¿Por qué los detuvieron? ¿Tarek William Saab intercedió en el caso? ¿Qué pasó durante la audiencia? ¿Cuáles motivos dio la juez para excarcelar solo a 30? En esta nota un familiar cuenta lo que ocurrió
Se habló de una orgía, de un presunto consumo de drogas y venta de pornografía. De los 33 que estaban detenidos en la comisaría de Los Guayos, en Carabobo, 30 quedaron bajo régimen de presentación por seis meses. Los otros tres hombres, aún privados de libertad, son el dueño del spa y dos empleados que trabajaban en el área de masajes, quienes deben conseguir fiadores para salir bajo fianza.
Ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica son los delitos imputados a los 33 hombres, algo que según opinión de distintos abogados carece de sentido debido a lo que describe el Código Penal de Venezuela sobre los mismos.
Los especialistas aseguran que lo que ocurrió con estas 33 personas vulneró sus derechos humanos: no se les permitió tener contacto con sus seres queridos ni defensores. A pesar de estar en lugar privado y seguro, se les detuvo y criminalizó por ser homosexuales. Y a pesar de no haber pruebas, desde el inicio se les expuso al escarnio público en redes sociales.
¿Cómo escaló esta situación? ¿Por qué el procedimiento se dio de esa forma? ¿Qué pasó durante el proceso de detención? Un familiar, que pidió anonimato, dio su versión a El Estímulo.
Todo comenzó la tarde del domingo 23 de julio. El Avalon Man Club, como se llama el spa, inició sus actividades al mediodía y antes de las 4:00 pm, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos al cuadrante de paz de la zona, llegaron al local tras recibir una presunta denuncia anónima por «contaminación sónica».
«Lo primero que preguntaron era qué tipo de local era ese y el encargado respondió que era un spa de ambiente. «¿Cómo es eso un spa de ambiente?», le preguntó otra vez el PNB. Y el encargado le respondió: «Bueno, que son solamente homosexuales los que llegan al local». Ahí empieza todo. Pidieron papeles y registro del local. Al preguntarles qué había pasado, ellos dijeron que recibieron denuncias de vecinos por contaminación sónica», explica el familiar de uno de los detenidos.
El encargado señaló que adentro no había música, pero el funcionario insistió en que registraban denuncias desde hacía tres meses.
La fuente aclara que el spa no se encuentra ubicado en una zona residencial: «Ese local no tiene residencias alrededor, ni por un costado ni por el otro. A un lado tiene un local abandonado, y del otro son locales que trabajan en la mañana, y ellos trabajan después del mediodía».
A pesar de la explicación, el comandante de la PNB cuadrante de paz solicita que bajen todas las personas para una requisa. El familiar indica que había alrededor de 35 hombres, cinco que estaban en el área de sauna, dos en la zona de masajes y el resto en el patio trasero, que funciona como un espacio para fumadores.
«Los cinco que estaban en el sauna bajaron a los lockers y se vistieron. Los demás estaban todos vestidos. Y es obvio que fuera así, primero había full gente en el sauna y hay personas que van para allá solo para hablar o a los masajes. Evidentemente, pueden pasar muchas cosas, pero que la PNB haya encontrado a gente teniendo actividad sexual es mentira. No hubo ninguna fiesta porque ese no es un sitio para hacer fiestas», explica.
Ante la situación, los empleados decidieron llamar al dueño del spa, quien llegó con los documentos del registro y se reunió con el comandante de la PNB cuadrante de paz.
«El policía le pregunta que cuánta frecuencia de personas tiene ahí, que cuánto dinero hacen. Y él le dice que por qué pregunta eso y el PNB le responde: «Es que esto es una actividad ilegal, esto es un local donde hay hombres, en esto no hay pudor, esos hombres bajaron en toallas». El dueño explica que arriba hay un sauna y la gente no puede entrar con ropa. Y el PNB dice: «Eso debe ser porque están haciendo una orgía», cuenta la fuente.
Ante esto, comienza una discusión y el policía comunal pidió dinero: «Les dijo que todos los que estaban ahí debían pagar. Hablaron de que cada persona tenía que pagar 1.000 dólares para que los dejaran quietos».
Para denunciar la arbitrariedad, el dueño del local llamó a la Policía de Carabobo (Policarabobo) y unos funcionarios acudieron al spa e indicaron que el procedimiento no podían hacerlo de esa forma porque no existía una orden: «La orden que tenemos es por contaminación sónica, dijeron los PNB y Policarabobo no pudo hacer nada porque era la PNB cuadrante de paz».
El familiar detalla: «El comandante de la PNB cuadrante de paz llamó a un segundo del REDI de Maracay y les dio la orden de dejarlos quietos, que no había nada para hacer el procedimiento. Entonces, usó sus contactos y llamaron desde REDI 1 y dijeron que se los llevaran a todos presos y cuadraran con ellos en la policía. A las 4 de la tarde todos salieron, los detuvieron y cerraron el local».
Los 33 hombres detenidos fueron trasladados a la delegación de los Guayos, ubicada al lado de la sede de los Bomberos de Valencia. En ese momento, los funcionarios de la PNB recogen sus datos y les hacen fotografías sin cuidar su identidad: «El comandante dice que esa información se la pasó a fiscalía, pero ahí no había que pasar nada todavía porque apenas estaban en la detención».
«Esos datos fueron a parar a un periodista. Publicó las fotos y sus nombres, agregó que había una fiesta gay, una orgía, drogas, condones usados y una persona con VIH. A partir de ese momento la situación se hace viral», expresa el familiar.
Dos de las cosas que la PNB consideró pruebas de la «orgía» fueron el gran número de condones que había en el spa y que algunas personas tenían contenido sexual en sus celulares.
Sin embargo, el familiar explica que el Avalon Man Club recibe donaciones de preservativos de parte de organizaciones que promueven el cuidado contra enfermedades de transmisión sexual por ser un local para hombres homosexuales y bisexuales.
Y sobre los videos dice: «Sí había clientes que tenían videos sexuales descargados de internet porque son teléfonos personales, en algunos quizás aparecían ellos mismos. Con eso, ellos comenzaron a alegar que estaban filmando dentro del local relaciones sexuales y eso lo estaban vendiendo por internet. Todo para sumarle más al expediente, pero eso fue rechazado en la audiencia».
La fuente cuenta que, si bien hubo un tratamiento mediático discriminatorio, la viralidad ayudó a que organizaciones LGBTIQ+ y defensores de derechos humanos apoyaran a los familiares de los detenidos.
Además asegura que la situación alarmó a funcionarios del Ministerio de Interior y Justicia y al fiscal chavista Tarek William Saab, quien presuntamente cuestionó la manera en que se hacía el procedimiento: «Saab preguntó que por qué eso se estaba haciendo así y la policía mandó el expediente directo a fiscalía para que fueran presentados ahí, ya que ellos querían salir de ese problema y quitarle el poder a la PNB sobre los hombres detenidos».
El familiar aclara que a los 33 hombres los mantuvieron arrestados en una habitación apartada y no en una celda común. Les daban alimentos y agua y les repetían: «Vean cómo los estamos tratando. No vaya a ser que ustedes salgan de aquí y nos traten mal a nosotros, denunciando. Nosotros (…) los tenemos aquí, apartados y custodiados».
Cuenta también que, entre el domingo y el lunes, se acercaron a funcionarios en las calles para preguntarles qué pasaba adentro: «Nos dijeron que ellos estaban metidos en problemas, que eso era vergonzoso para ellos, que ellos no estaban a favor de eso, que había sido el comando de cuadrantes de paz que estaba inventando cosas».
La fuente señala que la aparición del fiscal general tuvo influencias, pues antes de la audiencia que se tenía planificada para el martes 25 de julio, los detenidos fueron trasladados al CICPC del estado Carabobo y ahí les indicaron que no iban a reseñarlos: «Por órdenes directas de Tarek William Saab a ninguno se les iba a tomar fotografías ni huellas. No querían tenerlos reseñados en ningún expediente nacional».
La decisión generó suspicacia en los abogados: «Eso daba a entender que el Gobierno estaba intentando la forma de poder sacarlos a ellos con libertad plena. Pero creó una disyuntiva: o era la cabeza de la PNB y ellos quedaban en libertad; o ellos quedan bajo presentación y salvan a la PNB. Pero no podían dejarlos bajo régimen de presentación porque no había delito».
La audiencia de los 33 detenidos empezaría a la 1:00 pm del 25 de julio en el Palacio de Justicia del estado Carabobo. Sin embargo, la jueza, cuyo nombre es Marialba Villarreal, decidió iniciar sobre las 8:00 pm.
Según la fuente, durante la sesión, el fiscal del Ministerio Público aceptó que el CICPC no encontró drogas durante la inspección y que la mayoría de los clientes estaban vestidos: «Los abogados alegan además que ellos estaban en lugar privado, y que no hubo actividad sexual, y que si hubiera habido, tampoco habría delito».
Al escuchar los alegatos, sobre las 10:30 pm, la jueza suspende la sesión: «Dijo que seguiría a las 11 am del miércoles. Ahí empieza una discusión entre el MP y abogados exigiendo a la juez que no suspendiera, que ellos habían estado todo el día ahí, que eso era una audiencia especial, que estaban dispuestos a pasar la madrugada, pero que tenía que terminar el proceso. Pero se fue arbitrariamente y volvieron a la sede de la PNB».
Pautaron la nueva sesión para las 11:00 am del 26 de julio. A las 9:00 am, los 33 detenidos nuevamente fueron trasladados a la fiscalía. Pero otra vez se retrasó y comenzó a las 4:00 pm. Al entrar, la defensa encontró que «el fiscal del Ministerio Público que estaba el día anterior había sido removido. Trajeron un fiscal del MP nacional para llevar el caso».
Y pasó lo que los familiares consideraron obvio, la posición que había adoptado el Ministerio Público el día anterior se transformó: «El fiscal ahora dice que va a acusarlos de ultraje al pudor, de agavillamiento y contaminación sónica. Pero por contaminación sónica nadie va preso. Agavillamiento ellos lo consideran como asociación para delinquir y la asociación para delinquir surgió por el ultraje al pudor».
«Ellos alegaron que, como era un spa de ambiente, se supone que era un sitio para tener relaciones sexuales a la vista del público. Los abogados señalan que no hay pruebas, pero que de haberlas, ese lugar no es público, que no era un delito», expone el familiar.
A pesar de eso, Villarreal aceptó lo que dijo el nuevo fiscal y tomó una decisión: todos debían cumplir régimen de presentación y durante seis meses se recolectarán pruebas para luego hacer juicio. Es decir, no hubo libertad plena. Además saldrían 30 y tres hombres se quedarían «bajo fianza»: el dueño del local y dos empleados, ambos masajistas.
«Nos explicaron que los dos trabajadores se quedaban porque son masajistas, y como tocan hombres, entonces han de suponer que ellos tienen algún tipo de relación sexual con los clientes», dijo la fuente.
La persona que conversó con El Estímulo explicó que, por temor a represalias, ha sido complicado que el dueño del spa y los empleados consigan fiadores. Eso se traduce en que su tiempo en prisión puede extenderse, además ya no se encuentran en un área de «resguardo», sino en una celda con delincuentes comunes.
También indicó que durante el procedimiento fueron arrestados hombres cuyos familiares desconocían su orientación sexual y que algunos de ellos estaban casados. Una situación que expuso su privacidad e integridad.
La Policía Nacional Bolivariana, adscrita a los cuadrantes de paz, mantuvo que ellos recibieron una llamada anónima y no pueden determinar quién la hizo, pero que igualmente la procesaron.
Para el familiar que decidió contar los hechos, la situación es clara: «Al final el que gana es el gobierno porque queda bien. Por un lado, no los reseñó en el CICPC, pero quedan imputados porque hacen creer que ellos tuvieron una orgía sexual y fiesta. Por el otro lado le salvan la cabeza al policía de la PNB cuadrante de paz. Esas tres vertientes el gobierno las resuelve de una sola vez».
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