Pasó un año para cumplir con el cometido, y la promesa. En julio de 2016 la Asamblea Nacional (AN) asumió de lleno las irregularidades que formaron parte de la designación de 13 magistrados principales y 20 suplentes hecha en diciembre de 2015 por la saliente Asamblea Nacional. Un proceso realizado a la carrera a finales de ese mes, el último en que el Partido Socialista Unido de Venezuela tendría control del Parlamento y luego de haber perdido las elecciones del día 6.
Con el cambio de correlación de fuerzas, el Poder Legislativo determinó que no se habían cumplido los lapsos estipulados en la Ley y los nombrados, además, no cumplían con los requisitos establecidos en la Constitución. La conclusión fue que los que portaban togas lo hacían de manera ilegal y sin las credenciales para ello. Desde entonces, la Asamblea Nacional prometió solventar la falla y nombrar a «un nuevo TSJ».
El 12 de junio de 2017, la fiscal general de República, Luisa Ortega Díaz, impugnó el nombramiento de esos magistrados «exprés» y pidió su expulsión. Entonces, mostró un acta de la sesión del Consejo Moral Republicano donde debían evaluarse las credenciales de los postulados, sin su firma. Más adelante, afirmó que tal reunión ni siquiera existió. En contraparte, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, juró que el encuentro sí ocurrió y que en un solo día se evaluaron los casi 400 expedientes.
El 13 de junio de 2017, el Parlamento juramentó un nuevo Comité de Postulaciones Judiciales para evaluar de nuevo candidaturas y, según requisitos de ley, designar a los nuevos magistrados. Un mes más tarde, el trabajo estuvo listo y una lista final se presentó, como indica la Constitución, al Consejo Moral Republicano. Pero ese poder decidió ignorar el requisito y ni siquiera mirar los papeles. Se blindaron en los argumentos del supuesto desacato y de lo extemporáneo del proceso. «Le salimos al paso de que traten de colocar instituciones paralelas», reza un comunicado oficial de la institución que guía Saab junto al contralor Manuel Galindo, y que prescinde de Ortega Díaz.
El 21 de julio de 2017 los nuevos magistrados fueron juramentados por la Asamblea Nacional en la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, en Caracas. Al día siguiente fue detenido uno de ellos, Ángel Zerpa, trasladado al Sebin y luego juzgado por un tribunal militar por supuesta Traición a la Patria y sin derecho a la defensa. El resto, pasó a la clandestinidad y, aún así, Jesús Rojas Torres fue capturado por el mismo cuerpo armado y obligado a dejar testimonio de estar en «desacuerdo» son su nombramiento, aunque levantó su mano apenas días antes para juramentarse, como lo reveló TalCual. Se van cumpliendo la orden del presidente Maduro cuando afirmó que serían encarcelados «uno por uno» y que “a todos les van a congelar los bienes, las cuentas y todo, y nadie los va a defender”, dijo el domingo 23 de julio.
El 13 de octubre, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) se instaló el Tribunal Supremo de Justicia «legítimo», en el exilio. Algunos no pudieron asistir pues permanecen refugiados en otros territorios: Rafael Ortega y José Luis Rodríguez (Colombia), Luis Manuel Marcano y Elenis Rodríguez (Chile).
Lo que brilla sí es oro
Los 13 magistrados principales, junto a los 20 suplentes correspondientes, superaron el baremo credo por el Comité de Postulaciones Judiciales. El mecanismo ponderó los requisitos constitucionales en una escala de 100 puntos. Se evaluó tanto el desenvolvimiento en la entrevista como las credenciales verificadas. Estas últimas incluyeron categorías académicas, desempeño laboral, actividades gremiales, culturales y comunitarias, además de méritos, distintivos y condecoraciones.
El diputado Rafael Guzmán, miembro suplente del Comité, explica que el método usado para estudiar a los postulados se correspondió con las necesidades del país. “Fue una evaluación común y corriente donde se consideró la trayectoria y la entrevista. A cada credencial se le otorgó un porcentaje que sumó un puntaje específico. Sin embargo, obtener todos los puntos no fue determinante. No todos los elegidos poseían los mejores puntajes”, admite el parlamentario.
No obstante, Guzmán detalla que fue la Cámara en su conjunto la que realizó la selección final. “Lo cierto es que todos cumplían con todos los requisitos. Ningún requisito privó sobre otro. Todo sumó, nada restó. Quien no fue juez compensaba con años de experiencia laboral o como docente o con estudios de postgrados”, apunta el de Primer Justicia. Ante las dudas, jura que quienes hayan tenido filiaciones políticas renunciaron a ellas.
La información oficial del Comité de Postulaciones indica que entre los nuevos magistrados de TSJ hay 42 Maestrías, 28 Doctorados, 68 Especializaciones en áreas como el Derecho internacional, constitucional, laboral y de derechos humanos. Además, los seleccionados, en conjunto, tienen más de 384 años acumulados en docencia universitaria, 73 libros publicados y 5.000 horas en juicios multidisciplinarios.
En contraste, la oposición menciona que los magistrados «nombrados en revolución en 2015» solo acumulan siete Maestrías, Especializaciones y ningún Doctorado. La producción editorial también es baja: solo tres textos. Además, señalan una lánguida experiencia docente de 25 años, entre todos, y apenas 1.700 horas en juicios con sentencia.
Estos son los magistrados «exprés» y los nombrados en 2017, frente a los requisitos para el cargo impuestos por el artículo 263 de la Constitución nacional vigente y el 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
