Sucesos

Periodistas en Venezuela, en la mira de todos

Registrar y contar lo que pasa es peligroso cuando las fuerzas de seguridad, y hasta quienes protestan, ven a los reporteros como enemigos. Con la temperatura de la conflictividad de nuevo elevada, se repiten las agresiones. Un patrón que, en el caso de la represión desde el poder, incluye a grupos irregulares actuando en connivencia con cuerpos oficiales. Y no es algo nuevo. Ya lo vimos en 2017, y los números demuestran que el asunto viene de atrás

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PORTADA: AFP | FOTOS EN EL TEXTO: DANIEL HERNÁNDEZ, ARCHIVO AGENCIAS
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Hacer periodismo en Venezuela se ha convertido en una labor temeraria. Los reporteros dejan sus redacciones preparados para lo peor: máscaras de gases, chalecos antibalas, cascos y un carnet que, en la mayoría de los casos, no sirve de mucho. Una vez en la calle, son blancos de detenciones por parte de los cuerpos de seguridad y grupos paramilitares y, también, de hostigamiento y ataques por parte de ciudadanos que no se sienten representados con su línea editorial. Así, muchas veces, el periodista pasa forzosamente de difundir información a ser la noticia.

Gregory Jaimes no llegó a las calles por carambola; ser periodista siempre estuvo en sus planes. De pequeño se paraba frente al espejo e imitando a los presentadores de El observador, de la extinta Radio Caracas Televisión, se visualizaba frente a las cámaras.

agresiónprensa-cita4Cuando se apuntó para estudiar Comunicación Social en la Universidad Santa María, era imposible prever que la tarea reporteril que más tarde le tocaría asumir le daría tantos dolores cabeza a su madre, quien el pasado miércoles, 1 de mayo, tuvo que ver en video a su hijo ensangrentado tras ser herido durante una cobertura.

Ese día transcurría entre tensión y expectativas. La jornada anterior, el 30 de abril, Juan Guaidó -reconocido como presidente interino por 55 países- lideró un levantamiento militar y convocó a la población a las calles en lo que determinó “la última fase de la Operación Libertad”. Caracas y el resto del país se sumieron en enfrentamientos y represión, y en sus derivados directos: muertes, heridos y detenciones.

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24 horas después, la celebración del Día del Trabajador quedó relegada: la movilización tenía otros fines. La oposición seguía en las calles, amparada en la esperanza de lograr el “cese de la usurpación” del gobernante Nicolás Maduro; mientras que los chavistas fueron llamados a demostrar su lealtad a la revolución bolivariana.

Este contexto situó a Gregory en la avenida Luis Roche, en Altamira. Él y su camarógrafo, Jonathan Bello, fueron enviados a hacer una transmisión en vivo de los disturbios, que se habían extendido hasta las 4 pm. No alcanzaban los diez minutos de grabación, cuando llegó un contingente de la Policía Nacional y una lluvia de perdigones y bombas lacrimógenas replegaron a los manifestantes a la Plaza Francia. La avenida se vació en cuestión de segundos.

“Solo quedaron 10 personas, que pude contabilizar, que fueron arrestados, llevados en motos y, antes de eso, fueron tirados al piso y golpeados (…) Yo le dije a los fotógrafos para acercarnos y documentar lo que pasaba, y una vez que -los oficiales- se percataron de nuestra presencia, alzaron sus armas y nos apuntaron en señal de amenaza (…) Nosotros nos alejamos pero sin dejar de grabar. Los guardias estaban con actitud muy hostil porque permanecíamos en el sitio”.

agresiónprensa-cita3En un confuso audiovisual, grabado por Hugo Marín de Caraota Digital, se observa a Gregory girando, aparentemente con voluntad de retirarse, justo antes de que un proyectil estalle a sus pies. Tras la explosión, bruscos movimientos de cámara, gritos desesperados y pasos apurados. Entre tres, recogieron al reportero, cuya máscara antigás, aún puesta, era ahora una pecera roja. “Cuando caigo y me levantan, empieza a chorrear la sangre dentro de la máscara. Y ahí me pasó todo por la mente: ‘me dieron un tiro, me voy a desangrar y aquí morí’».

Al rememorar el momento el periodista de VPI debe hacer una pausa. Lágrimas interrumpen su relato. “Ya va…”, dice con la voz quebrada y un suspiro que busca alivio.  “Lo único que les decía a los fotógrafos, y que no me escuchaban por la máscara, era que me ayudaran. Me acordé de mi hermana que está en Santiago de Chile, de mis papás, hasta de mi perro…”. Fue llevado en moto hasta las inmediaciones de la plaza, donde había algunas unidades de primeros auxilios. “De inmediato me sacaron un perdigón, de esos negros de plástico”. El balín había perforado levemente el borde de la careta, según relata. El diagnóstico precisó una lesión maxilofacial del lado izquierdo y otra herida menor en el pulgar derecho. Prensafoto1 La versión inicial, alimentada por la escandalosa detonación, hablaba de un mortero –arma de fabricación casera habitualmente usada por los protestantes-, pero Gregory dice estar 100% seguro de que fue herido por un efectivo de seguridad; está convencido de que existe una política expresa para agredir a la prensa. “En ese momento ya no había manifestantes en la zona. Yo vi un video en el que se ve una explosión, pero yo vi exactamente cuando un guardia me apuntó a mí y a mis compañeros”, argumenta.

Paralelo a este incidente, el 1 de mayo quedó registrado como un día lamentable para el gremio y la libertad de expresión. Ningún carnet detuvo a los grupos de choque del Estado de mostrar su fuerza contra los periodistas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) precisó un saldo de 12 víctimas de distintos tipos de violencia, cinco de ellos, por perdigones.

No es la primera vez que Gregory se ve envuelto en un episodio de esta naturaleza. En 2017, cuando cubría el periodo más largo de protestas sostenidas contra el régimen socialista, fue impactado por una bomba lacrimógena en el tobillo izquierdo y, semanas después, el 5 de julio, fue acosado por colectivos –grupos armados afines al chavismo- dentro de las instalaciones del Palacio Legislativo. No obstante, el joven de 27 años asegura que volverá a las calles dentro de poco. “Vale la pena ejercer el periodismo -en Venezuela- porque lo que no vale la pena es quedarse callado».

A merced de los colectivos

Mismo día, misma historia, distintos año y victimarios. Guido Villamizar, productor de exteriores de VivoPlay, tampoco olvidará la noche del 1 de mayo de 2017.  Será una anécdota que le pedirán que cuente cien veces y que, aún entonces, lo hará reflexionar vez tras vez sobre todo lo que pudo haber salido mal la noche en que comprendió, por la fuerza, que en Venezuela el periodismo puede cobrarte la vida. No es que no lo supiera antes. No es un secreto para nadie que una cámara y un carnet de prensa te convierten en sujeto no deseado, pero, como con la inseguridad, la prudencia no llega hasta una vez que se vive en carne propia. Prensafoto2 Esa tarde, Maduro anunció la sorpresiva convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC); y, consecutivamente, vendría otra convocatoria de la Mesa de la Unidad a un cacerolazo en rechazo. Los medios de comunicación en Venezuela evitan a toda costa trabajar en la noche, pero, dado el escenario, Vivoplay decidió enviar un equipo a cubrir la reacción de la gente. Guido, productor, iba con el motorizado Deivis Valera; y Maryori González, periodista, con Marcos Vergara. Nunca llegarían a grabar nada. agresiónprensa-cita2Pocos minutos después de salir del canal, fueron interceptados en el barrio Chapellín (La Florida) por dos motos XLR. Los persecutores, paramilitares.  Los cuatro trabajadores fueron ultrajados y arrodillados, permanecieron así por lo menos una hora, según el cálculo de Guido, a merced de un grupo disonante: colectivos armados, miembros de la “comunidad cooperante” y un sujeto, presuntamente, miembro de la Dirección General de la Contrainteligencia Militar (Dgcim). Finalmente, los recogió una patrulla del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y los trasladó a Fuerte Tiuna. Durante todo el proceso, no les fue permitido comunicarse ni con el canal ni con sus abogados.

Tras una intensa campaña de denuncia en las redes sociales, a las once y media de la noche, sin mayores explicaciones, Guido y Maryori fueron liberados. Les devolvieron sus bienes y les hicieron firmar un acta de no maltrato para que quedara constancia de que no se les había hecho daño. Prensafoto3 De acuerdo con la abogada del caso, Estrella Santaella, en ningún informe consta que los dos periodistas fueron detenidos. En el acta policial que redactó el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), a donde fueron trasladados los motorizados, se establece que ellos fueron los únicos retenidos, junto a otros dos jóvenes “guarimberos”.  Los motorizados no serían liberados hasta un mes después.

Hostigados por los ciudadanos

El recelo hacia la prensa es una característica destacable de la Venezuela chavista. Desde 1998 los ciudadanos han sido testigos de la profundización gradual de la polarización política en el país y cómo esta ha desencadenado un ambiente hostil y de confrontación constante, que no excluye a los periodistas.

Aun cuando –de acuerdo con el más reciente informe del SNTP- el 80% de los  ataques al gremio tienen como responsable directo al Estado venezolano y sus cuerpos de seguridad, la hostilidad para con los periodistas es también fomentada desde la sociedad civil. De acuerdo con Marco Ruiz, secretario general de la organización, “quienes salen a manifestar responsabilizan al reportero por la percepción que ellos tienen sobre el medio para el cual trabaja”.

“Es cierto que hemos visto un silenciamiento importante en grandes medios de comunicación convencionales y que eso ha sido echado de menos por los ciudadanos. Pero esa actitud equivocada de responsabilizar al trabajador de las decisiones editoriales, han acarreado acoso y maltrato”, explica. Prensafoto4 Precisamente este acallamiento fue castigado duramente, el martes, cuando manifestantes opositores agredieron al camarógrafo de Venevisión José Rivas. “La gente en Plaza Altamira empezó a echarle agua, a empujarlo y golpearlo, solo porque representaba a esa planta televisiva”, cuenta Gregory Jaimes, fue testigo del altercado. “El periodista no está para tomar una posición política, sea roja, amarilla o blanca, estamos allí para llevar los dos lados de la moneda (…) Lo mínimo que exijo es respeto”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la  Corte Europea de Derechos Humanos y las Naciones Unidas coinciden en que: “la afectación contra un trabajador de la prensa trae como corolario una afectación colectiva, en tanto que su situación tiene la capacidad de tornar ilusorio el ejercicio del derecho a expresarse y a difundir información sobre asuntos de interés público para la colectividad, lo que constituiría una restricción gravísima del derecho a la información de la ciudadanía, por tener el potencial efecto silenciador respecto de todas las personas y particularmente los periodistas y comunicadores, incidiendo negativamente en la libertad de expresión de la sociedad en su conjunto”. agresiónprensa-cita1 Partiendo de esta base, Marco Ruiz explica la doble dimensión que tiene el derecho a la libertad de expresión cuando comprende a los trabajadores de prensa, puesto que –considera- el ejercicio fallido de su labor tiene incidencia directa en el funcionamiento de la sociedad.

Justo después del incidente con el equipo de Vivo Play en 2017, el SNTP solicitó ante el Ministerio Público medidas de protección para los periodistas. El 18 de mayo de ese año la petición fue presentada al Tribunal Supremo de Justicia. Días después, el órgano judicial anunció, en su cuenta Twitter, que fueron acordadas “medidas precautelativas innominadas para proteger libre ejercicio del periodismo”. “Esas leyes de protección establecen que los organismos del Estado no solo no pueden ser victimarios sino que, además, tienen que evitar que esas situaciones se presenten”, añade Ruiz.

Los números comprueban no solo que no se ha cumplido con esta legislación, sino que las agresiones a la prensa se han incrementado. De acuerdo con números del Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP), se han registrado al menos 2.020 ataques a la prensa entre enero de 2013 y diciembre de 2018. Comprenden como “ataques a la prensa” agresiones físicas, detenciones, desapariciones, robo de equipos, censura a medios de comunicación y violación de la intimidad.

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