Ninguno quiere ni puede olvidar: la vida de los familiares de los detenidos después del 28 de julio

—Disculpe, ¿usted es familiar o prensa?

—Familiar. Mi esposo y mi hijo están detenidos. Estoy aquí para ver qué se puede hacer para ayudarlos.

Eso responde Ana* y luego hace silencio mientras abre su cuaderno para anotar las recomendaciones jurídicas que están a punto de dar varios abogados. Ella habla bajito. Desde el 29 de julio, cuando se llevaron a su hijo y a su esposo detenidos, no quiere dar entrevistas. En un auditorio repleto, se oculta como puede de los camarógrafos y de los fotógrafos. Solo quiere escuchar a los defensores de derechos humanos. Y si le toca hablar, evitar decir públicamente algo que empeore su situación.

En el salón hay más de 60 personas en su misma situación: buscando consejos, tratando de aprender qué hacer para que sus seres queridos sean liberados pronto.

Unos se saludan y asienten con los ojos aguados. Se conocieron a las puertas de una cárcel y se contaron sus historias incluso antes de decir sus nombres e intercambiar contactos. Para no perder detalles, varios graban con sus celulares lo que dice el panel de abogados.

Los comentarios van y vienen: “Nosotros no deberíamos estar aquí. Ellos ni siquiera estaban protestando”. “Es que solamente salió a tocar su cacerola y se la llevaron”. “Era un niño y lo metieron preso”. “Están hacinados y sin comida, sin agua”.

Aquí están algunos de los familiares de las más de 1.500 personas detenidas arbitrariamente durante las protestas que iniciaron el 29 de julio contra los resultados de las presidenciales anunciados por el Consejo Nacional Electoral, según el Foro Penal, la organización que junto a Civilis y Provea los reunió para darles orientación y acompañamiento jurídico.

Muchos vienen de barrios caraqueños, otros de las regiones del país, como Mileidy Ocariz, quien tuvo que viajar desde Anzoátegui cuando se enteró de que su hermano fue detenido arbitrariamente en su apartamento, ubicado en la parroquia Coche.

El hermano de Mileidy se llama Edward Ocariz y es un defensor de los derechos humanos y dirigente del partido Primero Justicia. La Policía Nacional Bolivariana (PNB) se lo llevó el 2 de agosto cerca de la una de la tarde mientras cocinaba el almuerzo.

“Mi hermano fue secuestrado de su apartamento y me ha volcado la vida por completo porque yo vengo del estado Anzoátegui. Soy su única hermana y estoy a cargo de él”

Mileidy Ocariz.

Mileidy tuvo que recorrer varios sitios de detención, incluso llegó a la sede del Sebin, para dar con el paradero de Edward. Lo consiguió el 9 de agosto en la cárcel de Tocuyito, a 179 kilómetros de Caracas, donde la responsable del penal le negó la solicitud de verlo para comprobar si estaba bien.

A pesar del cansancio y el temor, Mileidy no se retiró del penal. Se sentó y le dijo: “Quiero saber si me lo tienen con la población común de esta prisión. Fui muy tajante, así como les estoy hablando a ustedes, así le hablé. No como título, no como nada. Es mi familiar y sé quién es”.

“Ella me dijo que estaban bien, que tienen baño y agua, tienen luz y ducha. Están en un paraíso, feliz… Me le quedé mirando y le exigí: «Yo necesito que me indique cuáles son los pasos a seguir para la defensa privada de mi familiar. Yo no creo que en esos defensores»”.

La funcionaria le respondió: “Consíguete un abogado que tu creas y el escrito, los abogados saben cuál es. Me lo traes y yo se lo hago llegar a tu familiar. Si él firma, entonces puede comenzar el proceso con los abogados privados”.

Aunque el Foro Penal y Provea han denunciado que el Estado no está permitiendo que los detenidos tengan defensa privada, un derecho que está estipulado en el Código Penal del país, Mileidy inició las gestiones.

Antes de dar ese paso, tuvo que acudir a la Defensoría del Pueblo para mediar con el defensor público que le asignaron a Edward Ocariz. La recibió una abogada que le dijo que no tenía idea sobre el caso de su hermano: “Ellos están puestos allí como muñequitos de torta (…) están esperando que les digan ‘muévete’ para poder decir algo”.

A pesar de eso, Mileidy quiso dar su testimonio en voz alta para motivar a quienes viven lo mismo: “Tenemos que llenarnos de valor. Tenemos que salir adelante. No nos dejemos amedrentar. Busquemos ayuda penal».

«Y vamos a echarle ovarios porque todas esas personas son inocentes, ahí no tenemos asesinos, no tenemos violadores, no tenemos ladrones. Son inocentes. Todos. Eso es simplemente un empeño de ustedes saben quién y la situación país que vivimos. No se queden callados. Vayan y hagan”.

Mileidy dándole ánimos a otros familiares.

“¡Valiente! ¡Valiente! ¡Valiente!”, se comenzó a escuchar cuando Mileidy terminó de hablar. El vitoreo no vino solo de los familiares de los detenidos recientes, sino de los miembros del Comité de Presos Políticos que trabaja en la defensa de sus derechos desde hace años y brindan apoyo en estos momentos.

Menores de edad: detenidos e incomunicados

Hasta la mañana del 15 de agosto, antes de que los familiares de los presos políticos llegaran al encuentro con las ONG en la sede del Instituto de Previsión del Profesor de la Universidad Central de Venezuela, el Foro Penal contabilizaba 1.406 detenidos.

De esa cifra, 117 son adolescentes y varios incluso de entre 12 y 14 años, un rango de edad en el que no pueden ser imputados según la ley.

Luego del 29 de julio, cuando inició la represión y la persecución, los familiares de los detenidos y los abogados asesores han denunciado que muchos han sido presentados, incluso por vía telemática, ante tribunales de terrorismo.

Públicamente, el gobierno de Nicolás Maduro los acusa de fascistas por protestar o transitar por sitios donde otros ciudadanos se manifestaban pacíficamente.

La cantidad de prisioneros políticos no ha dejado de aumentar: hasta el 22 de agosto, el número se elevó a 1.567, de los cuales 107 son adolescentes y al menos 18 personas tienen alguna discapacidad física o trastorno cognitivo.

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 23/08/2024 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹:

Hemos registrado y calificado el mayor número de presos con fines políticos conocido en #Venezuela, al menos en el Siglo XXI. Seguimos recibiendo y registrando detenidos.

𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀… pic.twitter.com/lLe0234l14

— Foro Penal (@ForoPenal) August 23, 2024

Sus familiares cuentan que algunos todavía están en penales comunes y no han podido hablarles. Tampoco se les permite tener defensa privada y están sometidos a condiciones insalubres.

Leticia Torrealba lo vive: la noche del 29 de julio su hijo Adrián González, de 16 años, fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana en Caracas mientras caminaba con unos amigos cerca de su casa, en Plaza Venezuela.

Al adolescente lo trasladaron al centro de reclusión de la Zona 7 en Boleíta y durante ocho días lo mantuvieron con personas mayores de edad hasta que lo trasladaron a Cochecito, un retén de menores.

Hasta el jueves 15 de agosto, Leticia no había podido abrazarlo. Un día lo vio de lejos y le dijo: «Mamá quiero que me saques de aquí porque me siento mal. No tengo para respirar, duermo en malas condiciones, no hay ventilación». La noche anterior al encuentro con las ONG, la abogada pública que le asignaron a su hijo le dijo que el viernes 16 de agosto finalmente tendría la primera visita.

Adrián aún no se gradúa de bachiller y sus padres, Leticia y Carlos Eduardo, no han parado de buscar formas de que sea libre.

De camino al foro de asistencia jurídica, Leticia habló con otra madre cuyo hijo también está detenido en Cochecito: “Mira, tu hijo tuvo visita el día martes. Mi hijo está con el niño tuyo y preguntó por qué no habías ido. Yo le dije que no supe nada, que ellos me dijeron que no había información sobre mi caso. Me dijeron que me mandarían un chat y no lo recibí nunca. «Sí, ellos tenían visita, ¿por qué no fuiste? Él se sentía solo»”

Leticia no oculta sus emociones: “Yo me siento muy mal, yo quiero que pase esto y pensar que es un sueño que me está pasando. Yo no le deseo esto a nadie, que uno tenga un menor de edad en esta situación».

«A uno le cuesta mucho sonreír y ver a las demás personas bien. Fingir una cosa que no es cuando de verdad una se siente quebrantada… Mañana lo voy a ver, lo voy a abrazar, voy a ver cómo está y cómo se siente”.

Leticia Torrealba, mamá de Adrián González, adolescente detenido el 29 de julio.

El Foro Penal determinó que el 10% de los detenidos en el contexto electoral son adolescentes. Claramente, Adrián no es el único que fue arrestado arbitrariamente por funcionarios. En el estado Lara, un niño de 14 años llamado Mario fue privado de libertad cuando iba a comprarle medicinas a su abuela: pasó cerca de una manifestación y se lo llevaron.

Luis Betancourt, abogado coordinador del Foro Penal en Carabobo, indicó que este adolescente también se encuentra sin comunicación y sus familiares tuvieron que hacer un recorrido por varios centros de reclusión para ubicarlo: “Su mamá fue hasta el Palacio de Justicia, pero la respuesta es que quedó privado de libertad”.

El equipo del Foro Penal ha confirmado que a los familiares de los adolescentes detenidos tampoco se les permite ingresar a las audiencias, algo que vulnera las garantías establecidas en el Sistema Penal de Responsabilidad de los adolescentes.

Hambre, malos tratos y control

Desde hace tiempo, Provea ha registrado que los detenidos por represión política son sometidos a malos tratos y aislamiento en las cárceles a las que son trasladados. Aunque el patrón se mantiene en la mayoría de los casos actuales, Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de la ONG, considera que las múltiples denuncias de los últimos días han dado resultado: a los familiares les permitieron llevarles insumos y tener contacto con ellos antes de lo previsto.

Las visitas fueron posibles en las cárceles de Tocuyito, Yare y la Crisálida, donde están recluidas las mujeres.La experiencia les permitió a los familiares y defensores de derechos humanos reunir consejos para los siguientes encuentros.

Por ejemplo, en Yare la espera para entrar al penal puede superar las seis horas: la primera vez hicieron una cola de nueve horas bajo el sol.

Ese día solo permitieron la entrada de mujeres con vínculos familiares y con una vestimenta específica: franela blanca, blue jeans, sandalias bajas y sin accesorios. A estas mujeres las obligaron a desvestirse frente a tres funcionarias y les especificaron que no podían llevar ropa interior de color negra o azul. Tampoco maquillaje ni celular inteligente.

Además, antes de entrar tuvieron que confirmar el vínculo con documentos (cédula o acta de matrimonio). La comida que llevaron la revolvieron para verificar que no hubiera algo extraño y las bebidas de color oscuro, como la Coca-Cola, y los cítricos no los dejaron pasar.

Estando allí, les dijeron que la ropa que podían llevar para los detenidos eran camisa y pantalón de color azul claro o rey. Cholas y zapatos negros, sin trenzas. Les dijeron que la próxima vez podían dejarles un ventilador de plástico para apaciguar el calor.

Conversando con sus familiares, supieron que en una celda hay ocho personas: duermen dos en una cama pequeña individual de una litera. Los colchones están deteriorados y no tienen sábanas, eso también deben dejarlo.

Les contaron que solo reciben agua una vez al día y les hacen falta tobos para conservarla y así ducharse, ir al baño o beber.

Al salir del penal, les informaron que la próxima visita estaba planificada para el jueves 22 de agosto. Para no sentirse solos, se organizaron en un grupo de WhatsApp con el objetivo de llegar e irse juntos del penal.

Ellos saben que el tiempo corre y la mejor forma de hacer que sus familiares sientan compañía es mantenerse activos con sus casos. Buscar ayudas de defensores de derechos humanos y abogados. Hacer denuncias constantes para que nadie los olvide, incluso cuando tienen miedo de mostrar la realidad.

Los abogados del Foro Penal se lo repiten: “No es una carrera de velocidad, sino de resistencia”. También les garantizan que ellos van a estar presentes para aclarar sus dudas, y si los dejan, defender a sus familiares. Antes de que se vayan, a seguir buscando formas de verlos, Provea y el Foro Penal los invitan a reconfirmar su compromiso: «Vamos a levantar la mano derecha y jurar que van a seguir en movimiento para hacer realidad su libertad».

No hay dudas de que van a continuar luchando por la justicia: las manos arriba y los cuadernos llenos de apuntes jurídicos son una prueba.

Nota del editor: Ana es un nombre falso para cuidar la identidad de la persona que fue entrevistada.