización de la seguridad pública, que agrava el deterioro de los derechos políticos y a la participación en la vida pública, en estrecha relación con la afectación a la libertad de expresión. Según información recibida por la CIDH, en los primeros nueve meses de 2018 se contabilizaron 14 personas fallecidas en el contexto de protestas sociales. A su vez, luego de las protestas de abril-junio de 2017, alrededor de 757 civiles habrían sido procesados en la jurisdicción penal militar.
La CIDH y su Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión continúan observando la profundización del deterioro a la libertad de expresión en Venezuela, debido a la apertura de procesos penales contra periodistas que investigan hechos de corrupción, la práctica de detenciones arbitrarias de comunicadores que cubren protestas y las detenciones de ciudadanos que expresan críticas o disienten con el gobierno a través de las redes sociales. Se registraron nuevos casos de aplicación de la denominada “Ley contra el Odio”.
También, la Comisión ha denunciado nuevas estrategias para intentar controlar la circulación de información en Internet, a través del bloqueo de sitios web y la vigilancia de las comunicaciones de ciudadanos en redes sociales.
Además, se agravó la situación de provisión de papel por parte de la empresa estatal que monopoliza ese insumo, lo que determinó que al menos 35 periódicos vieran reducidas sus ediciones, tirajes y/o dejarán de circular.
La CIDH ha reiterado que existe una relación directa entre el ejercicio de los derechos políticos y el concepto de democracia como forma de organización del Estado. La Comisión le ha expresado y reitera a Venezuela la necesidad de garantizar a la ciudadanía y a los grupos políticos organizados el derecho a la participación política y a libertad de expresión sin temor a represalias, permitiendo y fomentando un debate público plural, amplio y robusto.
En paralelo al creciente deterioro institucional y las afectaciones a los derechos políticos, la CIDH y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) continuaron observando un agravamiento en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales en el país.
Recordó el serio deterioro del sistema de salud venezolano, a causa del desabastecimiento de medicamentos, el estado de las instalaciones y falta de personal e insumos médicos. La reaparición de epidemias erradicadas décadas atrás refleja la gravedad de la situación.
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