Economía

Zanahorias, tomates y agricultores presos: crisis del campo desnuda al gobierno

La prisión temporal de agricultores que botaron cosechas imposible de vender por la falta de gasolina y transporte, deja otra vez en evidencia la profunda crisis del campo venezolano. El problema va mucho más allá de unos cuantos kilos de verduras desechadas.

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Agricultores y abastecimento de caracas mercados

La reciente detención de humildes agricultores de los aislados Andes venezolanos que desecharon varios kilos de sus cosechas porque no lograban venderlas, desató un verdadero escándalo en redes sociales y deja en evidencia el drama cotidiano del campo venezolano, donde la falta de combustible, de transporte, de crédito, el contrabando, la delincuencia entre otros males, llevan a la ruina a familias de agricultores sin que el régimen chavista de Nicolás Maduro ataque la raíz de este problema.

El fiscal general de la República designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, anunció la detención de un agricultor de Mérida, en el occidente de Venezuela, por botar cosechas de zanahoria.

Poco antes otro productor, pero de tomates, también fue encarcelado por haber dispuesto malamente de una carga sin compradores, en Carache, estado Trujillo.

Estos estados andinos, junto con Táchira, son la verdadera despensa de legumbres y algunas frutas que llegan a las mesas de las grandes ciudades, inclusive Caracas.

En su cuenta de la red social Twitter, Saab acusa al productor Ysnet Antonio Rodríguez Mambel, del municipio Pueblo Llano, de «boicot», y de violar la Ley de Precios Justos.

Rodríguez Mambel publicó un video en sus redes sociales, como lo han hecho otros productores en las últimas semanas, en la que se ve como botó sus cosechas a un río, por la escasez de gasolina.

Saab lo señaló porque «destruyó gran cantidad de alimentos (zanahorias) lanzándolos al río y violando la Ley de Precios Justos», este domingo 18 de junio.

Fiscalía nacional contra productores

Un día antes, el titular del Ministerio Público informó que designó a la Fiscalía 23 con competencia nacional en materia de delitos económicos para investigar y sancionar a productores agrícolas que desechen sus cosechas «bajo la excusa de que no pueden distribuirlas por la falta de gasolina».

En su cuenta Twitter, el fiscal dijo que este tipo de medidas «buscan crear zozobra en la población y atentar contra la seguridad agroalimentaria del pueblo».

El caso de Rodríguez Mambel, apresado de manera expedita desató una ola de críticas en medios digitales y redes sociales contra el gobierno, por parte de ciudadanos comunes, políticos y gremios que denuncian la crónica escasez de combustible que se agudizan en diferentes estados del país, especialmente en los de vocación agrícola.

Fedenaga, el gremio de los ganaderos, solicita al fiscal general liberar a productores presos y califica de «medidas desesperadas por la escasez de combustible» , la acción de los que botaron sus cosechas.

En una misiva dirigida al titular del Ministerio Público, firmada porArmando Chacín, presidente en funciones de esta organización, los ganaderos recogen su preocupación por la falta de gasolina en el campo venezolano lo que obliga a trabajadores de la tierra -según dijeron- a asumir estas «medidas desesperadas».

«Señor Fiscal, no hay nada más frustrante para quien trabaja venciendo obstáculos y dificultades: financiamiento, vialidad, guías de movilización, servicios, inseguridad, precios, matracas (extorsiones parte de agentes el Estado), etc; que entender que después de producir y cuidar sus productos, intentar sin éxito alguno poder colocar sus cosechas», reza el documento. 

Reconociendo que puede ser una imagen dantesca para un país con tantas penurias, desde Fedenaga insta a Saab a ponerse en el lugar de humildes labriegos cuyas cosechas no esperan a que se solvente el tema del combustible.

«Se siembra y cosecha trabajando con las condiciones climáticas y los factores de riesgo solo los asume el productor», explicaron.

En el mismo escrito, exhortan al Fiscal a que visite los sectores rurales del país y conozca la dinámica de las faenas de la tierra, y así pueda entender la frustración de hombres y mujeres que al final de las cosechas perdidas solo quedan con facturas por pagar.

Insistiendo en que los trabajadores del campo detenidos hasta el momento de la difusión de este material deben ser liberados, Fedenaga además exige que se les de prioridad en la resolución del tema del combustible para poder seguir garantizando los alimentos en la mesa de los venezolanos.

Por su parte, el productor Antonio Escalona, presidente de laUnión Agrícola y Ganadera de los Andes(Unagandes), entrevistado por Radio Fe y Alegría, afirmó que las detenciones de los productores Ysnet Antonio Rodríguez Mambel, del municipio Pueblo Llano del estado Mérida, y Jhonar Barazarte Trompetero, del municipio Carache de Trujillo, son una criminalización al sector agrícola.

Los detenidos son también víctimas de la escasez de combustible. Las refinerías de Petróleos de Venezuela (PDVSA) se encuentran paradas y no hay posibilidad de movilización, por lo que los productores se ven obligados a tirar al río o a la orilla de la carretera el producto de sus cosechas, dijo Escalona.

“Cuando se le recrimina al productor agrícola el por qué no regala su producción, tenemos que tener en cuenta que, así como no tenemos combustible para ir a los centros de distribución, tampoco tenemos combustible para ir a esas ciudades y regalar la producción”, detalló Escalona.

No se trata de 20 kilos de tomate, sino de entre cinco a seis mil kilos de productos perecederos “que en cuestión de horas entran en descomposición así que hay que salir de ella de alguna manera”.

Aunque no hay estadísticas exactas sobre la perdida de hortalizas, de no regularizarse la distribución del combustible, se pone en riesgo la producción de estos alimentos, tomando en cuenta que más del 90 % de hortalizas y más del 21 % de leche y sus derivados salen de los Andes, dijo Escalona a Radio Fe y Alegría.

“Entonces hablamos de grandes cantidades de alimentos que están dejando de ser suministrados a la mesa del venezolano, lo que sí es un atentada a la soberanía alimentaria”, señaló.

Pueblo Llano

Tal como recoge Wikipedia, Pueblo Llano es uno de los 23 municipios del estado Mérida. Tiene una superficie de 104 km² y según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas, su población en 2011 era de 12.564 habitantes. Su capital es la población de Pueblo Llano. El municipio sólo está conformado por una parroquia del mismo nombre.

Se encuentra ubicado al extremo nororiental del Estado Mérida a 90 kilómetros de la capital, en un amplio valle de la cordillera atravesado por el río Pueblo Llano, que es afluente del Río Santo Domingo.

La agricultura es la principal actividad económica del municipio como en la mayoría del estado Mérida: Se cultiva especialmente papa y zanahoria, además de ajo, repollo, maíz, lechuga, caraota, coliflor, calabacín, cilantro y remolacha, entre otras hortalizas. Entre el 85% y el 90% de su población se dedica a la agricultura. Cerca del 70% del consumo venezolano de papas proviene de la producción del Municipio Pueblo Llano.

Es uno de los municipios con menor pobreza del Estado Mérida; se calcula que menos del 2% de la población vive en niveles de pobreza, es el pueblo más estable económicamente del Estado, según Wikipedia.

Un problema serio

Ante la crítica situación que atraviesan los productores agrícolas de la zona andina por el contrabando de hortalizas desde Colombia, el alcalde del municipio Pueblo Llano de Mérida exigió que se proteja la producción nacional.

Rosalino Quintero, alcalde del municipio Pueblo Llano de Mérida, informó para Radio Fe y Alegría Noticias que el pasado 19 de agosto en una asamblea de productores que se llevó a cabo en esa jurisdicción y «allí nos declaramos en emergencia».

Esto debido a la grave situación por la que atraviesan los productores «no solo del páramo sino de toda Venezuela» ya que en los mercados a nivel nacional se posicionaron la papa y la zanahoria colombiana.

«Hay una competencia desleal con nosotros los productores», dijo Quintero.

Por ello, el alcalde indicó que en la asamblea acordaron que toda la cooperativa de productores de Mérida, Táchira, Trujillo, Carabobo y Lara «nos vamos a dirigir al presidente de la República, la vicepresidenta y Asamblea Nacional».

Esto debido a que el contrabando de varios rubros desde Colombia está afectando la economía de las familias de los productores, el mercado nacional e incluso ha dejado a varios agricultores en la quiebra.

Quintero señaló que en la asamblea se acordó que los estados más afectados van a tomar acciones «si no se nos resuelve esto pronto vamos a tomar las vías principales para darnos a respetar», precisó

Por su parte, Augusto Alarcón, presidente de la cooperativa de servicios agrícolas La Trinidad de Mérida, ratificó que es una competencia desleal, ya que los productores colombianos cuentan con el apoyo de su gobierno y en Venezuela no.

«Se nos hace muy difícil, la producción se nos hace cara y no podemos competir con ellos», dijo Alarcón.

El presidente de la cooperativa, en representación de 300 productores merideños, hizo un llamado a todas las autoridades para que «nos proteja la producción nacional» porque es el deber ser, puntualizó.

Según el alcalde Pueblo Llano tiene unos 4.000 productores. La tradición agrícola es tal que desde los 12 años los niños comienzan a trabajar la tierra.

Tanto la familia del detenido como el resto de los productores están preocupados porque no pueden sacar la cosecha de la zona y deben botar, dársela al ganado, o verterla en los caños ya que si se deja se pudre y contamina las áreas agrícolas. Ellos alegan que en esas medidas no hay mala fe, sino que no les queda otra opción al no poder sacar los productos.

A pesar de la invasión de productos colombianos que cuentan con semillas y subsidios del estado colombiano ellos sigue produciendo. Tampoco cuentan con la semilla ya que no se permite la importación de la semilla de papa que antes era suministrada por el Estado venezolano por lo que les es dificil competir con los productos colombianos que están invadiendo los mercados del país, reporta Radio Fe y Alegría.

Fedeagro

Los representantes de Fedeagro, el gremio nacional de los productores agrícolas, señalaron que la agricultura venezolana ha dado muestras inequívocas de su capacidad de reacción, aun en condiciones económicas restrictivas como las presentes en los últimos ocho años. Sostienen que el solo hecho de liberar los controles y las importaciones de insumos detuvo la caída de la producción entre 2008 y 2020.

“Por supuesto que la producción agrícola de los últimos dos años está muy lejos de equipararse a la obtenida tres décadas atrás, pero estamos seguros que los sistemas productivos, las mejoras incorporadas a la tierra que los agricultores venezolanos han desarrollado en toda nuestra geografía, su inquebrantable voluntad de trabajo y atendiendo algunos problemas que limitan el crecimiento, la repuesta sectorial sería aún más significativa”.

Estos son los nudos críticos en el sector expuestos en la Asamblea Anual de Fedeagro:

  • 1. Limitado acceso al financiamiento. La obligación de la banca de depositar en el BCV un alto porcentaje de sus depósitos (73%) y una desacertada administración de la cartera productiva, limitada a dos rubros agrícolas y a la aprobación de los beneficiarios del crédito por el MAT, con altas retenciones del monto asignado en crédito y cobro de intereses por varios conceptos, desdibujan el objetivo y la utilidad que la cartera agrícola desempeñó cuando estuvo en vigencia, aun con sus imperfecciones.
  • 2. Escasez de combustible. El diesel y la gasolina mueven el sector agrícola, es imposible preparar tierras, sembrar, abonar, controlar plagas y enfermedades, cosechar, mover insumos, movilizar el personal obrero y comercializar las cosechas sin combustible.
  • 3. Contrabando e importaciones sin pago de aranceles, IVA e impuestos aduanales que arriban al país en época de cosecha nacional, en volúmenes considerables, de dudosa calidad y en rubros con marcada contracción del consumo. El maíz, el arroz, la caña de azúcar, el café y las hortalizas son de los rubros más afectados.
  • 4. Hostigamiento del hampa organizada. Asalto a fincas, abigeato, secuestro, robo y cobro de vacunas (extorsiones) prevalecen a la orden del día. Ejes productivos de gran importancia regional son territorios de bandas del crimen organizado.
  • 5. La inflación en dólares, superior al 50% interanual, limita el crecimiento de la frontera agrícola. Cada vez es más reducida la capacidad de crecer, sin financiamiento y con el crecimiento de los costos de producción.
  • 6. La siembra a ciegas. No es posible iniciar un ciclo productivo sin previo acuerdo de la forma como se determinará el precio. A manera de ejemplo, en los cultivos de ciclo corto, pasan más de seis meses desde la compra y acopio de insumos a la entrega de la cosecha. Se requiere de un acuerdo que le permita al agricultor, asumir el riesgo de sembrar, cultivar y cosechar con una expectativa de ingresos que le genere un mínimo de utilidad, señalan los productores.
  • 7. El agotamiento de la vida útil del 90% del parque de la maquinaria, equipos e implementos agrícolas del país. Los dos últimos años ha sido posible detener la caída con importante crecimiento de la productividad (kilogramos por hectárea); pero para recuperar el ritmo de crecimiento e incrementar la frontera agrícola, tenemos que reparar y ampliar este parque.
  • 8. El retraso tecnológico. Nuestros centros de investigación y de transferencia de tecnología están en un abandono preocupante. Es lastimoso el estado de las plantas físicas de nuestras universidades y de las instituciones del Estado y de su equipamiento y cada año se hace más difícil recuperarlos.
  • 9. La desatención oficial y el deterioro institucional. Muy pocas iniciativas para el sector agrícola surgen y se desarrollan en los organismos del Estado para apuntalar el crecimiento y cada vez es más pesada la carga burocrática que soportan.
  • 10. La persistencia de atentados contra la propiedad. La apetencia por tomar los bienes privados aún persiste y grupos políticos respaldados por autoridades locales no cejan en su empeño de afectar la propiedad privada en ejes productivos de importancia regional. No hay peor desestimulo para crecer que las invasiones y la toma de fincas.

La prisión temporal de los agricultores desató también una ola de solidaridad por parte de personas comunes y sencillos productores, más allá de los gremios que agrupan a los empresarios del campo.

De este modo, el escándalo desatado por la difusión de los videos del desperdicio de tomate y zanahoria, terminó convirtiéndose en un búmeran contra el propio gobierno, pues queda en evidencia un drama diario de miles de familias del campo y un complejo problema económico a gran escala que no está siendo atacado por el régimen de Nicolás Maduro.

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