En Venezuela la discusión sobre el matrimonio igualitario siempre atraviesa una inevitable discusión moral. Nuestro país es conservador y también profundamente religioso, por lo que las condiciones para que los derechos de la comunidad LGTBI sean reconocidos atraviesan el inevitable discurso sobre el bien, el mal y la moral tradicional
No resulta sencillo debatir sobre temas que no son considerados prioritarios por buena parte de la población, aunque de hecho lo son. Hasta qué punto quienes no sufrimos la segregación, la discriminación y el prejuicio podemos entender la necesidad de reconocer los derechos de todos los ciudadanos.
En un país como Venezuela —sumido en la peor crisis social y cultural de su historia— lo inmediato toma el lugar de lo imprescindible. ¿Cómo se puede explicar a buena parte de la sociedad el hecho que no solamente es necesario el reconocimiento de los derechos de cada ciudadano, sino de lo prioritario que resulta aspirar a una sociedad equilibrada?
No sólo por satisfacer las aspiraciones de un conglomerado históricamente discriminado —que ya sería motivo suficiente— sino también, para evitar que el prejuicio —cualquiera sea su índole— deje ser parte del entramado legal del país. ¿No parece un buen motivo para insistir en el matrimonio igualitario?
También hay otros tantos que pudieran dejar muy claro el motivo por el cual debemos aspirar a una sociedad de ciudadanos con iguales derechos:
Martin Luther King, incansable luchador por los derechos civiles de su país, solía decir “No soy negro, soy hombre” en cada ocasión en que alguien intentaba utilizar su origen étnico para definir sus esfuerzos por la equidad legal. Para King, la batalla por lograr el reconocimiento de los derechos plenos de su comunidad frente al prejuicio racial era una manera de destruir la suposición que hay “diferencias insalvables” en la sociedad que suponen matices en la aplicación de ciertos parámetros jurídicos.
Con su consistente filosofía sobre su necesidad de alcanzar la inclusión y la igualdad desde el supuesto que cada ciudadano tiene exacto valor ante el imperio de la ley, King demostró que el prejuicio no puede mediar ni imponer su criterio sobre la forma como se comprende la identidad del ciudadano.
El matrimonio igualitario no es una venia, un favor o una concesión legal. Se trata del reconocimiento de un derecho de un sector de la población que está siendo ignorado por motivos confusos. Además, el hecho que el estado venezolano —y cualquier otro— no admita los derechos de la comunidad LGTBI, no sólo viola los DDHH —sobre todo el sexto, que deja muy claro que “todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”— de una considerable cantidad de ciudadanos sino que además limita el disfrute de las condiciones legales que deberían favorecer a todos por igual. Así que no se trata de un capricho, de una bandera electoral, de una necesidad utópica que responde a intereses inmediatos, sino de que todo ciudadano merece disfrutar de lo que legítimamente la ley debería concederles.
Una de las primeras maniobras de Adolf Hitler al convertirse en canciller de Alemania, fue asegurarse que la aplicación de la ley tuviera matices y estratificaciones de acuerdo al origen étnico y racial del ciudadano común. Al principio, insistió que se trataba de una medida necesaria para favorecer a la población alemana pero después, fue evidente que su objetivo era utilizar la segregación para crear un estamento de ciudadanos de segunda categoría.
Para cuando el tercer Reich mostró su rostro totalitario, la ley se convirtió en un arma ideológica y, lo que es aún peor, en la herramienta más eficiente del régimen para imponer su modelo de Estado. Todo gracias a ese inicial primer matiz que aseguraba que la ley distinguía entre los ciudadanos por motivos poco claros y, lo que era más preocupante, por completo interpretativos.
Tal vez el anterior parezca un ejemplo exagerado, pero ilustra de manera muy clara la necesidad de que todo planteamiento legal beneficie a todos los ciudadanos de idéntica manera. La ley por esencia, está concebida para favorecer a todos en condiciones de igualdad jurídica. En otras palabras: los ciudadanos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos y obligaciones, lo cual garantiza la equidad, el equilibrio en la aplicación de los extremos jurídicos. Además, todos quienes formamos parte del acuerdo social que llamamos “país” debemos tener la misma posibilidad de disfrute y acceso a los derechos consagrados por la carta magna.
El hecho que las leyes de nuestro país no admiten el matrimonio igualitario provoca que una porción de ciudadanos no pueda disfrutar de un conjunto de derechos esenciales sino que además, distorsiona el supuesto esencial que todo ciudadano debería tener el mismo acceso a la ley. Lo cual contradice cualquier idea democrática —o que aspire a hacerlo— que pueda sostener un proyecto país.
Nadie lo duda: Venezuela atraviesa una coyuntura histórica en la que la crisis política obstaculiza cualquier reclamo legal. Aún así, insistir que todo ciudadano merece ser reconocido ante la ley, siempre será una prioridad inaplazable.
Por siglos, la Iglesia fue tan poderosa como para ejercer funciones de Estado y lo hizo, aplicando los preceptos religiosos como un estamento legal. ¿El resultado? Ejecuciones sumarias debido a la Inquisición, condenas por la acusación de herejía y apostasía, la imposición del dogma religioso a través de la ley. Un panorama preocupante que convirtió a la Iglesia —y a la creencia— en una estructura semi despótica con graves implicaciones a futuro.
Es comprensible que a un país tan conservador y tradicional como el nuestro le lleve esfuerzo entender que dos personas que se saltan las convenciones religiosas normalizadas en el ámbito social puedan contraer matrimonio. También es lógico que una cultura tan profundamente cristiana se sienta ofendida o incluso agredida por la posibilidad. No obstante, nada de lo anterior justifica el hecho que deba suprimirse un conjunto de derechos civiles y sociales a un conglomerado de la población. Hablamos de que debido a esa postura crítica, religiosa o moral, un porcentaje de ciudadanos no pueden acceder a derechos básicos como reconocimiento de su personalidad jurídica, al nombre, a los derecho de herencia y sucesión, incluso a su identidad.
La ley de ningún país puede basarse en consideraciones, prejuicios o la discriminación religiosa. Tampoco en los extremos e interpretaciones de textos sagrados o elementos que pueda propiciar que la ley pueda aplicarse de manera tendenciosa. ¿Qué ocurre con quienes no profesan el pensamiento religioso que podría sustentar la base legal? ¿Qué ocurre con los no creyentes, con quienes simplemente no tiene religión? ¿Quienes no forman parte de ninguna congregación o norma?
El sistema legal de cualquier país civilizado se basa en un conjunto de normas elaboradas para garantizar los mismos deberes y derechos a los ciudadanos que favorecen y protegen. Sin distingo de su opinión política, social o religiosa. O al menos, es el objetivo ideal de cualquier Estado que se base en consideraciones democráticas.
¿La biblia prohíbe el matrimonio igualitario? Ten en cuenta que la Biblia no sólo prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino también permite tener esclavos (El Levítico, 25:44), señala que debe asesinarse al vecino si incurre en la falta de trabajar en sábado (Éxodo 35:2), lapidar a cualquiera que ose tener más de dos cultivos o blasfeme en voz alta (Lev 24:10–16).
Si se insiste en negar el matrimonio igualitario debido a la Biblia, ¿también deben cumplir esos preceptos? ¿Qué hace que algunos sean admisibles y otras no tanto? ¿Por qué algunos son interpretativas y otros sí deben ser de estricto y exacto cumplimiento?
La Biblia, como libro sagrado, recoge las creencias y modos de vida de varias tribus asentadas en el Oriente Medio. De indudable y valioso valor simbólico, religioso, dogmático y moral, es con toda probabilidad el texto más influyente que cualquier otro existente. Pero fue concebido para una época y una cultura por completo distinta a la actual. Tan alejada de la nuestra que la mayoría de sus preceptos, prohibiciones e interpretaciones sobre el mundo nos parecen lejanas y impracticables.
¿Por qué insistir en tomar sólo las ideas que benefician nuestro punto de vista en beneficio del prejuicio? ¿No es eso malinterpretar y distorsionar el contenido de una interpretación elemental y esencial sobre nuestra aspiraciones más trascendentales? ¿O es que estamos utilizando la Biblia como una excusa para sostener nuestros conceptos sobre la segregación?
Vale la pena preguntarse al respecto desde una perspectiva respetuosa y filosófica, pero sobre todo, amplia que nos permita comprender hasta qué punto utilizamos la religión —cualquiera— como excusa para nuestras dudas y miedo a la diferencia.
Actualmente, un matrimonio es la unión de dos personas que desean pasar el resto de su vida —o algún tiempo— juntos. No se le exige otra cosa que su voluntad de aceptar las implicaciones del contrato y, mucho menos, algo más que su buena voluntad de honrar lo que simboliza. Sin embargo, no siempre fue así.
Para los romanos el matrimonio era un contrato social que aseguraba la perdurabilidad de la sangre y de las propiedades. El concepto se mantuvo muy parecido hasta el segundo siglo de nuestra Era, donde además se añadió el elemento religioso que conocemos hasta hoy. Es entonces cuando se insiste que la unión matrimonial debe cumplir el sagrado precepto de la reproducción, que tiene su origen en el mismísimo Génesis.
Palabras más, palabras menos, buena parte parte de la Europa primitiva y medieval se aseguraron de usar el matrimonio como una forma de refrendar alianzas, robustecer linajes y evitar el caos territorial, por medio de herederos matrilineales.
Además, el mandato matrimonial de engendrar era imprescindible en una época donde buena parte del mundo conocido estaba siendo asolado por pestes y tragedias que diezmaban la población. De manera que era necesario, e incluso determinante, tener hijos.
Más allá de eso, el matrimonio carecía de importancia emocional y personal. De hecho, acuerdos reales de considerable importancia, así como acuerdos económicos bastante pragmáticos, usaron el contrato matrimonial como una prueba de suprema confianza entre las partes, donde la pareja era apenas un accidente nominal a tomar en cuenta.
Más adelante, la época victoriana le añadió un ingrediente romántico: apenas en el siglo XIX las parejas comenzaron a contraer matrimonio por amor. A partir de entonces, la idea de los enlaces civiles y religiosos por amor sustituyó la vieja idea del lazo comercial o mercantil.
No obstante, la objeción más común al matrimonio igualitario, continúa siendo el hecho que el matrimonio se concibe como un instrumento que asegura la reproducción humana y lo que se suele llamar de manera muy general “la célula social” por excelencia. En otras palabras, la familia. No obstante, esta limitada y restriguida visión parece no sólo ignorar el hecho que la institución matrimonial no sólo evolucionó —e incluso se convirtió en algo más— sino también que tener hijos se ha convertido en una opción entre tantas otras.
¿Qué ocurre con los hombres y mujeres estériles que contraen matrimonio? ¿O los que no desean concebir? ¿O quienes son padres sin necesidad de contraer el matrimonio? Hay toda una serie de alternativas que transforman el antiguo mandato matrimonial de concebir —y el matrimonio en sí mismo— en algo por completo nuevo. Y las leyes deben ser el reflejo no sólo de esa transformación sino de sus implicaciones, como ha ocurrido tantas veces en el pasado.
El matrimonio igualitario no abrirá la puerta para uniones entre animales y seres humanos, pedófilos y otros hechos criminales. Es la objeción más retorcida de todas: debates semejantes aseguran que el matrimonio igualitario fomentará el reconocimiento de delitos sexuales y aberraciones de carácter ilegal bajo el supuesto que podrían también tratarse de uniones legítimas.
El sólo planteamiento resulta retrógrado y, además, deja muy claro que quien lo profiere continúa convencido de la idea de que la orientación sexual puede ser considerada un trastorno, lo cual, por supuesto, no es cierto. Una pareja gay está constituida por dos adultos mayores de edad, responsables de sus actos y absolutamente consciente de las implicaciones de sus decisiones.
En otras palabras, la relación que comparten no se trata de un delito, ni una forma de coacción, abuso, violencia o agresión. Por tanto, siendo que no transgrede la ley y que, de hecho, celebra las mismas cosas que el matrimonio tradicional, el ordenamiento legal no debería tener objeciones de aceptarlo.
Es admisible y, de hecho, del todo respetable tener una opinión crítica sobre el matrimonio igualitario. Incluso, es admisible que lo consideres antinatural, una violación a la ley de Dios y todos esos argumentos tan enrevesados que suelen llenar las discusiones sobre el tema. Pero a pesar de eso, la ley debe proteger de la misma manera a todos los ciudadanos, no obstante tu opinión moral o religiosa.
Los derechos legales son inalienables y, por tanto, no hay ningún parecer privado que pueda ser mucho más importante que garantizar la seguridad y protección de todos los ciudadanos del país.
Es la razón más sencilla para apoyar el matrimonio igualitario: desear que todos los ciudadanos del país gocen de los mismos derechos, que cada hombre y mujer de Venezuela pueda tener la posibilidad de formar la familia que sueña.
Si ninguno de los argumentos anteriores te convence, piensa por un instante qué ocurriría si deberías renunciar a parte de tus derechos civiles y legales, por sólo ser quien eres. ¿Cómo reaccionarías a la posibilidad que la ley no te protege sólo porque tu estilo de vida no satisface a parte de la población de tu país? Es probable que te sorprenda la respuesta.
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