Gasolina, devaluación y gasto

Esta medida incluyó una devaluación del menor tipo de cambio oficial, el anuncio de un tipo de cambio mayor flotante y la reiterada decisión de atacar al paralelo como respuesta a una acción de “guerra económica”.

En lugar de discutir sobre los nuevos números y su pertinencia, consideremos el carácter y el contexto de los anuncios.

Pocos días antes de conmemorarse 27 años del Caracazo, y luego de tres años en el cargo, el Presidente Maduro aceptó modificar dos de los precios a los cuales se presumen atados todos los demás. La decisión requería avanzar a contravía del discurso oficial, que por más de una década reforzó los controles de precios atribuyendo a la especulación las causas de la inflación y del empobrecimiento de unos en beneficio de otros.

Además, exponía al gobierno a las críticas de los opositores que pudieran rechazar sus medidas para hacerle “pagar el costo político” de tomarlas, pasando a su vez a negar la necesidad de hacerlo.

Efectivamente, incrementar el precio de la gasolina y devaluar en un momento de inflación acelerada, escasez severa y creciente malestar social luce inoportuno: debió hacerse mucho antes. Y hacerlo durante una cadena de cinco horas, dejando cabos sueltos, inapropiado: modificar dos precios no basta para contener problemas agravados por controles rígidos de precios. Medidas necesarias, hasta ahora, han sido mal tomadas.

No se conocen reglas ni plazos para la futura modificación de precios, que permitan evitar nuevos rezagos en su fijación.

No se conocen los impactos presupuestarios de estas medidas, ni sobre los gastos ni sobre los ingresos del gobierno. No se adoptan medidas anticipando medidas de protección para quienes podrían, ante ajustes de mayor magnitud, ser afectados en su ya disminuido poder adquisitivo. Por el contrario, el incremento de ambos precios se realiza en medio de un estado de excepción, que preserva la opacidad fiscal y la discrecionalidad del Ejecutivo.

Aun cuando el Presidente reconoció las pérdidas de PDVSA por mantener fijo el precio de los combustibles, sólo incrementó los de las gasolinas de 91 y 95 octanos y no dirigió los recursos por generarse a la empresa, sino a un fondo para Misiones y Grandes Misiones.

La medida impide avanzar en un mecanismo que mejore las cuentas de la empresa y, al permitirle pagar impuestos, haga más transparente la administración de los recursos públicos.

El sistema de transferencias directas por medio de tarjetas electrónicas, que parece conveniente en momentos de crisis como el que vivimos, no tiene garantizado su financiamiento dentro de un presupuesto público ni ha sido definido suficientemente en términos de su alcance, duración y monto.

Los recursos en bolívares que genera la devaluación al gobierno (y los gastos) no se incluyen en un presupuesto donde se reúnan todos los recursos públicos y pueda verificarse cómo la ejecución del gasto social puede hacerse con menores impactos inflacionarios, identificando otras partidas que puedan recortarse, posponerse o reordenarse.

A estas insuficiencias deben añadirse al menos dos. La devaluación, del monto que sea, no basta ni para incrementar de inmediato la oferta de dólares ni para frenar en seco el alza del dólar paralelo, medido indirectamente a partir de transacciones en casas de cambio de Cúcuta.

No serán posibles nuevas inversiones en divisas ni ayuda internacional sin un programa coherente, que vaya más allá de reconocer retrasos en ajustes de precios controlados sin identificar los mecanismos cada día más organizados de la economía subterránea.