La desilusión de los milicianos

Mientras cenaba en familia la noche del 9 de marzo del año 2015, Nicolás González (nombre ficticio para proteger su identidad) veía la televisión y fijó su atención a un discurso del entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Él declaraba la aplicación de sanciones contra siete funcionarios del gobierno venezolano, incluyendo militares, por su incursión en actos de corrupción y violación a los derechos humanos. Venezuela era considerada «una amenaza extraordinaria» para la seguridad norteamericana.
Tras escuchar atentamente la declaración, Nicolás dejó de comer y le dijo a su esposa que esas palabras eran un llamado a la guerra contra Venezuela, que el país corría el riesgo de ser intervenido, como tantas y cansinas veces lo había anunciado Hugo Chávez y luego su heredero Nicolás Maduro. Movido por la rabia, decidió alistarse en la milicia para defender a la nación y en obediencia a su ideología de izquierda. Cuenta que esa madrugada no durmió y esa semana convenció a su esposa para que también se incorporara al batallón, adscrito a la Zona de Defensa Integral (ZODI) del Distrito Capital. «Ella no estaba muy segura, no le entusiasmaba la idea de manipular armas, pero me comentó: todo sea por preservar la democracia y la paz en Venezuela».

A Nicolás no lo movía un interés personal, sino un sentimiento patriótico. Recibió adiestramiento durante varios meses, junto con otros 14 mil 762 hombres y mujeres que integraban cerca de 61 batallones. Una vez a la semana, con orgullo, Nicolás vestía el traje zamorano de color caqui para asistir a las prácticas militares en las canteras de Caricuao. Su esposa solo lo acompañó tres meses y luego se retiró para dedicarse de lleno al trabajo del hogar. Sin embargo, otros miembros de su familia siguieron los pasos de Nicolás. El espíritu de lucha no tardó en convertirse en un sentimiento de decepción, cuando en noviembre del año pasado recibió una orden de uno de sus superiores. La instrucción era clara: vestido de civil con una chaqueta negra, debía montar vigilancia en la plaza Bolívar de Caracas para reprimir a los enemigos de la revolución, eso se traducía en atacar a todo aquel que se atreviera a disentir contra el gobierno en ese punto emblemático de la ciudad.
Con firmeza y desconcierto, Nicolás desacató el mandato. No estaba dispuesto a atentar contra su pueblo y antes de que lo expulsaran, entregó el uniforme caqui y renunció a su trabajo administrativo en Inparques. «No me uniformé para caerle a plomo a gente indefensa. Yo me casé con un proyecto patriótico para proteger al pueblo, no para masacrarlo», afirma fue su respuesta. Decidió ser papá y retomar su carrera como profesor de historia que había descuidado por su lealtad al proceso revolucionario.
Su retiro no implica que no esté al tanto de lo que pasa en las filas de la Milicia Bolivariana. Nicolás cuenta que se teje descontento entre sus integrantes. Su función fue desvirtuada y sus miembros solo devengan sueldo mínimo y tickets de alimentación. No tienen otros beneficios. De ahí que más del 80%, a su juicio, haga caso omiso al reciente llamado del diputado oficialista Pedro Carreño de crear pelotones para la defensa integral de la patria ante un eventual golpe de Estado.

El 8 de mayo, Carreño aseguró en VTV que los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) están alistados «como cuerpos combatientes». Se trata del Plan de Encuadramiento de la estructura del PSUV para su incorporación a la Defensa Integral, a través del Sistema Defensivo Territorial. Según la información que develó, existen 10.176 Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), que se organizarán en pelotones de cuatro UBCH, para formar un CLP. «Es decir que tenemos 3.680 CLP y cada cuatro CLP un batallón de milicia», dijo el parlamentario al anunciar el objetivo de lograr «920 batallones territoriales de milicia.
Por otra parte, el Plan Zamora activado por Nicolás Maduro incluye la integralidad entre Fuerza Armada, Guardia Nacional, Policía Nacional, Milicias Bolivarianas, colectivos y UBCH. El 17 de abril de 2017, el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, anunció la creación e incorporación de los cuerpos de combatientes de esa tolda a la Milicia Bolivariana a la que Maduro ordenó entregarle fusiles.

Los amigos y allegados de Nicolás que son milicianos forman parte de ese contingente que está en desacuerdo con ese plan. Ellos no quieren guerra, no están dispuestos enfrentarse con un pueblo que sale a las calles porque está harto de atropellos, de la inseguridad, de la falta de comida y de oportunidades. Hay hombres y mujeres como Nicolás que desertaron. Los batallones que antes lo integraban más de 2.000 personas están desolados y actualmente no llegan a 800 y su operatividad se redujo a un 10%, según desliza el excombatiente.

Uno de los que abandonaron el barco es Miguel. Resguarda su apellido pero habla para recordar que cuando escuchó las declaraciones de Carreño decidió apartarse. Ya había un malestar previo por la incorporación de colectivos a la milicia, que en su mayoría tienen prontuario, además de por los bajos sueldos. «En los batallones se respira hambre. Los funcionarios ya no tienen fuerzas ni ganas para gritar consignas como: ‘yo defiendo la revolución con honor y pasión’. Algunos están flacos, demacrados, no les alcanza el dinero para comprar comida. Mientras que otros no han recibido entrenamiento básico en materia de disparos tácticos y reconocimiento del terreno del enemigo. Hay un grupo, también reducido, integrado por personas de la tercera edad que cuidan hospitales y morgues. Solo empuñan las armas en los actos públicos porque no están adiestrados para usarlas», reseña.
Sin preparación ni incentivos
En la Policía Nacional Bolivariana (PNB) los jefes no han notificado a sus subalternos que deben incorporarse a ese plan de defensa. Hay hermetismo sobre el tema. Nadie habla de eso. Según un funcionario que prefiere no develar su identidad, el cuerpo de seguridad no está en capacidad ir a un frente de batalla. Los agentes que han egresado de las últimas promociones son muchachos que no llegan a 24 años de edad, no tienen preparación en materia de orden público, tampoco entrenamiento de combate como lo hacía la extinta Policía Metropolitana, a través de cursos. En su proceso de formación, explica la fuente, ni siquiera reciben instrucción sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. «Muchos no saben cómo actuar en las manifestaciones. No saben cómo reprimir, se ahogan con los gases, no tienen técnicas de defensa», dice.

Para el agente, la incorporación de la PNB a la iniciativa del gobierno central distorsiona la esencia del organismo. Esa institución fue creada para brindar protección a la comunidad, para dictar políticas de seguridad ciudadana, para combatir la delincuencia. No es un ente diseñado para la guerra. Relata el uniformado con 15 años de carrera que escogió ser policía, un oficio riesgoso y mal remunerado, por vocación pues quería servirle a sus vecinos y ganarle la batalla a la impunidad. Además, es tradición familiar. Su padre y su abuelo también portaron chapa contra el hampa y no armas contra la gente. Por eso duda que el llamado desde el poder tenga eco dentro de las filas de la policía.

«El 60% de los hombres no lo acataría porque coinciden con mi opinión y el resto de los uniformados está cansado. Acude con desagrado a las manifestaciones porque ellos pasan hasta 12 horas en la calle sin recibir comida y agua para perseguir a los detractores del gobierno», se explaya. El funcionario asegura que sus compañeros hablan de descontento. Recuerda, nítidamente, lo que le dijo uno de ellos: «curso, estoy agotado y frustrado, yo no me preparé en la policía para corretear estudiantes y bombardearlos, sino para patear los barrios y enfrentar a los malandros. Lo que estoy haciendo es por necesidad. Mantengo a mis dos hijos y a mi mujer, que perdió el trabajo hace poco. Son contados los que están dispuestos a defender un proceso desgastado y desligado de los principios democráticos», narra haber escuchado.
No quieren combates
Luisa Quintero, integrante de una UBCH de la avenida Francisco de Miranda en Caracas, se enteró por Twitter que el diputado Pedro Carreño había anunciado la conformación de 10.176 unidades de batalla que se sumarían a los pelotones armados. Cuando leyó la información, la mujer, que no suelta su nombre real, conovocó a una reunión y manifestó abiertamente que no participaría en ese llamado. Ella se formó como luchadora social y, aunque tiene conocimiento en materia de armas porque fue funcionaria policial, no está dispuesta a accionarlas. Está abocada al trabajo comunitario: desde las 7:00 am levanta la base de datos de los beneficiados con las bolsas Clap para distribuirlas, organiza las actividades deportivas de la zona y los operativos asistenciales. En su agenda diaria no hay espacio para el adiestramiento al combate. Es defensora del socialismo, pero establece límites. Para ella los conflictos no se resuelven en un campo de batalla para aniquilar a los adversos, sino con el consenso.

No todos son como Luisa. En esa zona sí hay pequeños grupos de ubechistas que en alianza con milicianos, fieles al régimen, hacen trabajos de inteligencia social orientados a elaborar listas negras. Se reúnen en las noches. Un vecino cuenta que manejan datos de habitantes que acuden a las protestas. Los tienen identificados, conocen sus movimientos y la orden es perseguirlos y atacarlos: son los objetivos de la revolución. A ellos los tienen excluídos de los beneficios soliciales por ser «apátridas». El castigo del hambre.

Para el legislador Edgar Zambrano, presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, la mayoría de las fuerzas militares, civiles y policiales que actúan bajo el mando del gobierno no quieren la guerra. Su anhelo es vivir en un país donde puedan tener poder adquisitivo, mejor calidad de vida, trabajo y seguridad. En Venezuela no hay cultura de guerra, cree. A su despacho han llegado denuncias de militares de bajo rango hartos de las violaciones a la constitución, de que los obligan a usar armas como instrumento de represión y a otras no convencionales para atacar a la población. En los cuarteles el nivel de descontento supera el 80%, sostiene el diputado adeco. Afirma que en sus espacios no hay cabida para el diálogo, para que ellos expongan sus quejas por sus bajos salarios y sus actuaciones en las protestas.

Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, ve con preocupación el esquema de agitación diseñado por el gobierno. «Más allá de quiénes estén de acuerdo o no con el llamado bélico, hay un plan para aplastar a la disidencia. Eso es apología del delito. Basta con usar un puñado de 300 hombres para confrontar a los ciudadanos y mantener a un país doblegado, sumiso por el miedo. No importa cuántos atenderán a ese exhorto, sino la intención y el propósito que hay detrás de esa convocatoria».]]>