"La constituyente es el acta de defunción del legado chavista"

Gabriela Ramírez ahora sí habla «fuerte y claro» como tantas veces se le exigió desde las oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas cuando era Defensora del Pueblo en 2014. Lo hace frente al deseo de sepultar la Constitución, y con ella el legado de Hugo Chávez, que asegura tienen quienes hoy detentan el poder del país. Coincide con la fiscal general Luisa Ortega Díaz en que no está dispuesta a permitir que avance más el desmantelamiento del estado de derecho.
Fue diputada por el PSUV gracias a la abstención opositora de 2005 y luego encabezó la Defensoría del Pueblo. En 2014 entregó el cargo a Tarek William Saab y volvió al Poder Judicial para retomar una carrera que al final sumó 23 años en la administración pública. En mayo de 2017 decidió no solamente marcar distancia con el oficialismo públicamente con una carta publicada en redes sociales que se hizo viral, sin ella pretenderlo, según recuerda. Luego renunció a su cargo como Asesora de la Consultoría Jurídica del Tribunal Supremo de Justicia. Admite haberse «plegado» a la senda de Hugo Chávez, haber «perdido el poder» al salir de la Defensoría y de acuerdo con sus palabras: volver «con mi carpetica a ayudar a los magistrados», pero no estaba dispuesta a «perder mi dignidad con la que me incorporé a un proyecto de cambio donde luego vimos a muchos compañeros separar acción y discurso, convirtiéndose en oligarcas».
Gabriela Ramírez demanda acción colectiva para detener la constituyente antes del 30 de julio de 2017. El reloj hace tic tac.

—Usted fue Defensora del Pueblo en 2014 cuando también hubo denuncias de torturas, malos tratos, excesos, y nació La Tumba. ¿Cómo evalúa la actuación de la actual Defensoría del Pueblo?
—Hemos echado de menos una mayor contundencia. En 2014 yo enfrenté una situación muy difícil con las guarimbas. Ahora tenemos guarimba y gente en la calle. En ese momento, en algunos casos hubo desproporción en las detenciones y eso quedó reflejado en un informe que se llama Un golpe a la paz que, por cierto, el Defensor, en una práctica un poco adeca, desapareció. El Defensor ha tenido una forma de actuación mucho más personalista. Sus declaraciones son para decir lo bien que lo hace, su historia de lucha. En un momento tan difícil, más que hablar de sí mismo debe hablar del pueblo que sufre, y no solamente en el tema de represión y derechos humanos sino en el de las necesidades. Obviamente la Defensoría está del lado del gobierno, que es el lado del desmantelamiento de toda la infraestructura constitucional, del recrudecimiento de la represión, de una constituyente sin pueblo.
—¿Ratifica que estamos en peligro de caer en una dictadura?

—Vamos a decir que nos estamos alejando peligrosamente de la democracia. En principio mi disconformidad con la asamblea constituyente era la poca claridad de su propósito, pero con la actuación de Pedro Carreño y la reacción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de admitir un antejuicio de mérito contra la Fiscal General, pues creo que se está acelerando ese proceso de forma peligrosa para el país. Eso tenemos que denunciarlo porque se está desmantelando el estado de derecho.
—Hace tres meses con las sentencias 155 y 156 hubo un alerta, ahora la Fiscal dice que no hay estado de derecho sino un «estado de terror». ¿Cómo ha variado su postura también en ese escenario vertiginoso?
—En el último mes las protestas en la calle, lejos de hacer reflexionar al gobierno y llamar a un consenso sobre las necesidades materiales, más bien ha ocasionado distintas reacciones, como el anuncio de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que en un principio, el 1° de mayo, yo lo vi como una solución porque era una consulta electoral, pero días más tarde se publican las bases comiciales que es cuando se produce el deslinde. Han aumentado las protestas pero también se han afinado los mecanismos de represión. Lo más grave lo vimos en «Los Verdes» de El Paraíso donde inclusive se metieron a las viviendas. Es decir, estamos en un ambiente donde el gobierno está desnudando cada vez con mayor crudeza los resortes represivos de la maquinaria gubernamental. Y eso, con la amenaza de desmantelar las instituciones, que la ANC sea un suprapoder, cesar a todos los poderes públicos. Todas estas señales son tremendamente preocupantes y graves para la democracia. De concretarse estos anuncios, el 30 de julio estaríamos asistiendo a la sepultura del legado del presidente Chávez junto con la Constitución.

—¿En la actuación del gobierno de Nicolás Maduro, dónde comienza el aumento del autoritarismo? Porque ya de antes viene el desconocimiento a la Asamblea Nacional y hasta del por qué la oposición ganó esas elecciones.
—Sí, desde el triunfo electoral de la oposición en la Asamblea Nacional, con la sentencia del TSJ, comienza la afrenta. Sin embargo, en aquel momento la Asamblea entró en el reconocimiento de esa sentencia al desincorporar diputados, había vestigios de juego democrático. Ahora es mucho más visible el problema porque se nos dice que vamos a sustituir una Constitución de base amplia debatida por el país en 1999, ratificada por la oposición en 2007, por una asamblea del PSUV. El 30 de julio se va a sepultar la vocación del presidente Chávez que era consultar al pueblo. Y vamos a quedar sin ley porque no se van a reconocer muchas actuaciones y muchas decisiones de esa Asamblea que va a estar supeditada al Poder Ejecutivo.

—Usted conoce personalmente a quienes están allí al mando del gobierno. ¿Ve a Maduro convertido en dictador, de frente? ¿Ve a esas personas asumiendo ese camino?
—El gobierno habla muy claro a través de su proceder. Cuál es el juego de las individualidades, el peso de cada uno, es difícil saberlo. Pero sí se ve un miedo dentro del gobierno porque está mostrando los dientes. Cuando el gobierno pierde base popular, hay dos opciones: abrir un gran debate nacional y mostrar el talante democrático, o desnudar la fuerza coercitiva del Estado. El gobierno optó por la opción B, además de imponer unos métodos de control social, sobre todo en sectores más desfavorecidos como es el tema de la entrega de alimentos subsidiados. Pero las condiciones objetivas están allí: hay descontento, hay dificultad para conseguir medicamentos y hay un gran malestar social. Vemos un desmantelamiento del Estado y si dejas a la sociedad sin ley la estás empujando a la violencia.

—¿Pero es posible que el presidente Maduro se vea a sí mismo como dictador?
—Esto trasciende al Presidente como individualidad. Estos son factores de poder cruzados donde algunos tendrán más cosas que proteger o resguardar que otros, y finalmente los que tengan más influencia o peso van a conducir al gobierno por ese camino, que siento puede acelerar la extinción del chavismo como corriente política en nuestro país.
—Margarita López Maya dice que el legado es Nicolás Maduro en la Presidencia. ¿Cuál es para usted el legado de Chávez?
—El legado del comandante Chávez es clarísimo. Cuando tomó la decisión de delegar a Nicolás Maduro creo que lo hizo con la convicción de que esa era la persona más indicada para proteger su ideario. Pero fíjate, en el tema de alimentos, el presidente Chávez abatía la pobreza y el hambre de forma muy directa colocando una Casa de Alimentación en los barrios con mayores necesidades, para que cualquier persona fuera y obtuviera un desayuno y un almuerzo. Eso ha sido sustituido por la bolsa CLAP, y hemos escuchado a voceros del programa diciendo que las personas que se salgan de la lógica del partido pueden ser excluidas. Lo que antes se atendía como una necesidad de hambre, ahora es el premio a una militancia política. Allí ves a Chávez versus el gobierno actual. Esto no es el chavismo originario, esto no es el legado de Chávez.

—Estamos aguas abajo, consecuencia de decisiones tomadas hace muchos años. ¿Era viable mantener la manera de gobernar sin petróleo a 100? ¿El «madurismo» es el chavismo sin dinero?
—No. Es mucho más que eso. Yo no digo que el chavismo haya sido perfecto. En el gobierno del presidente Chávez hubo errores que pudieron ser enmendados preservando esas raíces originarias: la inclusión de las mayorías, el rescate de las tierras, la visibilización de la mujer, el debate democrático de los asuntos, la consulta permanente al pueblo. Fíjate cuánto nos hemos desviado del proyecto de Chávez. La constituyente es el acta de defunción del legado chavista.
—Usted habla de grupos de poder en el gobierno. ¿Cuáles son?
—Cuando el presidente Chávez vivía esos grupos existían. Fue algo que el Presidente siempre criticó. Una cosa es tener un grupo cercano, gente en quien confías, pero manejar cargos para favorecer grupos fue muy criticado por el presidente Chávez. Claro, cuando él muere, que es el padre, esos grupos quedan allí y es donde pueden estarse dando esas peleas. En este momento están atrincherados: «nosotros contra todo el pueblo», y con una lógica muy perfeccionada de «grupismo». Son aprendizajes para el futuro, si logramos detener esta asamblea constituyente, restaurar el cauce democrático y el juego del contrario; ese es el desafío que tenemos de aquí al 30 de julio.

—¿Usted se califica como chavista en este momento?
—Con el apellido «originaria».
—¿Cómo defender la representación del chavismo frente a un gobierno que se abroga a Chávez y tiene toda su imagen a disposición de la hegemonía comunicacional?
—Es que lo más antichávez es quererlo privatizar para la burocracia del poder. Si en algún lugar no está Chávez como idea, como proyecto político, dicho por su propia boca, es en Miraflores. Cuando Chávez decía que con él manda el pueblo, eso no era solo un eslogan sino la síntesis de un proyecto político. Con todas las desviaciones y errores, nunca se abandonó la premisa de la consulta del pueblo. Ahora hay una elección postergada y una asamblea nacional constituyente previa a esa elección. Eso nos da derecho a sospechar qué va a pasar con las futuras elecciones, porque estas actuaciones del TSJ contra la Fiscal ya hablan del talante de quienes detentan el poder.
—Usted fue diputada por el PSUV y luego Defensora del Pueblo nombrada por un Parlamento presidido por Cilia Flores, ¿cómo son sus relaciones con quienes siguen en el poder?
—Algunos me cuestionan y me dicen que no he entendido el momento, que esto es una batalla contra el imperialismo. No obstante,  si tú perdiste tu capacidad de comunicación con el pueblo, es porque ya no estás luchando contra el imperialismo; si estuvieras bebiendo de la raíz popular el pueblo te estaría apoyando. Si en el peor de los casos saliéramos del poder en un sistema alternativo tendríamos la oportunidad de volver. Lo que no podemos hacer es secuestrar el poder. Por eso no defendemos ni gobierno ni oposición, sino a la República como construcción social.

—¿Ha tenido reuniones, encuentros o conversaciones con gente de la oposición?
—No he tenido reuniones con la oposición, pero sí encuentros en escenarios tradicionalmente opositores. Por ejemplo, me invitaron hace dos semanas a una asamblea donde estuvo el alcalde Gerardo Blyde. Me invitaron los muchachos de la Universidad Metropolitana a un foro. Yo voy a ir a cualquier parte a defender mi Constitución.
—En los medios del Estado no ha tenido acceso. En VTV, Jorge Amorin incluso apeló a unas palabras suyas de 2014 y la acusó de haber justificado la tortura, algo que la propia VTV en su momento desmintió. ¿Se siente víctima de la hegemonía comunicacional?
—Esa expresión de Amorin, en su papel de sicario moral, evidencia la desnudez de argumentos que tienen las posturas gubernamentales y lo difícil que es impulsar una constituyente que nadie quiere, que nadie apoya y que nadie entiende. Eso más bien los aísla, estamos viendo cómo el chavismo se va quedando en la soledad. Tenemos la responsabilidad, quienes estuvimos con Chávez, de rescatar el respeto a la conciencia popular.
—Desde hace años se ha tildado a la oposición de apátrida. Ahora que coincide con planteamientos opositores, ¿hace una valoración distinta?
—El presidente Chávez hizo esa división, que no fue la mejor forma de transmitir que el proyecto chavista era de defensa de la soberanía nacional. Esa oposición invariablemente tuvo al menos 40% de apoyo electoral. Entonces, estás de hecho generando una fractura social porque el elector de Borges, Capriles o Leopoldo se siente también acusado de pitiyanki, imperialista, vendido y ese tipo de cosas. Creo que es una lección para el futuro no colocarnos etiquetas. No puedo decir si la oposición es vendepatria o entreguista porque no le presenta un proyecto de país al pueblo a estas alturas cuando es probable que en un tiempo corto ellos lleguen al poder, por descarte. Prácticamente la campaña de la oposición la hace el madurismo con sus actuaciones contra la Constitución.

—¿Hay gente detrás de la Fiscal y de usted misma? ¿Son boyas o son puntas de un iceberg?

—Yo estoy en la punta del iceberg del pueblo que reclama su soberanía vulnerada.
—¿Usted se siente partícipe de una activación de los artículos 333 y 350 de la Constitución?
—Ese es un artículo que nada más lo puede activar el pueblo, y si se concreta la constituyente y el golpe de Estado judicial que implica la destitución de la Fiscal, estaría yo también en desconocerla. Ningún venezolano tendría que ir a votar en la constituyente, porque no es sino un asalto del poder. Eso le daría cauce al 350 de manera pacífica y en la calle, no podemos reconocer ni una Constitución ni una constituyente en esos términos.
—Cuando usted habla, como la Fiscal y otros exministros, se recuerda que ciertas prácticas no son nuevas: el uso de recursos públicos en elecciones, un delito; denuncias de violaciones a derechos humanos; politización de instituciones… Hay planteamientos de ahora que motivaron al Chigüire Bipolar a escribir que «la Fiscal despierta de un coma luego de 18 años». ¿Cómo lo evalúa?
—Yo lo vi, es muy gracioso. Pero esa misma pelea de los medios con Chávez hizo ver que no era un hombre legalista, y sí lo era. Quizá en los últimos tiempos ocurrieron cosas criticables, pero Chávez se dirigía con mucho respeto a las instituciones, y muchas decisiones se hicieron diciendo que eran orden de arriba y no lo eran. En el caso de los Defensores del Pueblo, en todo el planeta son elegidos por los parlamentos y tienen una extracción política, nexos estrechos con algún partido. Pero tener una simpatía no significaba que yo no hiciera mi trabajo. Yo me valí de esas buenas relaciones con el gobierno, en un escenario de muchos maltratos, abusos y desproporción de la fuerza en 2014, para hacer actuaciones frente a los jueces. Nosotros trabajamos de manera cerrada con los cinco muchachos incorporados a la causa de Leopoldo López y todos fueron liberados a partir de la promoción de las pruebas de la Defensoría sobre su estado físico. Yo me fui con mi conciencia tranquila. Gracias a esas relaciones muchísimos muchachos recuperaron su libertad, a lo mejor hoy serían presos políticos. Opté por no deslindarme del gobierno sino moverme para lograr los fines de los derechos humanos. Si no, a lo mejor hubiese terminado destituida. Creo que hice lo correcto. Yo estuve siempre del lado de las víctimas. Desde las Naciones Unidas me presionaban para hablar «fuerte y claro» acerca de ciertos temas, pero si yo hacía eso no sacaba a nadie pues iban a decir que brinqué la talanquera y se cerraban todas las puertas, que es lo que atraviesa hoy la Fiscal. Doy gracias a Dios de no haber caído en esa tentación.

Escuche la entrevista completa aquí:

]]>