Índice anual de la respetada organización World Justice Project ratifica lo que el venezolano común vive cada día: por aquí no hay Estado de Derecho y el poder hace lo que le viene en gana.
Venezuela aparece en el lugar 142 entre 142 países evaluados en el Índice del Estado de Derecho 2023 de la organización internacional WJP (World Justice Project WJP). Se trata de una herramienta cuantitativa muy usada para orientar decisiones de inversión o políticas y tratamientos hacia naciones y gobiernos.
Detrás de Venezuela en los últimos lugares en el mundo corren Camboya (lugar 141), Afganistán (140) Haití (139), República Democrática de El Congo (138), Nicaragua (137), Egipto (136) Myanmar (135), Camerún (134), Mauritania (133) y Sudán (132).
Los mejores países del mundo en Estado de Derecho son Dinamarca (número 1), Noruega (2), Finlandia (3), Suecia (4), Alemania (5), Luxemburgo (6), Países Bajos (7), Nueva Zelanda (8), Estonia (9), Irlanda (10), Austria (11), Canadá (12), Australia (13), Japón (14), Reino Unido (15), Bélgica (16), Singapur (17), Lituania (18), Corea del Sur (19) y la República Checa (20).
El World Justice Project se define como una Organización No Gubernamental que «reúne a defensores de todo el mundo y de diversos intereses y disciplinas para promover el Estado de Derecho».
Se financia con donaciones de instituciones, universidades, empresas y personas de todo el mundo.
Entre sus empresas del sector privado donantes se cuentan:
Entre sus fundadores están: Sección de Medio Ambiente, Energía y Recursos de la American Bar Association; Universidad Carnegie Mellon, Fundación Chandler, Fundación Charles Stewart Mott, Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, Comisión Europea, Colegio de Abogados de Hong Kong, Fundación Mo Ibrahim, Ayuntamiento de La Haya, Fundación Familiar Neukom, Fundación Sociedad Abierta, Fundación Asia, Oficina de Asuntos Exteriores de la Commonwealth y de Desarrollo del Gobierno del Reino Unido, Fundación Sejong, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Departamento de Estado de los Estados Unidos y Fundación William y Flora Hewlett, entre otros.
La metodología del Índice y la definición exhaustiva de Estado de derecho del Índice son el resultado de intensas consultas con académicos, profesionales y líderes comunitarios de más de 100 países y jurisdicciones y en 17 disciplinas profesionales, señala el informe anual del World Justice Project.
«El Estado de Derecho está reconocido internacionalmente como un elemento fundamental para garantizar la paz,
World Justice Project
la justicia, los derechos humanos, la democracia efectiva y el desarrollo sostenible».
«En todo el mundo sin embargo, el Estado de derecho sigue debilitándose. Esta edición 2023 del World Justice Project (WJP) muestra que más de 6.000 millones de personas viven en países en los que el Estado de Derecho de derecho está en declive».
«En medio de un estancamiento institucional generalizado, la mayoría de los países siguen experimentando un retroceso del Estado de Derecho caracterizado por la extralimitación del poder ejecutivo, la merma de los derechos humanos y unos sistemas judiciales que no funcionan y que no responden a las necesidades de la población», agrega.
«Frente a estos retos, es necesario un entendimiento común del panorama al que nos enfrentamos y un análisis sistemático, sólido y eficaz de la situación».El Índice ofrece datos originales e independientes organizados en ocho factores que engloban el concepto de Estado de Derecho: Restricciones a los poderes del gobierno, Ausencia de corrupción, Gobierno abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento de la Normativa, Justicia Civil y Justicia penal.
Las puntuaciones de los factores del Índice reflejan las perspectivas y experiencias de más de 149.000 personas corrientes y 3.400 expertos jurídicos.
En 2023, el Estado de Derecho en general ha vuelto a disminuir en la mayoría de los países.
Las tendencias autoritarias que provocaron la recesión mundial del Estado de derecho en 2016 persisten en todas las regiones del mundo. Sin embargo, estos descensos son menos generalizados y extremos por segundo año consecutivo, explica el documento.
«Aún queda mucho trabajo por hacer para hacer avanzar el Estado de derecho en todo el mundo e impedir el ejercicio arbitrario del poder. El World Justice Project reafirma su compromiso de trabajar codo con codo con los gobiernos, los responsables políticos, el sector políticos, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, los donantes y el mundo académico para apoyar los esfuerzos de reforma encaminados a promover el Estado de Derecho», señala.
La metodología de este estudio se fundamenta en encuestas elaboradas por empresas empresas locales de sondeos en cada país, utilizando una muestra representativa de 1.0001 encuestados en cada país y jurisdicción.
También se utilizan cuestionarios para encuestados cualificados (QRQ), consistentes en preguntas cerradas cumplimentadas por profesionales del Derecho, expertos y académicos del país, con experiencia en derecho civil y mercantil; derecho derecho constitucional, libertades civiles y derecho penal; derecho laboral y salud pública.
«En conjunto, estas dos fuentes de datos proporcionan información actual, información actual y original que refleja las experiencias y percepciones del público en general y de los profesionales y expertos del derecho en 142 países y jurisdicciones de todo el mundo», explica World Justice Project.
El Índice del Estado de Derecho del WJP se define como el único instrumento mundial que analiza que analiza el Estado de Derecho de forma exhaustiva.
Se centra en las personas. Examina la adhesión de un país al Estado de Derecho desde la perspectiva de los ciudadanos de a pie y sus experiencias con el Estado de Derecho en sus respectivas sociedades. Examina situaciones prácticas y cotidianas, como el acceso a los a los servicios públicos y si una disputa entre vecinos puede resolverse de forma pacífica con un árbitro independiente.
«El Índice ha sido diseñado para ser aplicado en países y países y jurisdicciones con sistemas sociales, culturales, económicos y políticos muy diferentes. Ninguna sociedad ha alcanzado nunca una realización perfecta del Estado de derecho. Todos los países se enfrentan al reto permanente de construir y y renovar las estructuras, instituciones y normas que puedan apoyar y sostener una cultura del Estado de derecho.
Sobre el entorno empresarial y de negocios, los autores señalan que por ejemplo un inversor que quiere comprometer recursos en el extranjero probablemente se lo pensaría dos veces antes de invertir en un país donde la corrupción es rampante, los derechos de propiedad están mal definidos y los contratos son difíciles de hacer cumplir, donde hay inseguridad de los derechos de propiedad e ineficacia de los medios de resolución de litigios.
Respecto a obras públicas, como puentes, carreteras o pistas de aterrizaje que atravesamos a diario, o las oficinas y edificios en los que vivimos, trabajamos y nos divertimos, los autores se preguntan qué ocurriría si no se aplicaran los códigos de construcción y seguridad.
«¿Qué pasaría si los funcionarios y contratistas utilizaran materiales de baja calidad para embolsarse el excedente? La aplicación deficiente de la normativa y la corrupción disminuyen la disminuyen la seguridad de las infraestructuras físicas que son esenciales para una economía próspera».
En salud pública y medio ambiente, la falta de Estado de Derecho tiene implicaciones en la contaminación, la caza furtiva y la deforestación. ¿Qué pasaría si una empresa vertiera sustancias químicas nocivas en un río de una zona muy poblada y el inspector de medio ambiente ignorara estas acciones a cambio de un soborno?
«La observancia del Estado de Derecho es esencial para responsabilizar a los gobiernos, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades de la protección de la salud pública y el medio ambiente», observa el informe.
Frente al panorama previsto para este 10 de enero con la asunción del nuevo período del mandatario Nicolás Maduro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó el 9 de enero sobre la profundización del debilitamiento institucional en Venezuela.
El gobierno de Nicolás Maduro tomó por 90 días la empresa de embalaje irlandesa Smurfit Kappa luego de una inspección en la que acusó a esa productora de cartón de abuso de posesión de dominio.]]>
La expresidenta argentina y actual candidata a senadora Cristina Fernández (2007-2015) reconoció este jueves que en Venezuela "no hay estado de derecho" pero remarcó que en su país tampoco, al tiempo que criticó que se fije la atención en la nación caribeña y no en otros países donde cree "no hay democracia"."¿En Venezuela hay presos políticos? Sí. ¿Acá hay presos políticos? Yo creo que acá hay presos políticos y persecución política", subrayó la ex jefa de Estado en una entrevista con el portal Infobae.En opinión de Fernández, que mantuvo una estrecha relación con el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y el actual, Nicolás Maduro, la democracia "está en emergencia en toda América Latina", y reprochó especialmente que se elija cargar contra Venezuela y no contra otros países como México, donde hay "una violencia institucional, física, gente que desaparece" y "miles de muertos".Asimismo, de Brasil criticó el juicio de destitución contra la anterior jefa de Estado, Dilma Rousseff."La elección de Venezuela únicamente como un 'leading case' (caso de referencia) en donde no hay democracia y (decir que) en todo el resto de la región funciona la democracia es una falacia", consideró."En Venezuela, con todas las dificultades de un país dividido y partido en dos donde hay severos enfrentamientos... no contribuye para nada que azucemos de un lado o de otro", puntualizó.En su opinión, "posiblemente esté muy cuestionado el estado de derecho" en el país caribeño, "porque hay un estado de división y de fractura muy fuerte"."No estoy diciendo que todo es maravilloso. Pero, cuando calificamos y analizamos, tenemos que tener el mismo parámetro. No puede ser que lo que nos parece una persecución política allá, acá no nos parezca", dijo, al mostrarse convencida de que en Venezuela "no hay estado de derecho", pero en Argentina tampoco.Candidata al Senado para las elecciones legislativas del próximo 22 de octubre, añadió que en la actualidad, durante el mandato de su sucesor, el conservador Mauricio Macri, no hay una justicia "imparcial" ni "confiable" y recordó que Milagro Sala, diputada del Mercosur por el kirchnerista Frente para la Victoria y acusada de diversos delitos de corrupción, es una "presa política"."El presidente, a todo aquel que no piensa como él, sea un juez laboralista, abogado laboralista, sindicalista u opositor, los considera mafiosos", criticó.No obstante, se deslindó de una de las frases más pronunciadas por algunos de los seguidores del kirchnerismo: "Macri, basura, vos sos la dictadura"."No la comparto", afirmó la viuda del también exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007).]]>
