Las “fake news” de las protestas escondieron la impunidad

La ola de protestas de 2017 en contra de Nicolás Maduro desencadenó una inédita represión y, también, una maquinaria de propaganda que desvirtuó informaciones sobre los sucesos, en tiempos en que la censura enfermó tanto al ecosistema informativo que las redes sociales fueron cultivo de verdades, mentiras y un espectro gris de distintas tonalidades. Las “fake news” fueron usadas incluso desde el poder

Se cumple un año desde que Venezuela entró en un ciclo de protestas, largo y sangriento, que finalmente no lograron el objetivo que la mayor parte del país le endilgaba: cambiar al gobierno de Nicolás Maduro. Fueron momentos que recrudecieron las vivencias de “La Salida” de 2014, y las profundizaron. Hubo más muertos, 157, más heridos y más encarcelados, incluyendo centenares de personas que fueron procesadas por la justicia militar. Las huellas de lo que se vivió en aquellos días aún atestiguan las jornadas ante quien recorre las calles de Caracas y de Venezuela.

Fueron tiempos, también, de censura. Así como en 2014el canal NTN24 fue retirado de las pantallas nacionales, en 2017 se despidió forzadamente CNN mientras que otras señales internacionales tuvieron caídas obligadas. La radio y la televisión venezolana se vieron constreñidas por las amenazas legales y gubernamentales, y la difusión de hechos noticiosos fue poca, aséptica y controlada.

En cambio, medios de comunicación digitales, canales de televisión por Youtube, como VPI, e iniciativas periodísticas como el Servicio de Información Pública fueron fundamentales para dar cuenta de lo que ocurría en las calles con la brutal represión con la que el Gobierno de Venezuela respondía a quienes exigían cambio. También las redes sociales asumieron rol protagónico para registrar y reportar los sucesos, en muchos casos con profundas imprecisiones. Y la propaganda del sistema público puso la guinda.

A las habituales “bolas” de que “cubanos se uniformaron de guardias nacionales para matar al pueblo” hubo que sumar otras. Fueron tiempos de escarbar entre información manipulada, noticias alteradas, discursos de dos polos que condenaban, acusaban y buscaban la indulgencia de sus seguidores. La verdad también fue reprimida. Varios relucen en la historia de los “fake news” locales.

19 de abril de 2017

Aquella mañana, la oposición había convocado a una concentración en diferentes puntos de Caracas. Fue el día de mayor asistencia y la jornada que dejó al primer asesinado entre asistentes a las manifestaciones. Carlos Moreno recibió un disparo en la cabeza por parte de un civil armado que luego se determinó fue Alejandro Linares, quien fue aprehendido, imputado por el homicidio y encarcelado en el Centro Penitenciario El Rodeo III en Guatire

Durante esa misma jornada, el oficialismo había convocado a sus simpatizantes a salir a las calles para conmemorar la firma del Acta de la Independencia, en la avenida Bolívar. Almelina Carrillo, 47 años, salió de su casa en La Candelaria y al caminar frente a un edificio de San Bernardino recibió un impacto en la cabeza. Una botella de agua congelada la impactó y la dejó inconsciente.

Carrillo fue auxiliada por quienes transitaban con rumbo a la marcha oficialista y trasladada a un centro hospitalario de la capital. El video del suceso corrió por las redes sociales y, de inmediato, dirigentes políticos, chavistas y opositores, alzaron la voz condenando lo ocurrido. Pero el chavismo lanzó acusaciones: fue un atentado de la derecha.

Un comunicado oficial divulgado en la noche, desmentía que la mujer estuviera manifestando y afirmaba que Carrillo “iba saliendo allá en La Candelaria a su lugar de trabajo”, según leyó el vicepresidente Tareck El Aissami. Aún Carrillo estaba en cuidados médicos, con pronóstico reservado.

Pero los dedos índices comenzaban a apuntar. El conductor del programa Cayendo y corriendo de Venezolana de Televisión (VTV), Miguel Pérez Pirela, denunció que lo ocurrido era responsabilidad del sociólogo Tulio Hernández por “los tuits irresponsables” que hizo la noche anterior sobre defenderse de los miembros del Plan Zamora “hasta con materos” si fuese necesario. El tuit del columnista fue borrado de la red social, pero la propaganda oficial lo usó como si aquel trino hubiese sido un llamado que incitó tal agresión y posterior muerte.

 

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El 2 de mayo de 2017, Jesús Juan Albi Zambito fue detenido en su residencia en el edificio Rostrol por su presunta responsabilidad en la muerte de Carrillo y fue acusado ante el Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas por homicidio intencional. Fue ordenada su reclusión en la cárcel de Yare III.

20 de abril de 2017

Esa noche El Valle ardió en una mezcla de protestas, enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad y saqueos, un conflicto que dejó 17 personas fallecidas y afectó a los pacientes del Hospital Materno Infantil del sector.

El hecho que vecinos de la zona describieron en aquel entonces como “una batalla” comenzó con una manifestación “arriba en el cerro”, que se trasladó hasta la avenida Intercomunal, donde sonaron las cacerolas y se instalaron barricadas. Luego se dijo que civiles armados y hasta vehículos blindados llegaron al lugar para dispersar la protesta. El descontrol y la anarquía bañaron el asfalto. El Valle, aquella noche, no durmió entre disparos y muertos.

Entonces un grupo de personas inició saqueos en el lugar. La panadería La Mayer del Pan, ubicada en la calle Cajigal, fue el epicentro de los asaltos a 17 comercios. Pero una descarga eléctrica acabó con la vida de ocho personas dentro de ese local. Otras dos víctimas recibieron disparos mortales.

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En paralelo, pacientes del Hospital Materno Infantil Hugo Chávez, tanto madres como recién nacidos, tuvieron que ser desalojados del recinto por el olor a lacrimógena y a basura quemada en barricadas. La entonces canciller Delcy Rodríguez denunció que “bandas armadas contratadas por la oposición” incitaron a la violencia en el sector y entraron de manera arbitraria a las instalaciones del centro de salud. Pero tal cosa no ocurrió. La acusación desde el poder señaló al diputado José Guerra como el promotor. Pero lo qu ehubo frente al nosocomio fue una protesta, seguida de represión y confrontación con piedras que llegaron hasta el Materno. El desalojo se produjo cuando los gases lacrimógenos hicieron imposible respirar con tranquilidad en el lugar.

Las autoridades difundieron como cifra oficial que 11 personas habían resultado muertas aquel día. Fuentes extraoficiales y conteos periodísticos independientes registraron 18 caídos. Aún quedan respuestas pendientes de lo ocurrido aquella noche.

20 de abril de 2017

La misma noche del 20 de abril de 2017, quienes no seguían los sucesos de El Valle podían sumarse a las especulaciones sobre una supuesta “huida de Maduro” desde Miraflores. Cerca de la sede del Ejecutivo, unas luces se encendieron hasta iluminar los cielos.

Se especuló que serían las luces del helipuerto de la residencia presidencial, anunciando la partida definitiva del primer mandatario. Luego, se habló se unas “luces antiaéreas” instaladas en Palacio, supuestamente reliquias de la era de Marcos Pérez Jiménez, que darían cuenta de la amenaza sobre un posible bombardeo al lugar.

Ninguna versión fue real. Las luces formaban parte de un juego de iluminación a propósito de la inauguración del Festival de Teatro de Caracas 2017, que sería al día siguiente en la plaza Diego Ibarra.

26 de abril de 2017

Como se hizo costumbre, la tarde del 26 de abril la represión reinó en medio de lo que comenzó como una protesta pacífica. Pero esta vez las alarmas sonaron distinto: el Estado mata. Fue la apresurada conclusión al asesinato de Juan Pablo Pernalete Llovera, quien fue herido mortalmente en las inmediaciones de la Torre Británica en Altamira, y fue trasladado a Salud Chacao pero llegó sin signos vitales.

De inmediato la primera hipótesis fue que la muerte ocurrió por el impacto de una bomba lacrimógena. El alcalde Ramón Muchacho habló de traumatismo torácico, pero no de qué lo había causado. Había que investigar. Desde el gobierno dieron una versión más aventurada, comenzando por el entonces ministro de Información, Ernesto Villegas, tres días después, cuando sostuvo que una “pistola de perno cautivo” como las usadas en ganadería habría sido el arma homicida, en manos de otros dos jóvenes.

“Es llamativo que en el momento en que el joven Pernalete es supuestamente auxiliado, venía él caminando por sus pies, se escucha una voz preguntándole: ¿’Le dieron?’ Y hay otra voz que dice ‘No’, pero en ese preciso instante el joven se desvanece en medio de una maniobra de los dos personajes que le abordan para supuestamente auxiliarlo”, aseguró Villegas.

La maquinaria estatal se activó, incluso difundiendo videos que demostrarían una “conspiración” para dar muerte con el muchacho. El presidente Nicolás Maduro soltó el primero de mayo que “lo mató la misma oposición”. Diosdado Cabello también apuntó su mazo: “Ellos, los mismos muchachos, llamaron a asesinar a Pernalete”, aseguró el 7 de mayo.

Varios medios oficiales dieron como cierta la información y hasta el diario Últimas Noticias publicó que la autopsia al cadáver supuestamente negaba el impacto por lacrimógena disparada por un guardia nacional, como denunciaban los testigos.

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El entramado se derrumbó el 24 de mayo, cuando la fiscal general Luisa Ortega Díaz reveló el resultado de las investigaciones de su despacho. “Se produce por shock cardiogénico, impactado por un objeto como este”, dijo mientras mostraba un cartucho de un proyectil lacrimógeno, y continuó: “Esto es lo que lo impacta y lo asesina”.

También aseveró que la experticia había determinado que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) dispararon la munición. El resultado de 79 actos de investigación sobre ese caso. Se confirmó así el acta de defunción del joven estudiante de 20 años que publicó Runrun.es donde quedaba establecido que el impacto “le fracturó el esternón, le perforó los pulmones y luego le produjo un paro cardíaco”.

Pero el gobierno no descansó. Cuando Tarek William Saab asumió el despacho de Ortega Díaz, por orden de la constituyente, anunció que reabriría el caso y no suscribió la tesis oficial del Ministerio Público. “Aquí descubrimos que el laboratorio criminalístico de la Fiscalía se usó para alterar pruebas, eso es grave, estamos en etapa de investigación, pero eso es sumamente grave”, deslizó el 7 de septiembre de 2017. Pero llegado abril de 2018, el caso sigue impune y el asesino suelto.

3 de mayo de 2017

Luego de un mes de intensas protestas en Caracas y varios estados de Venezuela, la noche del tres de mayo un tuit sacudió al país: Leopoldo Castillo afirmó el ingreso del dirigente político Leopoldo López al Hospital Militar de Caracas sin signos vitales.

Al principio se pensó que la cuenta había sido hackeada. Pero Castillo, a los pocos minutos, confirmó que su perfil no había sido intervenido. Entonces las redes sociales, los medios de comunicación, la comunidad internacional, Venezuela y la familia de López centraron su atención en el líder opositor y el centro de salud.

La propia Lilian Tintori, su esposa, llegó hasta el recinto y demandó entrar para verificar si López estaba allí. Decía que no había recibido información alguna. Un militar en el hospital dijo a los familiares y al abogado de López que el dirigente no se encontraba en las instalaciones. Entonces emprendieron ruta hacia la cárcel de Ramo Verde para exigir a José Rafael Boston Silva, capitán de Navío y director de ese reclusorio, que se les permitiera ver a López.

Tintoti comenzó a exigir a las autoridades una fe de vida de su esposo, en vista de que los guardias de la cárcel y luego Diosdado Cabello anunciaran que el político estaba a salvo. Periodistas como Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, también daban cuenta de fuentes que asrguraban la salvaguarda del fundador de Voluntad Popular. Finalmente, al filo de la medianoche, Cabello anunció que mostraría un video de Leopoldo López con vida.

El audiovisual lo muestra en una celda, diciendo la fecha, y afirmando que está en buenas condiciones, aunque sin entender por qué se le pedía una fe de vida. Así comenzó la segunda parte de este evento: la incredulidad ante el video. Por redes sociales se dijo que era un doble, que se había impuesto el rostro de López a un cuerpo ajeno, que se había manipulado el discurso, que el contraluz escondía la verdad.

20 de mayo de 2017 

En medio del caos que reinaba en Altamira durante un enfrentamiento entre manifestantes y miembros de la GNB y la PNB, un hombre fue quemado vivo. El gobierno acusó a un grupo de manifestantes, miembros de la “Resistencia”, de haberlo atacado por “ser chavista”. La víctima era Orlando José Figuera, quien fue trasladado al hospital Domingo Luciani, en El Llanito, donde llegó presentando quemaduras de primer y segundo grado en el 80% de su cuerpo, y heridas de arma blanca.

El discurso oficialista asegura que una turba de manifestantes enardecidos lo atacó al confundirlo con una persona afecta al gobierno y señalarlo como “infiltrado”. La propaganda oficial preparó videos sobre el caso. Los padres de Figuera fueron entrevistados por el propio Ministro de Información, Ernesto Villegas.

Días más tarde, el concejal de Chacao Diego Scharifker dijo a Globovisión que el joven no fue atacado por ser chavista sino porque estaba robando, y los manifestantes optaron por lincharlo. “Los ciudadanos se dan cuenta de que el Estado está deteriorado y por eso toman la justicia en sus manos”, indicó. Asimismo, el concejal alegó que ni los atacantes ni la victima eran parte de la protesta que se desarrollaba en el lugar. La madre de Figuera, Inés Esparragoza, rechazó la hipótesis de que su hijo hubiera estado robando.

El 4 de junio, Orlando Figuera murió en el hospital. Dos días más tarde, el Ministerio Público encabezado por Luisa Ortega Díaz volvió a rebatir la versión de Villegas y reveló que la víctima no fue atacada por ser chavista. De acuerdo a la Fiscalía, Figuera tuvo un altercado con un hombre que lo apuñaló e hizo creer a los demás manifestantes que estaba robando para que lo agredieran. Fueron parte de los adelantos de las investigaciones que encabezaba el fiscal 48° del Área Metropolitana de Caracas, Dixon Zerpa.

El 20 de junio, el canal VTV informó que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) había identificado a Enzo Franchini Oliveros, de 32 años, como el presunto autor material del ataque a Figuera luego de irrumpir en su residencia en Los Palos Grandes. Según el canal estatal, la hermana del señalado, a quien calificaron como “prófugo”, reconoció al indiciado entre los encapuchados captados en video. No se ha informado más sobre el paradero de Franchini. El Ministerio Público ni el Cicpc han mencionado su nombre.

Pero el caso de Orlando Figueras no fue el único. Según versiones gubernamentales, el 18 de mayo, apenas dos días antes, Carlos Eduardo Ramírez también fue quemado en Altamira luego de ser acusado de ser chavista, según insistió de nuevo Ernesto Villegas. Según esa versión, luego de ser apuntado con una pistola, fue rociado con gasolina. Al igual que Figuera, fue hospitalizado en el Domingo Luciani, según reveló el 22 de mayo el entonces ministro de Información, cuando se dio a conocer una entrevista hecha en VTV donde no se muestra su rostro. El 3 de junio, Villegas también lo entrevistó y ahora sí se veía el rostro de la persona, y sus heridas, en el video mostrado durante un programa Domingos con Maduro en el cual el presidente pidió proteger a la víctima.  

Desde entonces nada más se ha sabido de este caso ni de su protagonista. El 3 de julio, VTV emitió un reportaje sobre el caso Figuera pero no mencionó a Ramírez. El Ministerio Público no divulgó actuaciones al respecto ni se comprobó la tesis del ataque basado en tendencias partidistas.

Algo similar ocurrió el 18 de julio, cuando Hilario López fue también golpeado y quemado en Altamira. Sufrió quemaduras en la espalda y el torso durante un suceso que quedó captado por cámaras de seguridad del Metro de Caracas. Fue atendido por Salud Chacao y Protección Civil del municipio y luego trasladado al Domingo Luciani. Una primera versión extraoficial divulgada por Caraota Digital, según relato de un socorrista consultado, afirmó que el sujeto participaba de una discusión entre integrantes de la “Resistencia” sobre el cobro de peaje a los conductores. En una entrevista posterior hecha por Héctor Ydrogo, gerente de Seguridad del subterráneo, López dio su versión, teniendo un grueso vendaje en el rostro.

7 de junio de 2017

La imagen de Neomar Lander cayendo desplomado en la avenida Libertador recorrió en cuestión de segundos el mundo. El joven de 17 años, proveniente de Guarenas, había salido con su madre a manifestar en contra del gobierno de Nicolás Maduro sin imaginar que sería su última vez.

El cadáver aún no había enfriado cuando comenzaron las hipótesis. La primera fue que la muerte se produjo por impacto de una bomba lacrimógena. A las pocas horas hubo una versión gubernamental. El Ministerio de Interior y Justicia afirmó que el muchacho fue víctima de un mortero artesanal que él mismo portaba.

Varios videos registraron el momento en que Neomar Lander avanzó hasta la entrada de la trinchera de la avenida Libertador, desde la Francisco de Miranda vía oeste, y confrontó a la Policía Nacional Bolivariana. Entonces se escuchan dos detonaciones. Lander quedó tendido en el asfalto. Luego fue movido algunos metros antes de ser finalmente llevado a la Clínica El Ávila. Se divulgaron fotografías de la herida en su pecho.

El gobierno mantuvo la presunción de que un explosivo artesanal que el mismo Lander tenía le causó la muerte. En entonces defensor del pueblo Tarek William Saab indicó que los forenses encontraron fracturas en las costillas, explosión del pulmón izquierdo con derrame hemorrágico interno y quemadura del antebrazo izquierdo producto de la manipulación de un explosivo. En contraste, Runrun.es publicó un reportaje que consulta a un patólogo que participó de la autopsia, quien descarta la versión oficial. “Si hubiese sido un mortero el daño sería mucho mayor, hubiera comprometido o destrozado dedos, manos y hasta el cuello”, dice.

El informe periodístico da cuenta de las evidencias de que la muerte ocurrió por el impacto de un proyectil, incluyendo el testimonio de otros expertos que coinciden en que debió ser por un “objeto contundente” disparado por un tercero. El texto coincide con otro publicado en Caraota Digital donde Luis Godoy, exjefe de homicidios del Cicpc, sumó: “de haberle causado la muerte un mortero, un cohetón, un bin laden o hasta un fosforito habríamos observado en los videos una nube de humo blanco encima del muchacho y alrededor del cuerpo, lo cual no ocurrió”.

El Ministerio Público asignó al fiscal 98° del Área Metropolitana de Caracas para liderar las pesquisas del caso. El 8 de junio, una comisión realizó la planimetría en el lugar del suceso. Diez meses después, no se ha informado de algún avance en el caso.