Saquear por hambre, también robar y matar

Caminar contracorriente en la redoma de Petare es habitual. El bullicio se cuela entre tantos tarantines de buhoneros asentados afuera de los negocios. Las reglas de tránsito se limitan a abrir bien los ojos y estar atento a los motorizados, carros y peatones que circulan sobre el asfalto en todas direcciones. El jueves 9 de junio, aparentemente nada había cambiado, pero “el ambiente estaba enrarecido desde temprano” para Antonio Pestana, dueño de la panadería Flor del Rocío 2007. Una atmosfera tensa arropó esa zona de Petare aquel día que terminó en disturbio sin que Pestana pudiera evitar que su negocio fuera saqueado cerca de las dos de la tarde.

Ni a él, ni a las otras 15 personas que conforman el personal les dio tiempo de bajar la santamaría de la panadería antes de que una horda ingresara al local para desvalijarlo. Los empleados debieron resguardarse en el área de la cocina “protegidos” por las puertas vaivén que la divide de la zona de atención al público. Allí, no les quedó otra opción más que ser testigos silentes del robo y esperar hasta que los intrusos se marcharan. La necesidad de llenar el estómago podría ser la respuesta automática para justificar el saqueo, pero llenar el bolsillo fue otro de los incentivos. “Si fuera por necesidad no parten los vidrios. Se llevan el pan y no las cosas de valor”, comenta el portugués de 54 años. El molino de café, la caja registradora y las rebanadoras desaparecieron en cuestión de minutos y, con esos objetos, también se esfumaron millones de bolívares equivalentes al costo de su reposición. “Gracias a Dios estábamos asegurados”, comenta uno de los empleados. Así pudieron reponer algunos de los bienes materiales, los otros los consiguieron “a punta de préstamos con los amigos”.

La perseverancia y la resignación confluyen al mismo tiempo en Pestana. Insiste en “seguir pa’ lante”, aunque es consciente de que puede ser nuevamente blanco de futuros saqueos. “No podemos hacer nada. Pedirle a Dios y cerrar. Nosotros no podemos con una turba de esas”, comenta. Ha pasado un mes y ya la fachada no refleja daños. Lo material se recuperó, pero las deudas se acumulan para Pestana, mientras su negocio pierde rentabilidad. Solo pan andino puede vislumbrarse en las vitrinas y algunas chucherías en el mostrador. No solo debe someterse a la odisea que supone hallar la materia prima para elaborar sus productos, sino que ahora debe cargar sobre sus hombros la incertidumbre de otro probable disturbio.

Como efecto dominó cayó la panadería Duri de La Urbina el mismo 9 de junio a las 4:35 de la tarde. Keryc Valderrama es el encargado del local y estaba bajando la santamaría cuando vio a la multitud de personas acercarse. No le quedó más que ingresar a la panadería y él, con los demás empleados, corrió al segundo piso para escapar a la calle por una salida de emergencia.

La panadería mantuvo sus puertas cerradas casi un mes. Más de 28 días tardaron en arreglar los daños estructurales que sufrió el local. Valderrama solo siente “impotencia porque la vaina no es solamente hambre, sino vandalismo. Si van a saquear comida, por qué rompen vidrios y destruyen las oficinas”. Nada más reponer una caja registradora cuesta 3 millones de bolívares. La barbarie quedó grabada por las cámaras de seguridad. “Da la casualidad que 10 minutos antes del saqueo estaban filmando los señores de Zurda Konducta. Dijeron que nosotros éramos una de las panaderías que acaparábamos el pan. ‘Cabeza e’ mango’ fue el que lo tuiteó y al rato llegó la gente de Petare”, expresa Valderrama, aunque ya en el timeline del Twitter del conductor del programa de Venezolana de Televisión (VTV) no hay ninguna alusión a la panadería.

Los disturbios brotan en Venezuela sin avisar, pero los números no mienten: los saqueos están aumentando. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró en su último informe 243 saqueos y 173 intentos en el primer semestre de 2016. Solo en el mes de junio se contabilizaron 97 saqueos y 65 intentos. En total, el año cifra 416 saqueos o intentos, una cantidad que supera en 32% al primer semestre de 2015 que concluyó con 132 saqueos o intentos.

La espiral de conflicto crece y las protestas en rechazo a la escasez y desabastecimiento de alimentos ocupan el primer eslabón en las causas de manifestaciones en el país con una representación de 27% equivalente a 954 protestas.

A cerrar el pico, ni derecho a comida ni a la protesta

Junio fue un mes convulsionado en todo el país. Los comerciantes y transportistas afectados se extendieron al interior. La escasez de alimentos y productos de primera necesidad no es un padecimiento capitalino, sino nacional. El único consuelo que les queda a los propietarios de las panaderías Duri y de Flor del Rocío 2007 es no tener que lamentar pérdidas humanas como en otros casos, donde el conflicto del hambre ya ha cobrado vidas. Los cuerpos de seguridad ciudadana y los de soberanía nacional encañonan sus armas contra los civiles para callar más que el crujir de su estómago. Los organismos han sido los responsables del luto de junio. Con perdigones o balas truncaron la vida de seis venezolanos. Jenny Elizabeth Ortiz Gómez (42) en Táchira; José Antonio Tovar (21) en Miranda; Luis Osmel Fuentes (21), Carlos Colón Castañeda (42) y Cruz Eduardo Rodríguez (35), en Sucre; y Eduar Jean Guillén (17) en Mérida son los nombres de quienes fallecieron en protestas por alimentos.

En Cariaco, estado Sucre, una protesta contra la escasez fue disuelta a tiros el 9 de junio. Videos que circularon por redes sociales dan prueba de que la policía amedrentó a los manifestantes disparándoles a mansalva. Un fallecido y una decena de heridos fue el resultado. Menos de una semana después, en la noche del 14 de junio, en Cumaná fueron saqueados más de una veintena de comercios y varias unidades de transporte. Los disparos también se hicieron presentes y dos personas perdieron la vida.

Tres días después del madrugonazo, los comercios de la ciudad nororiental de Cumaná empezaron a reanudar sus actividades con temor a ser víctimas de actos vandálicos. Sin embargo, para el 20 de junio, el presidente de Fedecámaras en el estado Sucre, Joaquín Ruiz, indicó que 30% de los negocios saqueados en la entidad no reabrirán al público. Sostiene que los dueños no pueden reponer tanto los productos que vendían como los equipos de trabajo hurtados: rebanadoras, neveras y pesos. “La cantidad en bolívares de las pérdidas aún no es cuantificable. La gente no solo se llevó la comida o herramientas, sino que también destruyó los locales. Entre 20 y 30 % de los locales no podrán reponerse y permanecerán cerrados”, expresó en una entrevista concedida al diario El Tiempo.

Pocos pronunciamientos se han fijado desde el Gobierno, pero el presidente Nicolás Maduro emitió opinión sobre los sucesos de Sucre. En cadena de radio y televisión declaró que los responsables de los saqueos eran “un grupo de delincuentes, a los que les pagaron y los llevaron en camiones”. Vierte la culpa hacia la oposición venezolana, pero no hay una propuesta aplicada efectiva que solucione el problema de raíz que es la falta de producción por el casi agotado acceso a divisas. Hasta ahora, además del peligro visible de que un uniformado pueda atentar contra la vida de un protestante, Maduro también ordenó cárcel para los saqueadores, “la más severa que se pueda”.

Saqueo móvil. Ni choferes se salvan

El director del OVCS, Marco Antonio Ponce, comenta que no solo los negocios se ven afectados porque “los locales donde venden alimentos están en su mayoría militarizados así que la gente decidió atacar los transportes que no tienen ningún tipo de protección”. Afirma que de la cantidad de saqueos producidos en lo que va de año, más del 80% se comete contra camiones que trasladan algún artículo de comida.

El departamento de seguridad de Empresas Polar emitió un reporte e indicó que ocho camiones habían sido atacados. Por tal causa, pidió a los conductores de sus unidades que regresaran a los galpones y paralizaron las rutas de servicio en Petare, hacia las barriadas, y la zona de Guarenas – Guatire.

El viernes 10 de junio, fue el turno del barrio La Vega al oeste de la capital. Allí el conductor de un camión de pollo no contó con la misma suerte. Una vez que entró a distribuir en el sector San Miguel, no hubo advertencia que lo salvara y fue asesinado por intentar resistirse al robo masivo de su unidad. Los testigos no lo pensaron para tomar la mercancía aun con la presencia de un hombre exánime en el asiento. A partir de allí, se desató el caos. En la misma zona, saquearon la panadería Ferman Pan e intentaron repetir el acto vandálico en comercios del Centro Comercial Colonial.

Antonia Contreras vive en el piso 9 del Bloque 2 de La Vega, una zona distante a pie del complejo comercial y del sector San Miguel; pero con una visual al lugar de los disturbios que se desencadenaron cerca del mediodía. Después del ataque al transporte y a negocios, se desplegaron efectivos policiales para controlar la situación. Antonia recuerda que “había plomo parejo. La gente levantó las alcantarillas para que no pasaran las patrullas, pasó un helicóptero varias veces, se escuchaban plomos y cacerolas. Desde mi apartamento se veían los policías disparando y la gente con botellas y piedras”. Relata que los enfrentamientos se prolongaron hasta las 3 de la tarde.

Un camión de carne también fue el detonante de la algarabía en Palo Verde. En la avenida principal, un grupo de motorizados sorprendió al chofer de un camión de carne y lo despojó de toda la mercancía. En esa misma vía, con dirección al barrio José Félix Ribas, se encuentra la cauchera Maribel. Ese día, José Miguel López, un hombre delgado y tostado por el sol, cuenta que cerró la santamaría antes del mediodía cuando se percató de la afluencia de motorizados que deambulaban por el sector. “Nosotros no esperamos, recogimos todo y nos despachamos porque nos podían robar los cauchos si nos quedábamos abiertos”. Asegura que a pesar del hambre, quienes saquean por la zona van en busca de cualquier cosa de valor que les sirva para revender.

Fotos Hace minutos desde Palo Verde. #09Jun pic.twitter.com/aISKdF5Nea

— Daniel G. Colina (@danielgcolina) 9 de junio de 2016

En la zona 4 de la barriada, dos carnicerías fueron desvalijadas. Ambas pertenecen al mismo dueño, un hombre de procedencia portuguesa. Las santamarías grises continúan cerradas y los habitantes no han visto actividad que suponga una reapertura de los locales. Sus vecinos comerciantes dicen que el propietario sigue indignado por haber sido víctima de la misma comunidad para quien trabaja y por eso se rehúsa a vender mercancía de nuevo.

Margot Medina, dueña del abasto Comercializadora EJM en la zona 3 del barrio José Félix Ribas, entiende la posición de su semejante. “¿Para qué vamos a invertir si la gente se va a meter a llevarse todo? Trabajamos a todas, todas, pero abrimos con miedo”. Ella redujo su horario dos horas, cierra a las cinco de la tarde mientras se “normaliza” la situación de desabastecimiento. Ya no despacha los camiones si no hay presencia de Guardia Nacional Bolivariana (GNB) porque sabe que su pequeño comercio es una presa fácil en esta situación.

El equilibrio y normalidad que anhela Margot se ve difuso en el horizonte. La escasez de alimentos no tiene fecha real de caducidad y las acciones del Estado lo han demostrado. Desde abril se encuentran operativos los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y su gestión no ha sido suficiente para detener las protestas y robos masivos de comida. Las bolsas casa por casa son exiguas y no mitigan la escasez que el Gobierno atribuye a una “guerra económica”. Mientras a los comerciantes no les queda más que ser pacientes o rendirse ante una situación económica, política y social que trunca las probabilidades de hacer negocio en Venezuela.