Caso de “Terroristas de Chacao” muestra sus costuras

Cuando eran las 3:14 pm del jueves 1° de junio, una presentadora del canal de noticias Globovisión hizo un avance para enlazar con una transmisión en vivo de Venezolana de Televisión. En ese momento el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, ofrecía una rueda de prensa que salía en directo por el canal 8. Flanqueado con una bandera de Venezuela a su mano derecha y a su derecha una con el logo del despacho que encabeza, y con una pared al fondo que promocionaba la misión A Toda Vida, el General hizo un balance sobre las situaciones violentas que aseguraba estaban ocurriendo en el país.
Luego de diez minutos, el ministro hizo una mínima pausa para informar que en horas de la madrugada de ese día funcionarios de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana practicaron dos operaciones en Chacao, “con el fin de desarticular algunas bandas terroristas, de células paramilitares (…) contratadas por la derecha terrorista”.

Habló de dos operaciones. Una, llevada a cabo “en el sector Bello Campo, en el barrio Santa Cruz”, y otra en el Barrio Bucaral. Aquí hay una primera confusión. En realidad, las incursiones fueron en tres sitios: la primera en Bello Campo, en una zona popular llamada informalmente por los policías como el barrio “Los Perros”. Allí supuestamente encontraron al cabecilla de unas “células paramilitares”. La segunda, realizada a esa misma hora, pasadas las 4:00 de la madrugada, en La Cruz; un barrio que queda a pocos metros del sector Bello Campo y que no tiene nada que ver con Santa Cruz del Este, en Baruta. Y la tercera en el barrio Bucaral, entre Altamira y La Castellana.

Tanto el ministro Reverol como el canal Telesur mostraron grabaciones de videos que posicionaron un claro mensaje: en sectores populares de Chacao se alienta el terrorismo. En contraste, los vecinos de las zonas mencionadas: Bello Campo, La Cruz y Bucaral, coinciden en denunciar procedimientos al margen de la ley. Aseguran que los policías se metieron en sus casas sin las respectivas órdenes de allanamiento, solo a través de la fuerza y el terror. Y lo más grave, sospechan que los anuncios oficiales son una burda mentira. Creen que se trata de un montaje con trasfondo político que persigue el desprestigio del municipio y de su alcalde, Ramón Muchacho, quien tiene una orden judicial de garantizar el orden en la jurisdicción so pena de castigos.
El discurso y los hechos
Un arco da entrada a un fresco callejón cubierto de matas y enredaderas, el bulevar La Luz del Mundo que sirve de acceso al sector Bello Campo. En el asentamiento ubicado en la avenida José Félix Sosa, surgido tras una invasión en el año 1956, habitan unas 84 familias en viviendas que crecieron verticalmente. Es un espacio ensanduchado entre las urbanizaciones Altamira y Bello Campo, a solo 100 pasos del conocido bar Greenwich. El lugar parece tranquilo.
“En el sector Bello Campo, en una vivienda sin número, se localizó gran material explosivo, así como también ropa militar y chalecos antibalas. Se detuvieron a dos personas: un paramilitar colombiano convicto y confeso, Elber Tarazona González, de 37 años de edad; y un joven de 18 años de edad de nombre Roiner José Peña Gómez”, informó Reverol durante la rueda de prensa. Afirmó, además, que supuestamente Tarazona tenía el encargo de organizar “células paramilitares” en los barrios aledaños, así como también crear una operación con personas uniformadas de la Guardia Nacional o la Policía Nacional Bolivariana, “para dar muerte a manifestantes vinculados a la oposición”.

Otra voz, esta vez anónima y del barrio en cuestión, comenta: “Un amigo que vive en la entrada escuchó el pasar de unas botas. Eran como 30 policías de la PNB. Estaba todo tomado. Otra muchacha vio cuando subían bolsas plásticas negras, además de personas con las caras tapadas. También oyó la voz de un joven que pedía que no lo mataran. Luego, cuando empezó a aclarar el día, volvieron a ver a los hombres pero bajando del barrio”.
Hablar con decenas de vecinos es encontrar coincidencias en la descripción de lo ocurrido: los funcionarios policiales llegaron alrededor de las 4:00 de la madrugada; vestían todos de negro, estaban encapuchados, únicamente se les veían los ojos, subieron hacia el barrio cargando bolsas plásticas y paquetes, llevaban a dos hombres con la cara tapada y tocaron con violencia las puertas de la mayoría de las casas de la zona. Después de “allanarlas” –sin mostrar orden judicial alguna-, revisaron los celulares, escudriñaron fotos y videos, apuntaron sin razón aparente a algunos vecinos y luego se marcharon.

El video que ese mismo día difundió Telesur enumeraba en 2 minutos y 47 segundos el “armamento de guerra” encontrado en una de las casas durante la incursión: “Una bazuca AT4, uniformes militares, gorras del Sebin, dos explosivos C4 con detonadores electrónicos en botellas de plástico y clavos para hacerlos parecer caseros”, más los dos sujetos presuntamente vinculados al grupo paramilitar Los Rastrojos.
En el sitio, la historia que se cuenta es otra. Para empezar, el video fue grabado con una cámara que panea, o hace un plano secuencia, por la vereda Sagrado Corazón de Jesús pero, en realidad, el cuarto donde supuestamente estaba la evidencia queda en el tercer piso de una vivienda en otra vereda, la San Miguel Arcángel. Una calle paralela. Se trata de una casa compartida donde en los dos primeros niveles vive una familia, y en los otros dos pisos residen jóvenes solteros o parejas, quienes pagan 20 mil bolívares al mes por rentar un cuarto de aproximadamente tres por cuatro metros.
“Cuando ellos llegaron ya sabían a dónde iban a sembrar el armamento y a los supuestos terroristas. El arsenal lo colocaron en la habitación de un uruguayo que lleva meses sin venir; y a los supuestos irregulares los metieron en un cuarto donde vive una pareja que, vaya coincidencia, esa noche no estuvo aquí. Yo me asomé y pregunté que quiénes eran. Me apuntaron y me dijeron que eran del Sebin, pero no se identificaron. Obviamente me metí en mi habitación”, relata uno de los chicos que vive en uno de los siete cuartos que hay en ese estrecho pasillo del tercer nivel de la casa de vecindad.

A otro joven de la habitación de enfrente, también resguardando su nombre por miedo, le robaron dos relojes, una laptop y 35 mil bolívares que tenía en efectivo. No fue el único. Una señora de la casa de al lado asegura que a ella quitaron dos jabones de baño y dos desodorantes durante el operativo. La dama, además, desconfía de la versión oficial: “Uno de ellos me apuntó y me dijo que no me moviera, pero yo estaba asustada porque ellos tienen la costumbre de sembrar cosas. Al principio decían que entraban al barrio para buscar guarimberos, ahora dicen que andan tras los paramilitares. Eso está todo compuesto. Hubo gente que vio cómo los arrodillaron en el callejón. Son personas de ellos mismos, que le deben a la ley”.
¿Y por qué la dueña de la casa no desmintió esta versión? ¿Acaso apaña  a estos presuntos grupos irregulares? La señora, de 77 años de edad, admite que la paraliza el miedo: “Aquí no hay ley. Se trata de un sálvese quien pueda, y como esto es un sector popular piensan que aquí hay guarimberos o paramilitares. ¿Cómo crees tú que yo me voy a poner a pelear con esta gente que tumbó la puerta de mi casa y nos apuntó con armas largas?”, responde.
Bucaral, segunda locación
Cuando se refirió a Bucaral, el ministro Reverol dijo que allí hubo tres detenidos, quienes habrían lanzado “en reiteradas oportunidades” explosivos de fabricación artesanal contra la Base Aérea La Carlota. Nombró a Ricardo Adib Yatim, de 37 años de edad, y a José Gabriel Adib Yatim y Oscar Gabriel Busek Acosta, ambos de 27 años. Nuevamente el video guarda cierto divorcio con la realidad que relatan los vecinos.
“Todas las evidencias que mostraron son falsas. Esos muchachos no fueron encontrados aquí y las personas que vinieron no son del sector. Esto es solo una revancha política contra el alcalde”, desliza Julio Blanco, un vocero del consejo comunal que lleva sus 42 años de vida en esta zona, fundada en el año 1948.

Bucaral está atravesado por una larga calle, como el tronco de un árbol, cuyas ramas son las veredas que crecen a los lados. En una de ellas, exactamente en el Callejón 2, fueron supuestamente encontrados los tres presuntos delincuentes. Una vecina, que incluso se identifica con el proyecto ideológico del gobierno pero reserva su identidad, duda de esta verdad oficial. “Ellos quieren tener una sustentación del allanamiento, pero la verdad es que hicieron muy mal su trabajo. Yo reconozco que esos muchachos no eran de aquí, porque cuando se llevan a alguien del barrio siempre sale un familiar detrás de la policía. Eso, esta vez, no pasó”.
Lenis Covea dice “me cagué cuando vi tantos policías del Sebin”. Pareciera que su temor tiene fundamento. Ella es la esposa de uno de los 14 policías de Chacao detenidos en el Helicoide hace 11 meses, aunque su marido cuente con una boleta de excarcelación emitida por un tribunal. A ella le tocó abrirles la puerta a los funcionarios que esa mañana del jueves 1° de junio preguntaron por Katerine Roxana Campos Covea, su sobrina. Una semana después de esa intempestiva incursión en el barrio, Katerine no muestra rasgos de terrorista. Es una joven de mediana estatura, rellenita, morena y con el cabello largo. Tiene una crineja cruzada y en la cocina de la casa de su mamá se dedica a hacerle un tetero a su pequeña hija. Recuerda que ese día fue la única joven que subió al jeep donde tenían a los otros tres chicos que según Reverol estarían “vinculados con la escalada de violencia en Caracas”.

“Yo les pregunté: ¿pueden hablar? Me dijeron que no. Tenían la cara cubierta pero cuando se medio subieron lo que los tapaba yo me dije: ‘Estos chamos no son de aquí’. Me imaginé que eran indigentes o del mismo gobierno. Estaban todos sucios y ninguno iba esposado. Tenían los bolsos tricolores. Esos que llevan las estrellas abajo y los ojitos de Chávez. Tampoco eran de Altamira. Jamás. Porque si fueran de la resistencia, yo los reconociera. En el año 2014 éramos muchos pero muy unidos. Solo les dije que no dijeran cosas que no fueran verdad”, recuerda Katerine, quien por pura suerte fue sacada del vehículo por otro militar, que le ordenó bajarse sin mayores explicaciones.
La operación concluyó de la manera más caribeña posible. La mamá de Katerine, Onahís Covea, narra que después de transmitir en vivo “la captura” de los tres supuestos delincuentes por la señal del canal del Estado, los funcionarios se quitaron los pasamontañas y se fueron a desayunar empanadas en el kiosco de la entrada del barrio.
Alexander, la “lacra de los toques”
El barrio La Cruz queda a media cuadra del sector Bello Campo, también en Chacao. Sus calles no aparecieron grabadas en ningún video oficial, pero sí fueron transmitidas por el canal de noticias NTN24 de Colombia. Allí hicieron el tercer allanamiento ese mismo jueves, y el periodista Alexander Escorche denunció por ese medio haber sido agredido.
“Estaba durmiendo cuando escuché una algarabía y unos golpes. Corrí hacia la puerta para ver qué sucedía. Me conseguí con unos hombres encapuchados, vestidos de negro. Eran como 20 tipos los que desde afuera me apuntaron con armas de fuego y linternas. Cada uno tenía sendas pistolas. Me gritaban: ‘¡Abre, maldito, porque si no te vamos a matar!’. En cuestión de segundos fui emboscado porque ya habían tocado en el piso de abajo. Violentaron una entrada interna a mi casa. Me pusieron un pie en mi espalda y en el cuello, así como pistolas en la cabeza. Uno de ellos me pasó por encima y terminó de derribar la reja de la casa de adentro hacia afuera. Tenía el cachete contra el suelo. Me vine a despertar con el frío del piso”, rememora a Clímax, todavía asustado.

Alexander sufrió un secuestro exprés en el año 2009, pero confiesa que lo vivido durante el “allanamiento” el 1° de junio fue peor que esa experiencia. Dice que por más de una hora le pegaron en la cabeza y le jalonearon el cabello, mientras le hacían una y otra vez las mismas preguntas: “¿Con esta bandera es que marchas?, ¿Tú eres la lacra de los toques?, ¿Dónde está tu moto?”. Él optó por rezar: “Llegó un momento en que clavé mi barbilla en el pecho, pero de puro miedo, de pánico. Oré, pedí a Dios que terminara lo que me estaba pasando. Al rato se fueron. Me robaron dos tablets, un Iphone, un S3 Samsung, un Ipod y unas monedas y billetes que tenía de recuerdo de mis viajes.
El director de Seguridad Integral de Chacao, Gustavo Duque, reconoce que es muy poco, sino nada, lo que pueden hacer desde la Alcaldía para evitar que se repitan estas incursiones sin órdenes de allanamiento legales. Son operaciones manejadas por la cartera de Interior y Justicia, y ni siquiera ellos son informados: “No tienen la obligación de notificarnos, ni de darnos los nombres de los detenidos”.

Pero hay un detalle que descorcha más dudas: los jóvenes nombrados por el ministro Néstor Reverol en su rueda de prensa, que supuestamente encontraron en el barrio Bucaral el jueves 1° de junio, en realidad fueron aprehendidos un día antes frente a la clínica La Floresta. Así lo registra el propio Duque: “Yo no estaba en el país cuando esto ocurrió, pero supe que hubo una confusión. Las personas que vieron el hecho pensaron que se trataba de un secuestro. Llamaron a la Policía de Chacao para que interviniera, pero una comisión de la PNB, que iba de civil, dijo que aquello formaba parte de un procedimiento que ellos llevaban. En vista del peligro que corría el funcionario, lo trasladaron a la sede de Polichacao para que continuara con la investigación, junto a la PNB”.
Falso positivo
La abogada Lilia Camejo, directora de la ONG Justicia Venezolana, insiste en que la operación fue llevada de manera irregular. Hoy los tres jóvenes están presos en la cárcel militar de Ramo Verde. “Los hermanos Ricardo y José Adib, y Oscar Busek fueron detenidos frente a la clínica La Floresta alrededor de las 6:30 de la tarde del día 31 de mayo. En el caso de Ricardo, los vecinos denunciaron que se estaba realizando un secuestro, porque obviamente no sabían que eran funcionarios de inteligencia de la PNB. En esta confusión intervienen funcionarios de Polichacao para mediar y el joven terminó en esas instalaciones de Chacao. Su hermano, José Adib, se va con sus propios medios a esa sede y quedó detenido. En el caso de Oscar Busek, quien no tiene nada que ver con los dos hermano ni con el procedimiento tampoco, denunció que un civil le pidió los papeles de su moto y quiso quitárselos. Él fue a las instalaciones de Polichacao para indicar esto. Entró, llamó en ese momento a su mamá, y quedó igualmente privado de libertad por funcionarios de la PNB, quienes los sacaron por la puerta de atrás”.

La jurista describe que los tres detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Nacional en Maripérez, “y después de darles vueltas por Caracas los llevaron al barrio El Bucaral, a las 4:00 de la mañana del día jueves, donde supuestamente la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar), el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y la PNB realizaron unos presuntos allanamientos”. Camejo devela además que “las actas que vi en los expedientes el día de la audiencia de presentación omiten todo este proceso de su real detención, que fue a las 6:30 de la tarde en los alrededores de la clínica La Floresta. Las actas arrancan a las 4:00 de la mañana en el barrio El Bucaral”.
El día domingo 4 de junio los jóvenes fueron imputados por los delitos de traición a la Patria, rebelión militar y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional, durante la audiencia de presentación realizada en el Tribunal 4° de control militar, con sede en Macuto, estado Vargas. Era el único que estaba de guardia.

Camejo reitera que todas las personas deben ser juzgadas por sus jueces naturales, según se establece en la Constitución nacional vigente En el caso de estos detenidos, que son civiles, debieron ser llevados a un tribunal penal ordinario, como lo contempla el artículo 261 de la Carta Magna. “Los delitos de rebelión militar y traición a la Patria están establecidos en el Código Penal Venezolano, y también en el código de justicia militar. En el caso de que un civil, por alguna circunstancia, haya participado en la perpetración de estos dos delitos, prevalece la jurisdicción penal ordinaria por su condición civil”, indica la abogada al añadir que en la actualidad hay más de 368 personas presentadas ante la jurisdicción militar en todo el país. Una arbitrariedad.]]>