La ONU no puede entrar a las cárceles venezolanas (+ Audio)

En la última actualización oral del informe sobre Derechos Humanos en Venezuela que presentó la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, la expresidenta chilena reconoció “pasos para fortalecer el estado de derecho”, pero se mostró preocupada porque sus funcionarios no están teniendo acceso al Sebin, DGCIM y otras cárceles militares, precisamente las mismas de las que se han hecho reiteradas denuncias de tratos crueles.

Gabriela Buada, periodista, defensora de derechos humanos y directora del Caleidoscopio Humano en Caracas, explicó en el programa En Este País, que se transmite por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría, que este dato es gravísimo debido a que en estos recintos están en el centro de atención de las organizaciones defensoras de derechos humanos.

“En esta actualización oral se anunciaron elementos que no estaban en el informe publicado antes por los medios de la ONU. Sin duda alguna de los datos más graves que facilitó Bachelet fue comentar que no tiene acceso a las oficinas y cárceles militares de Venezuela en las que se conocen denuncias de torturas. Allí ha habido muertes a manos de custodios como el caso del capitán Acosta Arévalo, que lo menciona en el documento”.

Precisamente la Corte Penal Internacional lleva a cabo una investigación formal para determinar si ha habido casos de violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

“Estos sitios han sido denunciados por organizaciones de cometerse allí delitos de tortura, tratos crueles y degradantes, además de actuarse ferozmente contra la disidencia política. Por eso es grave que los funcionarios de la ONU no tengan acceso a ellas”.

Otro de los aspectos puntualizado por la Alta Comisionada fue el del nombramiento de los magistrados al Tribunal Supremo de Justicia. Precisamente el mismo ha sido criticado por organizaciones defensoras de derechos humanos por asegurar que el grueso de los mismos ya formaban parte del TSJ y han mostrado afinidad con el partido de gobierno.

“Esto no solamente no ayuda, sino que continúa con la política de partidización de las instituciones que imparten justicia. Es un mensaje a las víctimas de la imposibilidad de tener justicia, de que las denuncias sean tomadas en cuenta, que sean juzgadas y que tengan garantía de no repetición. Se repite la práctica que obliga a los jueces a ser afecto a un partido”.

Recomendaciones ignoradas

Bachelet volvió a hacer una serie de recomendaciones al Estado venezolano para cumplir con el respeto a los derechos humanos. En cada actualización incluye una serie de observaciones que, según organizaciones como Caleidoscopio Humano, han sido desoídas por el gobierno.

“No hemos visto que el Estado esté tomando apertura en cuanto a violaciones de derechos humanos. La actualización oral deja muchos vacíos en los casos que se siguen denunciando. Existe hostigamiento contra organizaciones y periodistas que denuncian, por lo que consideramos que no existen avances en cuanto a las recomendaciones que se han dado”.

Buada puntualizó también el caso de la restructuración de las policías. “El FAES no existe, pero lo que se le cambió fue el nombre y los colores, en la práctica esa restructuración no es cierta, eso nos lleva a entender que, o a la Alta Comisionada se le está mintiendo, o los funcionarios de su oficia que están en Venezuela no han logrado diferenciar lo que está ocurriendo”.