Venezuela marcha a la cola en derechos LGBTI

Cincuenta años han pasado desde aquella noche en la que un grupo de mujeres lesbianas, hombres gays y mujeres trans decidieron protestar en una calle de Nueva York para manifestar en contra de los abusos policiales y la extorsión a la que eran sometidos. Ese 28 de junio de 1969, los llamados “disturbios de Stonewall” fueron el detonante de una serie de protestas por los maltratos y la discriminación que vivía continuamente la comunidad LGBTI, y desde entonces en miles de ciudades se replicó para convertirse en la Marcha del Orgullo Gay, una forma de visibilizar la lucha por conquistar derechos civiles que aún son deuda pendiente en una larga lista de países, entre ellos Venezuela, que cada vez se queda más atrás en relación a Latinoamérica, al contrario de lo que algunos voceros del Gobierno exclaman solo de la boca para afuera.

Lo ha analizado y lo señala Quiteria Franco, investigadora y activista en favor de los derechos LGBTI, coordinadora de la ONG Unión Afirmativa y parte del grupo asesor de ONU Mujeres en América Latina y el Caribe, quien dice que en la materia, el gobierno es muy homofóbico y, lejos de ser incluyente -como se vende-, es bastante excluyente y discriminatorio.

“Hay unas condiciones preexistentes de negación de derechos que solo se han agudizado con la emergencia humanitaria compleja. No hay una protección legal de nuestra familia, no existe una ley amplia e integral de protección social, los crímenes de odio también se han mudado con la migración forzada y ni hablar de las ‘políticas sociales’ que el Gobierno promueve como parte de sus avances”, explica Franco y lo ejemplifica con dos casos relacionados con las misiones implementadas por el chavismo.

Cuando comenzó el control biométrico para comprar alimentos y productos de higiene personal, los primeros discriminados fueron las personas trans que no podían comprar regularmente porque su identidad no correspondía con su imagen; a pesar que desde 2010 se está promoviendo una reforma del Código Civil que permita a las personas trans e intersex reconocer legalmente su identidad auto-percibida porque no pueden cambiar su nombre, sexo y género en su documentación oficial.

Luego, cuando comenzó la asignación de alimentos a través de las cajas CLAP, que requieren de un censo para el registro, se dejó por fuera a todas las parejas del mismo sexo porque alegaban que ellos no eran una familia, por lo tanto las personas que dependen de esta asignación no pueden recibirla si son parejas homosexuales. Franco respondió con una detallada carta a la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA, por sus siglas en inglés), para desmontar la idea publicitada por el Gobierno sobre estas “políticas sociales” que fueron mencionadas en el informe anual que presentó esta organización para 2018, en relación a Venezuela.

La investigadora apunta que a pesar de que América Latina se ha convertido en la región con mayor progreso en esta materia, según el reciente informe de ILGA, Venezuela se ha quedado estancada y muy atrás en el debate y legislación sobre estos temas. “El problema es que nos han regresado al nivel más básico de supervivencia, y por tanto, una población que históricamente es más vulnerable y vulnerada en sus derechos, por supuesto que la crisis le pega más fuerte aún porque se somete a un trato degradante y se acentúa la discriminación”, asegura.

Mientras Colombia, Argentina, Brasil y México han aprobado dentro de sus legislaciones el matrimonio homosexual, Ecuador y Chile avanzaron en el reconocimiento de la unión civil y Perú ya lo está discutiendo, en Venezuela ni siquiera hay un espacio de agenda legislativa que saque este debate del congelador. “Fueron 15 años de una Asamblea Nacional controlada por el partido de gobierno y la cantidad de iniciativas entregadas nunca prosperaron, lo que de nuevo desmonta el discurso de protección para las comunidades LGBTI”. El cambio de fuerza política en la AN en el año 2015 fue un pequeño paso de apertura pero no significó nada concreto en la práctica. “He hecho un trabajo de incidencia política y observo que hay un desconocimiento arraigado de los diputados sobre los diversos temas”.

Y los proyectos de ley o de reforma siguen engavetados. Desde 1999 hasta 2015, año tras año, la marcha del orgullo gay sirvió como marco de movilización para que diferentes organizaciones de tendencias incluso afines al chavismo acudieran ante la Asamblea Nacional para entregar solicitudes y proyectos de ley que permitieran legislar en favor de personas LGBTI. “Ninguna solicitud fue respondida”, y especifica que “cualquier iniciativa legal era cuidadosamente examinada para evitar la mención expresa de las personas LGBTI, como la ley contra la discriminación racial y la ley para la protección de las personas que viven con VIH y sus familiares”.

Ahora la lucha se dirige a las garantías más básicas: la escasez de alimentos y medicamentos, la falta de empleo, y las dificultades económicas han llevado a una gran cantidad de personas LGBTI que se han visto forzados a emigrar, con el riesgo agregado que implica ser un grupo vulnerable debido a sus características individuales.

“No es que haya menos crímenes de odio, es que se agravaron porque se han mudado también con la migración forzada”, explica la investigadora y docente universitaria quien señala que desde la vocería de gobierno “se ha utilizado la homosexualidad para atacar al oponente político de turno y a todo quien se le oponga, convirtiéndose en un discurso de odio que ha exacerbado el rechazo a las personas LGBTI en el país”, lo que ubicó a Venezuela en un ranking nada honroso: es el cuarto país con mayor número de crímenes de odio en América, según datos del Observatorio de Personas Trans Asesinadas.

Por eso Franco explica que la necesidad de formar y educar debe enfocarse desde la atención al acoso escolar “es un ciclo porque allí se inicia: el acoso obliga a las personas LGBTI a salir del sistema educativo, y si no se educan las condenas a la pobreza y por consiguiente son doblemente discriminadas. Existen datos calculados por el Banco Mundial, desde hace dos años, en el que analizan cómo la discriminación perjudica el Ingreso Per Cápita de un país. Hay que verlo de una manera estratégica porque trabajar la inclusión requiere convertirlo en una política”.