Sus familiares no tuvieron contacto con ellos. 30 fueron liberados bajo régimen de presentación y tres se mantienen bajo arresto. A pesar de todo, los abogados mantienen su posición: los delitos imputados no son lógicos. En esta nota especialistas en DD.HH explican por qué se trata de un caso de estigmatización y homofobia del Estado venezolano
Rostros expuestos. Cédulas de identidad publicadas junto con celulares y varios condones. Titulares revictimizantes e incriminatorios por parte de varios medios de comunicación. Burlas sobre la detención. Eso es lo que han vivido los 33 hombres detenidos arbitrariamente el pasado domingo 23 de julio en un sauna LGBTIQ+ de Valencia, estado Carabobo.
Familiares de los arrestados han contado lo que pasó a organizaciones defensoras de derechos humanos y la prensa: todos los que estaban presentes en el local eran mayores de edad. Estaban allí de forma consensuada y segura. Y una llamada anónima, en la que se reportó que personas mantenían sexo grupal en el espacio y algunos tenían VIH, lo cambió todo.
La Policía Nacional Bolivariana de Carabobo allanó el lugar sin una orden legal ni argumentos. Detuvo a los ciudadanos y los trasladó a la comisaría de Los Guayos. El proceso judicial ha sido irregular desde el inicio. De hecho activistas y abogados han dejado claro que fuera una orgía o no, esto no implica que exista delito y que la situación busca criminalizar aún más a la comunidad LGBTIQ+. Razones legales hay y en esta nota de El Estímulo se detallan.
El Observatorio Venezolano de Violencias LGBITQ+ (OVVLGITQ+), que monitorea la situación de forma directa, ha expresado que el caso de los 33 hombres detenidos por presuntamente participar en una orgía muestra cómo actúa la homofobia en las instituciones del Estado venezolano.
«Cualquier persona mayor de edad y con consentimiento libre, informado y que desea tener sexo grupal o individual no está incurriendo en un delito. No se trataba de un espacio público, entonces no atenta contra ningún tipo de artículo en el ordenamiento jurídico nacional. Esto es solo violencia institucional y se muestra de varias maneras: porque no hubo orden de captura ni de allanamiento. Porque no hay motivos legales para mantener a las 33 personas detenidas; y además porque no se le da información a los familiares. Eso es discriminación», expresó Yendri Velásquez, coordinador del OVVLGBTIQ+.
Las palabras de Velásquez tienen respaldo legal. Yelitz Vívenes, abogada especialista en derecho penal, lo explica: «Esto es un tema de discriminación sexual en contra de estas personas. Las orgías en Venezuela no están tipificadas como delitos porque es un tema de libertad sexual. La única limitación es que el acto no intervenga o afecte a terceros. Entonces, en un sitio privado, donde estaban unas personas teniendo relaciones sexuales consensuadas, no tenía que irrumpir la autoridad ni llevarlos detenidos».
¿Había alguna posibilidad de que la policía actuara? Sí. Solo si los involucrados hubieran tenido sexo en lugares públicos. En ese caso se califica el hecho como una falta, pero como no fue así, existe «ausencia de piso jurídico» para juzgarlos y un agravante: fueron sometidos al escarnio público y la constitución venezolana establece que debe prevalecer el principio de inocencia hasta el último recurso.
Para este miércoles 26 de julio se tenía pautada la audiencia de los detenidos a las 11:00 am en el Palacio de Justicia del estado Carabobo, luego de haber sido diferida el martes cerca de la medianoche. Sin embargo, no fue sino hasta las 5:00 pm que los detenidos y sus familiares pudieron entrar al juzgado.
Daniel Picado, director de la organización País Plural, indicó que uno de los motivos que ofrecieron las autoridades es que hay «falta de sala con capacidad para la cantidad de personas involucradas en la acusación».
Además reafirma lo dicho Vívenes: «Los abogados están conscientes de que no hay delito y por ende debe haber libertad plena de todos los detenidos. Revisaron las actas policiales y las mismas establecen que no existen elementos probatorios que imputen un delito, por ende no se puede establecer ningún tipo de procedimiento judicial».
Picado ha expresado que los abogados están organizados para solicitar la libertad plena y desarrollar una estrategia de reparación a las víctimas y no repetición de los hechos. Sucesos como este no pueden repetirse en Venezuela porque son contrarios a la constitución y a los tratados internacionales en materia DD.HH que ha ratificado el Estado venezolano».
Sin embargo, a las 9:00 pm, País Plural y el OVVLGBTIQ+ informaron que durante el juicio la fiscalía solicitó imputarles los siguientes cargos a los 33 detenidos: ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica.
Al respecto, Daniel Picado alertó: «Esto puede ser el inicio de la criminalización hacia personas LGBTIQ+ en Venezuela».
El movimiento LGBTIQ+ de Carabobo compartió mediante un video de Instagram que finalmente la fiscalía decidió liberar bajo régimen de presentación a 30 de los 33 hombres detenidos. Los tres que se quedan bajo arresto son el dueño de la empresa y dos empleados.
Uno de los argumentos para mantenerlos privados de libertad es que el dueño del sauna debe demostrar ante el Ministerio Público que el local donde su empresa funcionaba es alquilado. Además ellos saldrían solo con una fianza y fiadores que presenten cinco requisitos: constancia de residencia, carta de buena conducta, RIF, cédula y constancia de trabajo de tres personas.
«Van a estar uno o dos días más detenidos», dijo un abogado involucrado ante los familiares.
Los familiares de los 33 hombres detenidos solo han podido verlos una vez: cuando avisaron que la audiencia había sido diferida el martes, durante cinco minutos, y sin criterios de confidencialidad. El encuentro fue a distancia.
Ninguno pudo recibir artículos de higiene personal o alimentos en ese momento. La situación es peor porque sus seres queridos denunciaron ante el OVVLGBTIQ+ que varios de los privados de libertad sufren de afecciones como diabetes, gastritis y asma y no han podido acceder a los tratamientos correspondientes.
Otro hecho importante que recogió la organización es que algunos funcionarios de la PNB de Carabobo intentaron extorsionar a familiares de los detenidos.
«Un grupo de familiares nos relato que funcionarios de la PNB solicitaron dinero a cambio de dejarlos en libertad. Nos han comentado que al parecer hay un grupo de personas que, al momento de la detención, pagaron una vacuna y fueron liberadas. Ese no es el caso de las otras 33 personas porque la mayoría ni siquiera tiene recursos para pagar cuotas que se les piden acá», señaló Yendri Velásquez.
Una fuente cercana a familiares confirmó a El Estímulo la situación: «Esto es algo inédito. Esto fue algo que se le escapó de las manos a la PNB. Esto era un procedimiento del que ni siquiera estaba al tanto la comandancia. Sí hay algo de tratar de sacar un negocio de esto. Hubo una gran extorsión a todos, incluso al dueño del local. Pero ellos no quisieron dejarse amedrentar a pesar de que los humillaron».
Daniel Picado, por su parte, resalta que no se trata solo de extorsión sino de violencia psicológica: «Más allá de haberles pedido dinero o amenazado, han estado sometidos a un terror psicológico por las condiciones tan precarias en las que están sus familiares. Son personas que tienen que viajar de otros estados, de regiones como Cojedes, y Aragua, y no han comido porque tienen dos días aquí presentes en el Palacio de Justicia y no les dan respuesta».
El OVVLGBTIQ+ publicó un comunicado este miércoles 26 de julio en el que exige «la liberación inmediata de estas personas y que se investigue el origen de la denuncia y se procese a quienes activaron el aparato del Estado por prejuicio y discriminación basada en orientación sexual».
Además agregó: «(…) exhortamos a la sociedad civil a alzar la voz y solidarizarse con los afectados ya que estas acciones pudieran dar pie a más hechos que vulneren los derechos humanos».
Al respecto, Velásquez resaltó la posición de los medios de comunicación: «No pueden seguir cubriendo la noticia de forma revictimizante y exponiendo a personas que han sido injustamente detenidas. Publicar su rostro e información privada, sobre todo un tema tan delicado como su posible estado serológico, eso es ir contra su dignidad».
«Las redes sociales están movidas con el caso porque todos saben que es una injusticia, y es importante que los medios señalen quién es el culpable, que es el Estado que está aplicando prácticas de homofobia de Estado en contra de las personas LGBTIQ+, lo cual puede traducirse en el inicio de la criminalización de la comunidad», dice Daniel Picado.
Jau Ramírez, director del Centro LGBTIQ+ de Mérida y el Movimiento SOMOS, tiene una opinión contundente: «Esto es escandaloso porque no solamente es un atentado o un paso abierto hacia la criminalización del colectivo LGBTIQ+, sino de todas las libertades sexuales, de las libertades individuales. La lectura que nosotros hacemos es que esto no solamente va contra la comunidad, que claramente es blanco de toda esta ola conservadora y ultrareligiosa que ya se ha institucionalizado en el Estado venezolano, sino que va contra otras grupos como las feministas, las mujeres que trabajan por derechos sexuales y reproductivos».
Además pone ejemplos: la detención de mujeres que defienden y promueven derechos sexuales y reproductivos; la detención de hombres transgénero; la discriminación en instituciones y espacios públicos.
Jeffrey Matterano, quien lleva el área jurídica del OVVLGBTIQ+, explicó que la organización introdujo la tarde de este 26 de julio un documento forma dirigido a la Defensoría del Pueblo con sede en Caracas para que se refuercen las acciones de defensa para los detenidos en Carabobo, una acción que consideran debe involucrar a la defensoría especial de diversidad sexual.
Nota hecha con la colaboración de Carolina Jaimes Branger.
El joven de 26 años de edad fue excarcelado bajo régimen de presentación cada 30 días y lo acusaron de ultraje al pudor, el mismo delito que se les imputó a 33 hombres en Carabobo en julio de 2023. Este es el segundo caso que involucra exclusivamente a personas de la comunidad LGBTIQ+
La primera edición del informe "Nuestra comunidad" da contexto de las realidades a las que se enfrenta la comunidad LGBTIQ+ de cinco estados de Venezuela y es un paso para buscar alianzas públicas y privadas que dignifiquen y garanticen los derechos humanos de esta población, especialmente de quienes viven en sectores aislados
Su identidad dejó de ser anónima el domingo 23 de julio, pero su testimonio apenas se conoce hoy. Guillermo Luis Cifuentes es el único dueño del spa Avalon Man Club y aquí cuenta su versión de cómo transcurrieron los hechos durante la detención de los 33 hombres en Valencia
