Tristeza, decepción e impotencia son casi palpables en la sala de redacción del Correo del Caroní luego de que el juez Beltrán Javier Lira emitiera una sentencia condenatoria contra el director del ahora semanario -por falta de papel-, David Natera Febres en la madrugada del viernes 11 de marzo. “En la mañana cuando entré, al ver a mis compañeros se me vinieron las lágrimas. Aunque todos dicen que mantengamos la calma, es duro porque tenemos la certeza de que no estamos haciendo algo malo y que es un golpe a la libertad de expresión”, se lamenta Pableysa Ostos, periodista de sucesos del periódico. “Sentimos que de una manera se vulnera, se pone entredicho nuestro ejercicio profesional y pone en riesgo nuestra estabilidad laboral. Para muchos esta ha sido nuestra escuela”, complementa María de los Ángeles Ramírez, también periodista del diario. El descontento es unánime.
Sobre una mesa dentro de la sala están dispuestos los reportajes impresos alusivos al caso de corrupción en la CVG Ferrominera Orinoco publicados en 2013. Las averiguaciones periodísticas desencadenaron el despido del entonces presidente de la empresa, Radwan Sabbagh; así como su detención e imputación junto a tres gerentes y el empresario Yamal Mustafá, propietario de Corporación de Alimentos Brindisi, C.A. (Corpobrica), compañía encargada de la compra, venta y distribución de alimentos. Pero Mustafá quiso pelear y demandó en 2013 a Natera Febres por delitos de difamación e injuria. La causa, que había sido sobreseída, se reactivó mientas la opinión pública seguía el caso de la masacre de Tumeremo, también en el estado Bolívar. El juicio caminó tan rápido que, en horas, Natera fue condenado a cuatro años de prisión.
La redacción de Correo del Caroní sufrió otro golpe el 20 de julio, cuando la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Bolívar ratificó la condena contra Natera Febres. La corte declaró sin lugar el recurso de apelación en todos sus puntos y ordenó, además, la sujeción a vigilancia del condenado durante una quinta parte de la sentencia.
“Nosotros estábamos preparados ya para que en cualquier momento ese juicio se reactivara. Cuando escuchábamos la lectura de la sentencia se evidenciaba que las investigaciones del Correo del Caroní eran totalmente pertinentes al caso”, explica Jhoalys Siverio, periodista de política del periódico. «Seguimos convencidos con la investigación porque cumple con los principios del periodismo, su corroboración de fuentes y datos. El fallo deja ver cómo son las instituciones del Poder Judicial y eso desanima. Pero más allá de eso, seguimos comprometidos con servirle a la gente”, añade Ramírez.
Cuatro años de prisión para el director, dijo Lira en su sentencia verbal dada de madrugada, además de una multa de 1.137 unidades tributarias (201.249 bolívares) y la prohibición al medio de publicar noticias relacionadas con Mustafá en cuanto al caso de corrupción en CVG Ferrominera Orinoco, una medida previamente establecida. “Hoy vinimos a trabajar igual que todos los días. Con ese despecho por dentro, pero siempre adelante”, explica Siverio.
El juez también impuso dos sentencias de coerción personal hasta el fallo no quede definitivamente firme: la prohibición de salida del país y presentación cada 30 días ante el juzgado de David Natera Febres, según informó la página web del rotativo. Además, la defensa señaló que hay una medida “ininteligible”: la medida económica contra David Natera que prohibiría al director enajenar y gravar derechos.
Bajo la etiqueta #InformarNoEsDelito, las protestas contra el fallo a Natera Febres brotaron en las redes sociales, tildado como un ataque más a la libertad de expresión. “Es una condena al periodismo crítico y de investigación que se produce tres años después solo con el objetivo de oscurecer los hechos que hoy ocurren en Bolívar”, expresó Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
Un raya más del tigre
El juicio contra el director del diario Correo del Caroní no es el primero ni parece ser el último de esta naturaleza. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) pidió en junio de 2015 ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que exhortara al Estado venezolano a eliminar los delitos penales por difamación e injuria. Entre 2005 y 2014, el Estado ha abierto 42 procedimientos judiciales contra periodistas, medios y organizaciones de derechos humanos, según el IPYS.
Uno de los casos más mediáticos ocurrió en agosto de 2013 con El Nacional. El diario recibió una multa equivalente a 1% de sus ingresos brutos durante 2009, por publicar el estado de la morgue de Bello Monte, en Caracas. La fotografía publicada el viernes 13 de agosto de 2010 y por la que fue sancionado mostraba cuerpos sin identificación alguna apilados como sacos. Luego del desenlace jurídico, El Nacional debe abstenerse de publicar “imágenes de contenido violento, armas, agresiones físicas, sangrientas y cadáveres desnudos”. En solidaridad, el entonces diario TalCual replicó la misma fotografía en su portada, y recibió el mismo castigo pecuniario. El director del ahora también semanario expuso en aquella oportunidad en un editorial posterior que se trató de «un acto claramente político, de desobediencia civil».
El humor también ha generado revuelo judicial. Tal es el caso del artículo de opinión “Querida Rosinés”. La carta humorística escrita por Laureano Márquez y dedicada a Rosinés Chávez recibió una sentencia por “atentado contra los derechos” de la infancia en 2007 y una multa de 50.000 dólares al diario TalCual, que fue subsanada mediante colaboraciones de los lectores. En marzo de 2012, la Asamblea Nacional aprobó una moción de apertura de investigación en la Defensoría del Pueblo contra el mismo medio, acusado de difundir mensajes racistas y xenófobos, según denunció el entonces parlamentario Modesto Ruiz sobre una caricatura de Roberto Weil cuando pidió enfilar baterías contra el director del periódico, Teodoro Petkoff.
Según publicó la ONG Espacio Público en su informe de 2015, el hostigamiento judicial registró un total de 18 casos entre amenazas de querellas y demandas efectivas en tribunales nacionales contra periodistas y medios de comunicación, principalmente por la difusión de información que pone en entredicho la actual gestión del Gobierno. Replicar informaciones del diario ABC de España, le valieron demandas penales y civiles por parte del diputado Diosdado Cabello a El Nacional, TalCual y el portal web La Patilla. La supuesta vinculación del diputado con el narcotráfico, según testimonio de Leamsy Salazar, un ex escolta de Hugo Chávez, también reproducida en los diarios estadounidenses Wall Street Journal y The New York Times, generó la reacción del parlamentario cuando era presidente del Poder Legislativo y la activación judicial del caso.
Los directivos de los tres medios venezolanos soportan una prohibición de salida del país -aunque algunos ya estaban fuera cuando se dictó- y posibilidad de ir a la cárcel como castigo penal, mientras la demanda civil pudiera conllevar a un embargo de bienes y a multas millonarias.
Además, en el caso de TalCual aún no se ha resuelto la otra demanda de Diosdado Cabello fechada en 2014 a raíz de un artículo de opinión del exministro de Hugo Chávez, Carlos Genatios. Por ese caso, a Teodoro Petkoff, Manuel Puyana y Juan Antonio Golía les fue prohibida la salida del país y se les obliga a la presentación periódica ante el tribunal, en una medida tomada sin escuchar a los demandados. Luego de esta actuación, Bárbara César Siero, la juez del caso, fue designada magistrada del Tribunal Supremo de Justicia.
El director de Espacio Público, Carlos Correa declara que existe un “reflujo” en la tendencia de juicios personales contra medios de comunicación. “Pareciera que lo que está detrás es la utilización del Poder Judicial para castigar investigaciones periodísticas vinculadas con casos de corrupción”, indica.